" La red debe ser inteligente y óptima, pero queda claro que hace falta una nueva red física para dar respuesta a la nueva demanda" de un incremento de la implantación de nuevas infraestructuras sobre el territorio, especialmente en ámbitos rurales por doble motivo: para la instalación de estos potentes puntos de recarga en las carreteras y de nuevo como hace 100 años, volver a reforzar o crear nuevas infraestructuras para llevar energía de las zonas rurales donde se implanta la generación renovable hacia a las ciudades. El diálogo que ha llenado muchas páginas y ha gastado mucha tinta durante estos últimos años alrededor de la palabra "Smart grid" y flexibilidad en la que la combinación de ambas suponía no tener que crecer tanto en infraestructura y optimizar la existente, no queda invalidado porque la red debe ser inteligente y óptima pero queda claro que hace falta una nueva red física para dar respuesta a la nueva demanda. De las legislaciones citadas, ninguna de ellas tiene como objetivo la simplificación administrativa y si alguna se ha creado como la Ley 1/2021, realmente no ha supuesto en la gran mayoría de casos que los trámites sean ágiles. Al margen de la presión que sufren los territorios rurales para la implantación de parques solares, en particular, quiero incidir en la presión adicional que el territorio rural está recibiendo en forma de "declaraciones de utilidad pública" para la "imposición" de la nueva infraestructura de red que se crea para evacuar la energía de los parques de generación. La concentración de población en las ciudades sigue aumentando y la despoblación en las zonas rurales también aumenta. Nadie aún en el mundo ha conseguido frenar esta dinámica pese a los muchos intentos y esfuerzos de todo tipo. No hemos sido hasta el momento, capaces de crear una dinámica disruptiva que rompa procedentes de parques de generación, ya son muchos los propietarios que no distinguen quién implanta la infraestructura, si una empresa privada de generación o una empresa de distribución de energía eléctrica, lógicamente, quieren vinculan su permiso a cierta proporcionalidad con el negocio de vender energía eléctrica. Quiero recordar en su lógica defensa la realidad económica de la agricultura que para poner un ejemplo que nos sirva a los que vivimos en ciudad, un campesino debe vender comomínimo 20 kg de fruta para comprar un botellín de agua en un bar de la ciudad. En resumen, las empresas de distribución de energía eléctrica preparamos planes de inversión como consecuencia de unas necesidades eléctricas para la mejora de la red existente pero el gran volumen viene derivado de la aplicación de las nuevas normativas vinculadas a la necesaria transformación energética y pasa por implantar infraestructura sobre el territorio. Si queremos ver estos planes que se cumplan en los plazos previstos, algo importante y diferente debemos realizar en dos sentidos: por un lado dar agilidad a las múltiples tramitaciones administrativas, pero además no debemos olvidar la realidad del territorio y su lógica demanda de compensación para el paso de estas infraestructuras, cuyos precios se encuentran ya fuera de los márgenes que las empresas reguladas tenemos reconocidos en los precios unitarios para la construcción de esta más que necesaria red de distribución de energía eléctrica. la espiral que alimenta el crecimiento de las ciudades. Sólo mirando disposiciones de ámbito eléctrico, no existe la igualdad de trato: en la ciudad las solicitudes de conexión eléctrica hasta 100 kW el sistema lo cubre con un baremo, es decir un precio fijo por kW, mientras que en zona rural la inversión íntegra va a cargo del solicitante. Esta normativa por si misma ya no ayuda a la repoblación de zonas y reconstrucción de casas aisladas. Las empresas de distribución de energía eléctrica de ámbito local que están asociadas en Aseme, perciben diariamente esta realidad desde los territorios rurales. Llevamos 100 años implantando líneas eléctricas para el servicio del propio territorio sin necesidad de “expropiaciones” llegando a acuerdos más o menos fáciles con propietarios y particulares. Sólo en un mínimo de casos se hace necesaria la expropiación o declaración de utilidad pública, pero actualmente, la nueva infraestructura a poner sobre el territorio ya no es siempre para dar servicio eléctrico a unas necesidades de vecinos o del municipio propio sino para beneficio de terceros ajenos a este entorno y esto complica el panorama. Cuando los precios de la electricidad son demasiado a menudo titular de primera noticia en losmedios de comunicación, cuando se pagan cantidades importantes por terrenos para implantar placas solares, cuando se pagan indemnizaciones cuantiosas para el paso de líneas eléctricas particulares TRIBUNA DE OPINIÓN 43
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