Pro Food pide aplazar dos años la aplicación del PPWR hasta contar con un marco regulatorio completo
A pocas semanas de la entrada en aplicación del Reglamento europeo sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR), prevista para el próximo 12 de agosto, Pro Food, junto con Unionplast y sus empresas asociadas, se ha sumado a la campaña europea 'Stop the Clock', una iniciativa respaldada por más de 500 empresas y asociaciones que solicita a la Comisión Europea un aplazamiento de al menos 24 meses en la aplicación de la normativa.
Stop the clock.
Retrasar la aplicación para garantizar una transición eficaz
La organización subraya que su petición no cuestiona los objetivos medioambientales del PPWR. Al contrario, asegura compartir la necesidad de fomentar el reciclaje, incrementar el uso de materias primas recicladas y reducir el impacto ambiental de los envases a lo largo de todo su ciclo de vida.
Sin embargo, considera que una aplicación precipitada podría provocar el efecto contrario al deseado, generando costes innecesarios, inseguridad regulatoria y dificultades para alcanzar los objetivos de la transición ecológica.
Entre los aspectos aún pendientes figuran las metodologías de ensayo, los criterios para evaluar la reciclabilidad de los envases o el reparto de responsabilidades entre los distintos operadores de la cadena de valor, cuestiones que deberán definirse posteriormente mediante actos delegados, normas técnicas y aclaraciones interpretativas.
“Las empresas no están pidiendo detener la transición, sino poder llevarla a cabo sobre la base de reglas completas y verificables”, afirma Mauro Salini, presidente de Pro Food. “No es razonable exigir declaraciones de conformidad, cambios en los procesos e inversiones cuando todavía faltan elementos esenciales del marco de aplicación. 'Stop the Clock' es una llamada a la responsabilidad y a la seguridad jurídica, no un paso atrás en sostenibilidad.”
Preocupación por las restricciones previstas para 2030
Además del retraso en la definición del marco técnico, Pro Food solicita aprovechar este aplazamiento para analizar con mayor profundidad las consecuencias de las restricciones recogidas en el artículo 25 y el Anexo V del PPWR, que a partir del 1 de enero de 2030 afectarán, entre otros productos, a los envases plásticos de un solo uso para frutas y hortalizas frescas sin transformar en cantidades inferiores a 1,5 kilogramos, así como a determinados formatos utilizados en el canal Horeca.
La organización sostiene que estas limitaciones no han estado precedidas por una evaluación comparativa de impacto suficientemente completa que analice el comportamiento ambiental de las alternativas a lo largo de todo su ciclo de vida.
En este sentido, recuerda que sustituir un material por otro no implica automáticamente una mejora ambiental, ya que deben considerarse factores como la reciclabilidad, el contenido en material reciclado, el transporte, la protección del producto, la conservación de los alimentos y la prevención del desperdicio alimentario.
Pro Food destaca especialmente el caso del sector hortofrutícola, donde el envase desempeña un papel esencial durante la manipulación, el transporte, la distribución y el almacenamiento. Asimismo, señala que algunos de los envases actualmente en uso que podrían verse prohibidos ya incorporan porcentajes de plástico reciclado posconsumo superiores a los objetivos fijados por el propio PPWR para 2040, por lo que su eliminación podría penalizar soluciones que ya responden a los principios de la economía circular.
Lecciones de la Directiva sobre plásticos de un solo uso
La organización también hace referencia a la experiencia de la Directiva europea sobre plásticos de un solo uso (SUP), vigente desde 2019. Según los datos recopilados por Pro Food, el valor de las importaciones comunitarias procedentes de China, Turquía e India de productos alternativos —como vasos y platos de papel o pulpa de celulosa y cubiertos de madera— pasó de aproximadamente 290 millones de euros en 2018 a cerca de 730 millones en 2025, acumulando casi 5.000 millones de euros durante ese periodo.
Aunque reconoce que estos datos no constituyen una evaluación completa de los efectos de la directiva, considera que evidencian el riesgo de sustituir productos fabricados en Europa por otros importados de terceros países, elaborados con materiales alternativos y bajo condiciones económicas muy diferentes, sin que ello garantice una reducción real del impacto ambiental.
“Antes de prohibir una solución, hay que analizar cuidadosamente qué la sustituirá y en qué condiciones”, señala Salini. “De lo contrario, corremos el riesgo de trasladar la producción, el empleo y buena parte del impacto ambiental fuera de la Unión Europea sin alcanzar los objetivos perseguidos".
Por todo ello, Pro Food reclama que el posible aplazamiento se aproveche para completar los actos delegados, desarrollar las metodologías de ensayo y las normas técnicas pendientes, clarificar las obligaciones de los distintos operadores y garantizar una aplicación uniforme del reglamento en todos los Estados miembros. Asimismo, pide que las futuras restricciones a determinados formatos vayan acompañadas de evaluaciones comparativas de impacto y que los productos importados estén sometidos a las mismas condiciones y controles que los fabricados en Europa.
La organización concluye que su objetivo no es reducir la regulación, sino disponer de un marco normativo claro, coherente y capaz de alcanzar resultados ambientales medibles sin fragmentar el mercado único ni comprometer la competitividad de la industria europea.
