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El vino gallego genera 313 millones de euros de valor añadido y más de 4.500 empleos directos

07/03/2026

La cadena vitivinícola gallega, que integra la viticultura y la elaboración de vino, genera una producción anual de 512 millones de euros, un Valor Añadido Bruto (VAB) de 313 millones y 4.563 empleos directos en Galicia. Así lo recoge el estudio ‘Vino, territorio y valor: el impacto económico de las DOP vitivinícolas de Galicia’, publicado por la Fundación Juana de Vega y elaborado por los investigadores Alfonso Ribas Álvarez, Edelmiro López Iglesias y José Manuel Andrade Calvo.

El informe ofrece una estimación actualizada y territorializada del impacto económico y social de la cadena vitivinícola gallega y de sus Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) en el periodo 2022–2024, a partir de datos procedentes de las Contas Económicas de Galicia, del Marco Input-Output y de otras operaciones estadísticas del Instituto Galego de Estatística (IGE), así como del Ministerio de Agricultura (MAPA), el Censo Agrario y la Red Contable Agraria Nacional (RECAN).

Según el estudio, el vino representa el 7,15% del VAB del complejo agroalimentario gallego y el 0,45% del VAB total de la economía de Galicia. Aunque su peso agregado es moderado, el sector destaca por su elevada capacidad de generación de valor, una fuerte especialización territorial y una creciente orientación hacia segmentos de mayor calidad y precio.

El análisis también confirma la transformación estructural experimentada por el sector en las últimas dos décadas. Las exportaciones prácticamente se han triplicado desde 2008 y la tasa de cobertura comercial —relación entre exportaciones e importaciones— pasó del 23 al 86% en 2021, reduciendo de forma significativa el déficit comercial del vino gallego. El dinamismo es especialmente notable en los mercados extracomunitarios, donde los vinos gallegos han reforzado su posicionamiento en gamas medias y altas.

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Las cinco Denominaciones de Origen Protegidas de Galicia —Rías Baixas, O Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrei— constituyen el núcleo económico del sector vitivinícola gallego. En la campaña 2022-2023 comercializaron 47,5 millones de litros por un valor de 337 millones de euros, lo que equivale al 7,8% del valor total de las DOP vitivinícolas españolas, pese a contar solo con el 1,6% de la superficie inscrita y el 4,6% del volumen producido en España.

Esta elevada ratio de valor confirma la posición de Galicia como una región especializada en vinos de calidad y alto precio medio. Entre las denominaciones, Rías Baixas concentra el 65% del valor económico del vino con denominación en Galicia, seguida por Valdeorras, O Ribeiro, Ribeira Sacra y Monterrei.

El impacto territorial de las denominaciones de origen es especialmente significativo en las comarcas vitivinícolas. El estudio estima que las DOP generan directamente 206 millones de euros de VAB, lo que supone el 1,9% del PIB de los municipios donde se sitúan. En determinadas zonas, el viñedo y las bodegas constituyen uno de los principales motores económicos: en Monterrei representa el 3,4% del PIB, en Valdeorras el 3,1% y en O Ribeiro el 2,8%. En Rías Baixas, pese a ser la denominación de mayor dimensión, su peso relativo en el PIB municipal se sitúa en el 1,76%, mientras que en Ribeira Sacra alcanza el 0,99%.

Las cinco denominaciones suman además alrededor de 4.270 empleos directos, equivalentes al 3,1% del empleo total en sus territorios, muy por encima del 0,39% que representa toda la cadena vitivinícola en el empleo gallego.

El informe identifica también diferencias estructurales entre denominaciones. Rías Baixas destaca por su elevada productividad industrial y su orientación exportadora, mientras que Monterrei y Valdeorras presentan mayores niveles de productividad laboral global. Por su parte, Ribeira Sacra y O Ribeiro afrontan mayores condicionantes derivados de la fragmentación parcelaria o de la viticultura en pendiente.

El estudio concluye que el vino gallego no es solo un producto agroalimentario, sino también un motor económico clave para el medio rural, con capacidad para generar valor, empleo y vertebración territorial. Los autores señalan que la consolidación de este modelo requiere políticas públicas diferenciadas que refuercen la competitividad, la innovación y la proyección internacional de las denominaciones más dinámicas, al tiempo que garanticen la viabilidad económica, social y ambiental de aquellas zonas en las que el viñedo cumple una función clave en la fijación de población.

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