España impulsa distintas iniciativas en sectores como el olivar, el viñedo o el cereal
COP30: Brasil propone crear una coalición para integrar los mercados de carbono
Brasil, país anfitrión de la Cumbre del Clima, ha propuesto la creación de una coalición para la integración de los mercados de carbono, con el fin de armonizar estándares, conectar los sistemas comerciales existentes y generar “liquidez, previsibilidad y transparencia”.
En el mundo existen unos 80 países o jurisdicciones con un sistema de fijación directa del precio del carbono; poco menos de 40 cuentan con un mercado regulado.
La Unión Europea (UE) estableció a finales de 2024 su primer marco voluntario de certificación para las absorciones permanentes de carbono y la reducción de emisiones del suelo (al que podrán acogerse los agricultores), como complemento al mercado de comercio de emisiones de CO2, donde las empresas que usan energía de forma intensiva deben comprar derechos de emisión.
Fuentes de la Organización Mundial de Agricultores (WFO, por sus siglas en inglés) destacaron a Efeagro que los mercados de carbono “pueden ser una herramienta valiosa para apoyar la acción climática solo si son transparentes, justos y centrados en el agricultor”.
Ante el panorama cambiante de esos mercados voluntarios, la WFO aboga por más “equilibrio y claridad”, y por alinearlos con los objetivos del Acuerdo de París.
Además, defiende la igualdad de acceso para todos los agricultores, con independencia del tamaño o la propiedad de sus tierras; una recompensa equitativa y menores riesgos para los productores.
Proyectos en marcha
En España se han puesto en marcha iniciativas para aprovechar el potencial del secuestro de carbono en la agricultura como una estrategia efectiva ante el cambio climático.
El Consejo Oleícola Internacional (COI) está desarrollando el Proyecto de Balance de Carbono para el olivar, cultivo capaz de absorber unas 4,5 toneladas de CO2 por hectárea al año.
El jefe de Tecnología del aceite de oliva y Medioambiente del COI, Juan Antonio Polo, detalló que, mediante una herramienta digital, están incorporando datos de más de 600 operadores (unos 200 en España), que suman unas 400.000 hectáreas en 29 países.
“La intención es salir con una propuesta científicamente robusta y metodológicamente validada. Luego se generará un esquema de certificación de créditos específico para el olivar, que será homologado dentro y -esperemos- fuera de la UE”, apuntó.
Según Polo, las distintas prácticas que mejoran el balance de carbono son buenas para el propio olivar, aparte de la financiación adicional que puedan lograr los olivareros por los créditos.
Otros cultivos
El Clúster Vitivinícola Catalán (Innovi) está trabajando en la iniciativa Mercavi, centrada en analizar estrategias de agricultura regenerativa que incrementen la captura de carbono, mejoren la salud del suelo y aumenten la resiliencia de los viñedos.
Uno de sus objetivos es determinar el potencial de esas estrategias para promocionar los mercados de carbono en el sector del vino catalán, estandarizando y dando robustez al cálculo de los créditos climáticos, según su responsable de Proyectos, Gerard Pujol.
“Los agricultores desean que se reconozca su papel en la fijación de carbono y hacer viables elementos (como las cubiertas vegetales) que quieren incorporar en el cultivo y tienen un coste. Además, lo que hacen genera un beneficio ecosistémico”, afirmó Pujol.
También está en fase avanzada de desarrollo el sistema de certificación de “cereal de bajas emisiones”, concretamente en pan, pasta y cerveza, dentro del proyecto LIFE Innocereal EU, que incluye un manual de buenas prácticas, pilotos en campo y trazabilidad en la cadena.
Su coordinador y profesor de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Córdoba, Emilio González, aseguró que fomentar la agricultura de conservación, optimizar los fertilizantes y aplicar la agricultura de precisión y la digitalización pueden contribuir a reducir la huella de carbono y aumentar su secuestro.
Los expertos están trabajando con la Comisión Europea para crear un marco que regule la agricultura de carbono en la UE, aunque falta avanzar en las metodologías y la acreditación externa del esquema, así como en su escalabilidad y trazabilidad digital.
