Pacto Verde Europeo: Bruselas propone transformar la economía y la sociedad de la UE para alcanzar los objetivos climáticos

La Comisión Europea adoptó el 14 de julio un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la Unión Europea en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% en 2030 en comparación a los niveles de 1990. En el sector del transporte, a partir de 2030 las emisiones de los vehículos nuevos tendrán que ser un 55% inferiores a las actuales. Y un 100% a partir de 2035, por lo que los motores de gasóleo, gasolina y gas (tanto el natural como el licuado de petróleo) dejarán ser incorporados en vehículos nuevos a partir de ese año.

Las propuestas presentadas por Bruselas, que “facilitarán la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década”, combinan la aplicación del comercio de derechos de emisión a nuevos sectores, así como el refuerzo del actual; un mayor uso de las energías renovables; un incremento de la energética; la aceleración del despliegue “de los modos de transporte de bajas emisiones y de la infraestructura y los combustibles para sostenerlos”; el ajuste de las políticas fiscales a los objetivos del Pacto Verde Europeo; la implementación de medidas para evitar la fuga de carbono, así como el establecimiento de instrumentos para preservar y potenciar los sumideros naturales de carbono, informaron fuentes de la Comisión Europea.

El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE) pone precio al carbono y reduce el límite máximo de emisiones de determinados sectores económicos cada año. Fuentes de la Comisión Europea recuerdan que en los dieciséis últimos años las emisiones de la generación eléctrica y de las industrias de gran consumo de energía en un 42,8 %.

Bruselas propone rebajar aún más el límite global de emisiones y acelerar esa reducción. La Comisión también propone eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para la aviación, ajustarse al Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (Corsia), cuyo ámbito de actuación es mundial, e incluir por primera vez las emisiones del transporte marítimo en el RCDE UE.

Para complementar el gasto sustancial en materia de clima en el presupuesto de la UE, los Estados miembros deben gastar la totalidad de sus ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión en proyectos relacionados con el clima y la energía. Una parte específica de los ingresos procedentes del nuevo sistema para el transporte por carretera y los edificios debe abordar el posible impacto social en los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte.

El Reglamento de reparto del esfuerzo asigna objetivos reforzados de reducción de emisiones a cada Estado miembro para los edificios, el transporte por carretera y marítimo nacional, la agricultura, los residuos y las pequeñas industrias. Estos objetivos, que tienen en cuenta las diferentes situaciones de partida y capacidades de cada Estado miembro, se basan en su PIB per cápita, con ajustes para tener en cuenta la relación coste-eficacia.

Los Estados miembros también tendrán que retirar carbono de la atmósfera, por lo que el Reglamento sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura establece un objetivo global de la UE para la absorción de carbono por los sumideros naturales, equivalente a 310 millones de toneladas de emisiones de CO₂ para 2030.

Los objetivos nacionales exigirán a los Estados miembros que cuiden y amplíen sus sumideros de carbono para alcanzar este objetivo. De aquí a 2035, la UE deberá alcanzar la neutralidad climática en los sectores del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, incluidas también las emisiones agrícolas distintas del CO₂, como las derivadas del uso de fertilizantes y la ganadería. La estrategia forestal de la UE tiene por objeto mejorar la calidad, la cantidad y la resiliencia de los bosques de la UE. Apoya a los silvicultores y a la bioeconomía forestal, al tiempo que mantiene la sostenibilidad de las cosechas y el uso de la biomasa, preserva la biodiversidad y establece un plan para plantar tres mil millones de árboles en toda Europa de aquí a 2030.

Para responder al hecho de que las emisiones del transporte por carretera y los edificios no disminuyen, se establece un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para la distribución de combustibles para el transporte por carretera y los edificios. Bruselas también propone aumentar el tamaño de los Fondos de Innovación y Modernización.

Por lo que respecta al transporte por carretera, la Comisión mantiene que para hacer frente al aumento de sus emisiones es necesario combinar medidas. Entre ellas, “fijar unas normas más estrictas en materia de emisiones de CO₂ para turismos y furgonetas”, que permitirán acelerar la transición hacia una movilidad sin emisiones, puesto que, tal y como se ha apuntado, a partir de 2030 las emisiones de los vehículos nuevos tendrán que ser un 55% inferiores a las actuales, porcentaje que cinco años después aumentará al 100%.

En 2035 la UE deberá haber alcanzado la neutralidad climática en los sectores del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, incluidas también las emisiones agrícolas distintas del CO₂, como las derivadas del uso de fertilizantes y la ganadería.

Por tanto, a partir de 2035 todos los vehículos nuevos matriculados emitirán cero emisiones durante su uso. Para velar por que los conductores puedan repostar o recargar sus vehículos en una red fiable en toda Europa, el Reglamento revisado sobre la infraestructura de los combustibles alternativos "exigirá a los Estados miembros que amplíen la capacidad de carga en consonancia con la venta de vehículos de cero emisiones y que instalen puntos de recarga y de repostaje a intervalos regulares en las principales autopistas: cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 kilómetros para el repostaje de hidrógeno".

Alcanzar estas reducciones de las emisiones en la próxima década, apuntan fuentes de la Comisión, “es crucial para que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 y hacer realidad el Pacto Verde Europeo”. Con las propuestas presentadas el 14 de julio, Bruselas presenta los instrumentos legislativos para cumplir los objetivos contemplados en la Ley Europea del Clima “y transformar nuestra economía y nuestra sociedad de cara a un futuro justo, ecológico y próspero”.

Puesto que los combustibles del transporte aéreo y marítimo “son muy contaminantes”, también se impondrán medidas específicas para complementar el comercio de derechos de emisión. En este sentido, el Reglamento relativo a la infraestructura de los combustibles alternativos dispone que las aeronaves y los buques tengan acceso a un suministro de electricidad limpia en los principales puertos y aeropuertos.

La iniciativa relativa a los combustibles de aviación sostenibles (ReFuelEU) obligará a los proveedores de combustible a incorporar niveles cada vez mayores de combustibles de aviación sostenibles en el carburante para aeronaves en los aeropuertos de la Unión Europea, incluidos los combustibles sintéticos con bajas emisiones de carbono, denominados “electrocombustibles”. Paralelamente, la iniciativa relativa a los combustibles del transporte marítimo (FuelEU) estimulará la adopción de combustibles marítimos sostenibles y tecnologías de cero emisiones mediante el establecimiento de un límite máximo para el contenido de gases de efecto invernadero (GEI) en la energía utilizada por los buques que hagan escala en puertos europeos.

El régimen fiscal para los productos energéticos “debe salvaguardar y mejorar el mercado único y apoyar la transición ecológica mediante el establecimiento de los incentivos adecuados. Una revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía propone armonizar la fiscalidad de los productos energéticos con las políticas energéticas y climáticas de la UE, promoviendo tecnologías limpias y eliminando las exenciones obsoletas y los tipos reducidos que actualmente fomentan el uso de combustibles fósiles. Las nuevas normas tienen por objeto reducir los efectos perjudiciales de la competencia en materia de impuestos sobre la energía, contribuyendo a que los Estados miembros obtengan ingresos procedentes de los impuestos ecológicos, que son menos perjudiciales para el crecimiento que los impuestos sobre el trabajo”.

Por último, un nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono pondrá precio al carbono en las importaciones de una selección concreta de productos para velar por que la ambiciosa acción por el clima en Europa no se traduzca en una “fuga de carbono”. De este modo, se velará por que las reducciones de emisiones europeas contribuyan a una disminución de las emisiones mundiales, en lugar de impulsar la producción intensiva de carbono fuera de Europa. “Con ello, también se animará a la industria de fuera de la UE y a nuestros socios internacionales a adoptar medidas en la misma dirección”.

Bruselas recuerda que la producción y el uso de la energía representan el 75% de las emisiones de la UE, “por lo que es crucial acelerar la transición hacia un sistema energético más ecológico”. La Directiva sobre fuentes de energía renovables fijará el objetivo de producir el 40% de la energía de la UE a partir de fuentes renovables en 2030. Todos los Estados miembros contribuirán a ello, y se proponen objetivos específicos para el uso de energías renovables en el transporte, la calefacción y refrigeración, los edificios y la industria. Para cumplir estos objetivos climáticos y medioambientales se reforzarán los criterios de sostenibilidad en el uso de la bioenergía, para lo cual los Estados miembros “deben formular cualquier sistema de apoyo a la bioenergía de manera que se respete el principio de uso en cascada de la biomasa leñosa”.

Para reducir el consumo global de energía, reducir las emisiones y luchar contra la pobreza energética, la Directiva relativa a la eficiencia energética establecerá un objetivo anual vinculante más ambicioso para disminuir el consumo de energía a escala de la UE. La Directiva establecerá la manera de fijar las contribuciones nacionales y casi duplicará la obligación de ahorro energético anual de los Estados miembros. El sector público tendrá que renovar el 3 % de sus edificios cada año para impulsar la ola de renovación, crear puestos de trabajo y reducir el consumo de energía y los costes para el contribuyente.

“Si bien los beneficios de las políticas climáticas de la UE superan claramente a medio y largo plazo los costes de esta transición, las políticas climáticas corren el riesgo de ejercer una presión adicional a corto plazo sobre los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte”. Ante este riesgo las políticas del conjunto de medidas presentadas “están formuladas de manera que queden repartidos equitativamente los costes de hacer frente al cambio climático y adaptarse a él”.

En este sentido, los instrumentos de tarificación del carbono generan ingresos que pueden reinvertirse para estimular la innovación, el crecimiento económico y las inversiones en tecnologías limpias. Para ello Bruselas propone propone un nuevo Fondo Social para el Clima que se financiará con cargo al presupuesto de la UE, utilizando un importe equivalente al 25% de los ingresos previstos del comercio de derechos de emisión para los combustibles de la construcción y el transporte por carretera. Aportará 72.200 millones de euros en concepto de financiación a los Estados miembros para el período 2025-2032, sobre la base de una modificación específica del marco financiero plurianual. Con una propuesta para aprovechar la financiación correspondiente de los Estados miembros, el Fondo movilizará 144.400 millones de euros para una transición socialmente justa.