Pero todos los esfuerzos de nuestros pescadores por garantizar esta sostenibilidad integral de su actividad caerán en saco roto, si las instituciones encargadas de regular esta última siguen sin valorar el carácter esencial y estratégico del sector pesquero europeo y su peso en nuestra seguridad y soberanía alimentarias, mediante la preservación de su competitividad y rentabilidad. Para ello, urge revertir esa tendencia incoherente, y permítanme calificar de hipócrita, de la Unión Europea materializada en normativas restrictivas con una flota comunitaria cada vez más mermada, pero que prima la entrada de pescado de terceros países que no cumple en muchos casos los requisitos mínimos en materia medioambiental y laboral que sí exige a sus barcos. Para ilustrarlo bastan unas cifras. La UE ya gasta más de 30.000 millones de euros al año en pescado extranjero, según Eumofa. No obstante, más escandaloso aún es que un estudio del Consejo Consultivo de Mercados cifra en 4.175 millones los destinados a la adquisición de pescado procedente de países con un alto riesgo de trabajos forzosos, con China (1.521 millones), India (771) y Rusia (655) a la cabeza. Igualmente merece una mención el contingente arancelario autónomo para la importación de lomos de atún con arancel cero, procedente en una grandísima proporción de países como China e Indonesia con un historial bien documentado de prácticas de pesca ilegal y abusos laborales. De hecho, nuestro país importó 23.751 toneladas de lomos de atún exentas de arancel en 2023, de las que el 79% (18.695 toneladas) procede de China. En este sentido, las próximas elecciones europeas representan una oportunidad para afrontar el futuro de la pesca europea en un contexto de prioridad política y no como una cuestión menor. Para ello, necesitamos una Comisaría de Seguridad Alimentaria con competencias para diseñar una política alimentaria europea que aúne la gestión de las producciones agrícola y pesquera. Su objetivo: revertir nuestra creciente dependencia de productos alimentarios de terceros países debido a la creciente y escandalosa limitación que la UE se impone a sí misma en su capacidad para producirlos. Somos conscientes de que se trata de una empresa compleja, pero más urgente que nunca, dadas las crisis geopolíticas y sanitarias desatadas en los últimos años. En lo que depende de la flota atunera, pueden estar seguros de que continuaremos defendiendo la pesca socialmente responsable y medioambientalmente sostenible como fórmula para construir un sistema alimentario sano, ético y justo, atributos que, como señala FAO, definen la seguridad alimentaria. 93 ANUARIO MARÍTIMO ESPAÑOL ⎮ OPAGAC
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