Permisos y plazos para incorporar infraestructura de recarga en estaciones de servicio

El volumen de automóviles eléctricos en el país sigue creciendo, por ello, resulta urgente desplegar infraestructura de carga tanto en residencias particulares como en espacios públicos.

El parque total de vehículos eléctricos en circulación en España asciende a 746.510 unidades, según los datos consolidados del último informe de Anfac e Ideauto.

"La tramitación de permisos para instalar puntos de recarga en España ha evolucionado desde un proceso fragmentado y lento de hasta tres años hacia una simplificación legal progresiva, aunque persisten cuellos de botella técnicos y administrativos en la red".

Esta cifra se compone de la siguiente manera:

• Puros (100% eléctricos - BEV) y enchufables (PHEV): el volumen conjunto alcanza las 746.510 unidades totales acumuladas en el parque móvil a cierre del último ejercicio anual reportado.
• Vehículos puros de batería en circulación: de esa cifra general del parque, los vehículos 100% eléctricos superan ya las 330.000 unidades

Durante el primer semestre del año, las matriculaciones acumuladas de vehículos puramente eléctricos siguen acelerando el total, sumando 83.242 unidades adicionales comercializadas entre enero y julio de 2026.

El despliegue de la infraestructura de recarga dista de ser un proceso inmediato. Desde que una empresa inicia los trámites correspondientes para la instalación de un punto de recarga hasta que el usuario puede hacer uso de él suele pasar alrededor de un año, si bien muchos no llegan a estar operativos hasta dos o tres años después.

La problemática que da lugar a la dilatación de tiempos para poner en marcha la infraestructura de recarga eléctrica radica en la complejidad burocrática y la gestión por parte de las distribuidoras.

Examinaremos la situación actual del ‘permitting’ y su evolución, al ser uno de los dos principales factores que frenan la instalación de cargadores.

Son todas aquellas licencias, permisos y autorizaciones por parte de las administraciones públicas necesarias antes de poder ejecutar las obras correspondientes. Se trata del proceso legal y administrativo para obtener las autorizaciones, licencias y permisos obligatorios de las autoridades gubernamentales antes de iniciar un proyecto.

El marco normativo español es complejo, la falta de homogeneidad en los procesos entre las distintas administraciones dificulta el despliegue eléctrico. La heterogeneidad en los procesos y plazos es un factor clave en las demoras que existen para la puesta en marcha de los cargadores.

La tramitación de permisos para instalar puntos de recarga en España ha evolucionado desde un proceso fragmentado y lento de hasta tres años hacia una simplificación legal progresiva, aunque persisten cuellos de botella técnicos y administrativos en la red.

Cuando se decide la ubicación de un nuevo cargador, se debe analizar bien qué permisos serán necesarios para ello ya que este análisis puede evitar retrasos posteriores. Debemos estudiar y analizar las múltiples administraciones que pueden estar implicadas y a las que tendremos que dirigirnos: ayuntamientos, gobiernos autonómicos, demarcaciones de carreteras, patrimonio, conferencias hidrográficas, Adif….

Para un operador de estaciones de servicio, la estrategia más eficiente consiste en realizar desde el inicio una auditoría de ‘permitting’ específica para cada emplazamiento, determinar las autorizaciones y declaraciones aplicables, iniciar cuanto antes el análisis de capacidad con la distribuidora y coordinar en un único proyecto la ingeniería eléctrica, civil, urbanística, petrolífera y de seguridad.

El análisis debe comenzar por la definición sobre plano de la ubicación del cargador. A partir de esa implantación se identifican las posibles afecciones y la documentación que habrá que presentar ante cada organismo. Estudiar bien dónde vamos a poner la instalación ‘a priori’ e ir lanzando las solicitudes.

Para los propietarios que gestionan varias estaciones, la recomendación es anticipar la tramitación de los emplazamientos que requieren más autorizaciones. En cuanto se detecta la intervención de un organismo sectorial, conviene preparar la memoria y el resto del soporte técnico necesario para presentar la solicitud. La apertura del expediente, la asignación de un técnico y la revisión por orden de entrada hacen que iniciar pronto el procedimiento resulte especialmente relevante.

Una misma ubicación puede estar afectada por las competencias de varios organismos —como una confederación hidrográfica y Adif—. Identificar esta concurrencia desde el inicio permite planificar las solicitudes que necesita la actuación y tener en cuenta sus plazos antes de programar la ejecución de las obras.

Tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, los tiempos de ejecución se dilatan debido a la excesiva burocracia y a la diversidad de actores implicados. Cabe destacar que los criterios normativos y procedimentales están sujetos a la regulación específica de cada administración local y autonómica, cada municipio y comunidad autónoma tiene sus propios procedimientos y criterios.

Inicialmente, partiendo de ese marco normativo complejo que comentamos, obtener una licencia municipal podía demorarse hasta más de un año. Por ello, con el objetivo de dinamizar un mercado que sufría cuellos de botella administrativos y agilizar la transición energética, se aprobó el Real Decreto-ley 29/2021.

La aprobación del Real Decreto-ley 29/2021 marcaría un punto de inflexión en la simplificación de los trámites para desplegar infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en España.

El proceso de ‘permitting’ para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos ha evolucionado hacia una simplificación radical y la eliminación de licencias previas tras el Real Decreto-ley 29/2021.

"Para los propietarios que gestionan varias estaciones, la recomendación es anticipar la tramitación de los emplazamientos que requieren más autorizaciones".

• Sustitución de licencias por declaración responsable: el principal cambio es eliminar licencias o autorizaciones previas de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad para la puesta en marcha de los puntos de recarga.
• Inicio inmediato de actividad: la presentación de una declaración responsable ante la administración competente permite realizar la obra e iniciar el servicio de recarga desde el mismo día de su presentación.
• Control posterior: simplificar el procedimiento no equivale a eliminar la responsabilidad técnica. Las administraciones públicas conservan las facultades de comprobación, control e inspección, pero estas se realizan a posteriori y no frenan el inicio del proyecto.

Esta simplificación debe analizarse en función de las afecciones de cada emplazamiento. La agilización se aprecia especialmente en los proyectos urbanos que no requieren autorizaciones sectoriales adicionales. Cuando la instalación afecta a carreteras, cauces, infraestructuras ferroviarias o patrimonio, es necesario identificar y obtener las autorizaciones que correspondan. En estos supuestos, la declaración responsable no sustituye los permisos sectoriales exigibles.

Si bien es cierto que los tiempos se han acortado tras la publicación del Real Decreto-ley 29/2021, al suprimir los tiempos de espera de resoluciones en licencias municipales, la teoría legal ha avanzado mucho más rápido que la práctica real.

Entre los principales cuellos de botella que persisten se encuentran:

• Atasco de las distribuidoras: como indicábamos, otro factor que está retrasando la puesta en marcha de la infraestructura son las distribuidoras. Conseguir el punto de conexión a la red eléctrica por parte de las compañías distribuidoras sigue tardando meses, o incluso más de un año.
• Falta de potencia local: en muchas zonas (especialmente rurales o interurbanas), la red existente no tiene capacidad para soportar cargadores ultrarrápidos sin obras masivas de refuerzo.
• Heterogeneidad municipal: aunque la ley estatal exige declaración responsable, muchos ayuntamientos siguen pidiendo informes técnicos adicionales o tardan meses en tramitar las tasas de ocupación de vía pública.
• Otras administraciones: si el cargador se sitúa cerca de una autovía estatal o una zona protegida, entran en juego los ministerios de Transportes o Cultura, lo que reactiva la burocracia pesada.

La conexión a la red eléctrica sigue siendo uno de los principales obstáculos para la puesta en marcha de puntos de recarga, especialmente en instalaciones de carga rápida y ultrarápida.

Las diferencias en los tiempos de tramitación están relacionadas con los recursos que cada administración puede dedicar a revisar los expedientes y con la organización de sus procedimientos. La disponibilidad de personal técnico, la carga de trabajo y las necesidades que atiende cada organismo influyen en la agilidad de esa gestión.

Estos factores pueden demorar la revisión de la documentación y la resolución de las autorizaciones sectoriales, especialmente cuando una misma instalación requiere la intervención de varios organismos.

Como podemos observar siguen existiendo factores que retrasan la puesta en marcha, aún persisten obstáculos que frenan la activación de los cargadores.

Pese a los intentos de centralizar, homogeneizar y simplificar los trámites, la realidad en el marco normativo español es muy compleja al existir diferencias en recursos específicos de cada entidad local y autonómica.

El éxito de una instalación de recarga no depende únicamente de disponer del cargador adecuado. Es necesario conseguir que el terreno, la red eléctrica, la normativa, la estación existente y la administración estén preparados para que ese cargador pueda funcionar legalmente el día de su puesta en servicio.

Con una amplia experiencia en este ámbito, Burotec actúa en representación de los promotores y coordina la preparación técnica del proyecto con la gestión de sus permisos. El departamento de Proyectos se encarga de redactar la documentación técnica, mientras que el área de Licencias identifica y tramita las autorizaciones necesarias. Ambos equipos analizan conjuntamente las características del emplazamiento y los requisitos que debe cumplir la instalación.

Su intervención también comprende la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. Una vez ejecutada la instalación, la compañía gestiona la documentación de final de obra y los trámites de legalización ante Industria —un proceso que resulta más ágil en comparación con las fases previas.

La gestión con las distribuidoras cuenta, además, con un profesional del equipo dedicado específicamente a este ámbito. De este modo, se atienden tanto los procedimientos ante las administraciones como las gestiones necesarias para la conexión eléctrica, los dos procesos que condicionan en mayor medida la puesta en servicio del punto de recarga.

Burotec también participa en HILUX una unión temporal de empresas, que integra ingeniería y construcción y permite abordar proyectos de recarga bajo una modalidad llave en mano. Esta fórmula amplía el alcance del servicio a la ejecución de la instalación. Tenemos capacidad para estar presentes en todas las fases del proyecto desde el análisis inicial y la tramitación hasta la implantación de la infraestructura.

Los propietarios y gestores de estaciones de servicio interesados en conocer los servicios de Burotec para la planificación, tramitación y ejecución de proyectos de recarga eléctrica pueden contactar conmigo, Blanca Díaz o Lucas Gónzalez, responsable del departamento de proyectos de Burotec, a través del correo electrónico blanca.diaz@tuv.com lucas.gonzalez@tuv.com o del teléfono 913768950.