Tribuna 18 El sector de la construcción de obra pública llega al ecuador de 2023 con la misma sensación agridulce de hace un año, entre retos y oportunidades que siguen requiriendo del compromiso de todos, empresas, Administración y organizaciones empresariales. Pero con más urgencia, el calendario impuesto por Bruselas manda y los próximos años deberán estar marcados por un alto ritmo de la ejecución de los proyectos. Salvo una prórroga en los plazos, todos ellos deberán estar completados en 2026. Por eso es tanto más importante establecer un marco que facilite y agilice la ejecución de todos los proyectos en curso, así como los que aún quedan por adjudicar o, incluso, por licitar. Los sobrecostes en las obras actualmente en ejecución, sin un mecanismo de reequilibrio realmente efectivo, están suponiendo que las empresas los estén asumiendo unilateralmente, contra sus cuentas de resultados, lo que, sin duda, está dificultando enormemente la adecuada ejeCertidumbre y sostenibilidad para las infraestructuras Concha Santos, presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) cución de estas obras. Las medidas excepcionales diseñadas para compensar estos sobrecostes, sobrevenidos e imprevisibles en el momento de presentar las ofertas, se han mostrado limitadas y parciales. Su alcance -sólo para contratos de obras-, su aplicabilidad -con umbrales, topes y dejando fuera la revisión del coste de la energía-, las diferentes interpretaciones que se están haciendo de su complicada redacción e, incluso, la no aplicación por ciertos organismos y numerosos entes locales, dejan fuera a muchos contratos de obra y a todos los contratos de servicios y, a su vez, tampoco cubren la totalidad de los sobrecostes que están asumiendo las empresas. Y mientras se mantenga esta situación, continuará la incertidumbre en forma de licitaciones desiertas, disminución de la concurrencia y ralentización en el desarrollo de las obras, comprometiendo así la ejecución de los fondos Next Generation. Por eso sigue urgiendo retomar una revisión de precios estructural y automática, que adecúe a la realidad los costes de los contratos de obra y de servicios. De todos los costes. Porque no se puede seguir obviando el impacto que en los contratos tienen los costes salariales y su incremento continuado al calor de las sucesivas subidas del SMI, convenios y cotizaciones, y hasta por la falta de mano de obra, aspectos todos ellos fuera del control de las propias empresas. En definitiva, el sector requiere de estabilidad y certidumbre, y no puede continuar asumiendo unilateralmente un impacto que excede con mucho el riesgo razonablemente asumible en una licitación. Finalmente, además de resolver los problemas anteriores para evitar comprometer la ejecución de los fondos de recuperación, resulta imprescindible prepararnos para el medio plazo, una vez finalice este periodo de inversión subvencionada por Europa y de cara al cercano restablecimiento de las reglas fiscales europeas y el control sobre la deuda y el déficit. Estos dos acontecimientos no pueden volver a suponer un drástico recorte de la inversión, como sucedió tras la crisis de 2008. Recordemos sus consecuencias, un millonario déficit inversor en infraestructuras -y su man-
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