España encara la mayor modernización del saneamiento urbano en tres décadas con la Directiva TARU
España se enfrenta a la mayor transformación normativa en materia de saneamiento urbano en más de treinta años, con la entrada en vigor de la Directiva 2024/3019. La jornada ‘¿Cómo afectará la nueva Directiva TARU a los municipios?’, organizada por la Asociación Española del Agua Urbana (Daquas) junto a ASA-Andalucía, Emasesa y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), reunió en Sevilla a alcaldes, operadores y responsables técnicos para analizar cómo los municipios deben adaptarse a este nuevo marco europeo.
La adaptación exigirá inversiones superiores a 24.689 millones de euros en los próximos 20 años, una revisión profunda de la financiación y la gobernanza del ciclo urbano del agua, y la modernización integral de las redes y depuradoras, según destacaron los expertos presentes. La jornada abordó también la manera en que la Directiva impulsará la sostenibilidad, la resiliencia y la seguridad del saneamiento urbano, y cómo los municipios podrán cumplir con los plazos de implantación establecidos, señalan en una nota de prensa fuentes de Daquas.
El cumplimiento de la directiva exigirá inversiones superiores a 24.689 millones de euros en los próximos 20 años, así como la modernización integral de las redes y depuradoras, según destacaron los expertos presentes.
Perspectivas
El acto fue inaugurado por Jesús Maza, presidente de Daquas; José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP; Manuel Romero, consejero delegado de Emasesa; y Juan José Denis, director gerente de Emasa. Los cuatro coincidieron en subrayar la magnitud del reto que supone la Directiva 2024/3019. Maza advirtió que “los plazos son ambiciosos y las obligaciones, muy superiores a las actuales; no podemos permitirnos retrasos”. Bellido señaló que la aplicación de la normativa “exige un esfuerzo conjunto para garantizar que incluso los municipios más pequeños puedan cumplir con un marco europeo mucho más exigente”. Romero y Denis destacaron la necesidad de anticiparse en planificación, inversión y formación técnica para asegurar la correcta implementación del nuevo modelo de saneamiento.
Carmen Hernández, responsable de Asuntos Técnicos de Daquas, explicó que la Directiva amplía su ámbito a todas las aglomeraciones de más de 1.000 habitantes-equivalentes; establece la obligatoriedad de tratamientos secundarios en 2035, terciarios en 2039 y cuaternarios en 2045; y añade nuevas obligaciones como la neutralidad energética de las depuradoras y la vigilancia epidemiológica bajo el enfoque One Health. Hernández subrayó que “estamos ante un cambio estructural que obliga a revisar cómo se planifica, cómo se invierte y cómo se gestiona el saneamiento urbano”.
Inversión y planificación: un reto económico y financiero
Durante la jornada, Hernández detalló que la adaptación al nuevo marco normativo requerirá inversiones superiores a 24.689 millones de euros en los próximos 20 años. Esta cifra podría incrementarse al considerar los costes derivados del Real Decreto 3/2023 y la digitalización de redes y sistemas de control. La responsable de Daquas advirtió que “el verdadero reto no es solo tecnológico, sino financiero y de gobernanza”, destacando la necesidad de establecer mecanismos de financiación adecuados y una coordinación supramunicipal efectiva.
La primera mesa redonda se centró en gobernanza, pequeñas poblaciones y responsabilidad ampliada del productor (RAP), con participación de responsables de Emasesa, la Junta de Andalucía y operadores andaluces. Los participantes coincidieron en que los municipios pequeños enfrentan tres dificultades principales: redes envejecidas, escasez de recursos técnicos y financiación insuficiente para asumir las nuevas obligaciones. Se resaltó que la cooperación entre municipios y la aplicación efectiva del principio “quien contamina, paga” serán determinantes para garantizar que la transición no deje atrás a las zonas rurales.
Modernización técnica y digitalización del saneamiento
La segunda mesa abordó los esfuerzos técnicos necesarios para cumplir con la Directiva, con ponentes responsables de ingeniería, explotación e innovación de operadores andaluces. Entre los principales retos identificados figuraron la modernización del alcantarillado, la implantación de los Planes Integrales de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS) y el salto hacia tratamientos terciarios y cuaternarios, que exigen tecnología avanzada, talento especializado, formación continua y estabilidad regulatoria. La digitalización, incluyendo sensores, monitorización en tiempo real y sistemas inteligentes, se posicionó como eje central de la transformación.
Los expertos alertaron de que la Directiva obliga a acelerar la renovación de redes que en muchos territorios superan los 40 años. Asimismo, enfatizaron que sin una actualización estructural de las tarifas del agua será difícil garantizar la sostenibilidad del nuevo modelo y que la transición exige un enfoque integrado entre inversión, operación y regulación.
Compromiso institucional y próximo horizonte
El encuentro concluyó con un mensaje unánime: los municipios deben anticiparse, planificar, implicarse y cooperar para hacer frente a un marco europeo más exigente, orientado a garantizar un saneamiento urbano más seguro, moderno y resiliente. Daquas reafirmó su compromiso de acompañar a las entidades locales en esta transición, promoviendo el diálogo técnico y una gobernanza del agua que permita afrontar con éxito los retos ambientales y climáticos de las próximas décadas.
