tra el nuevo esquema de compra de derechos de emisiones de CO2 (ETS). No olvidemos que las actividades de transbordo suponen el 55% del total de las mercancías manipuladas en todo el sistema portuario español, por lo que esta pérdida de tráficos de los puertos tendría un gran impacto en sus economías locales y en el empleo. En la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo seguimos muy pendientes de la evolución de los tráficos para valorar el alcance y las consecuencias de esta nueva normativa y para ello estamos trabajando y haciendo frente común junto con la Federación Europea de Operadores Portuarios y Terminales Privadas, FEPORT, y la Asociación de Armadores italiana, Assarmatori. El temor a la pérdida de competitividad de nuestros puertos a causa del desvío de barcos a puertos no europeos (pero muy cercanos a recintos comunitarios) se ha visto agravado con la caída de los tráficos experimentada en la mayor parte de los puertos españoles en estos últimos meses y por las tensiones a nivel internacional. Para nosotros es clave que la Comisión Europea cree un marco político y jurídico que evite los riesgos sobre la competitividad de los puertos y el empleo y para ello habría que reabrir el debate con todos los agentes implicados, analizar en profundidad los efectos de la normativa y repensar el modelo. Y aunque es cierto que, durante la tramitación de la directiva, se introdujo el concepto de “puertos vecinos de transbordo”, para aquellos puertos extracomunitarios que a una distancia inferior a 300 millas de puertos comunitarios tengan más de un 65% de su tráfico como transbordo, esta medida nos parece insuficiente. No hay que perder de vista que el pago del gravamen es evitable modificando las rutas hacia puertos extracomunitarios, lo que sitúa a los puertos comunitarios en situación de clara desigualdad respecto a sus vecinos. La necesaria transformación energética va a seguir centrando el debate en un sector que trabaja por mejorar su competitividad y para ello desde ANESCO insistimos en la necesidad de incrementar la colaboración público-privada con una adecuada política de inversiones y tasas puesto que en algunos casos existe sobreinversión e inversiones no productivas que perjudican la autofinanciación del sistema y la cuantía de las tasas portuarias. En este sentido, seguimos reclamando una menor presión fiscal sobre las empresas estibadoras, especialmente una disminución de la tasa de ocupación, porque entendemos que no tiene sentido que exista un fondo de maniobra con beneficios cada ejercicio. Porque se supone que la autofinanciación del sistema, que creemos que es muy positiva, lleva a que la inversión y los gastos sean coherentes con las tasas. Por ello, para nosotros es esencial, en el año del ETS, bajar la presión fiscal. 43 ANUARIO MARÍTIMO ESPAÑOL ⎮ ANESCO
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