Oleada de advertencias técnicas entre entidades energéticas y ecologistas

El rechazo del Real Decreto-ley 7/2025 por parte del Congreso de los Diputados el pasado 22 de julio ha generado una reacción coordinada entre organizaciones del sector energético y medioambiental, que alertan de un empeoramiento del riesgo sistémico y de un retroceso en el proceso de la electrificación y sectores como el autoconsumo y el almacenamiento energético.

La no convalidación del Real Decreto-ley 7/2025 ha activado una amplia respuesta del sector energético. La norma, concebida tras el apagón del 28 de abril, articulaba una serie de actuaciones urgentes para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico, fomentar la electrificación de la demanda y mejorar la integración de renovables. Su rechazo en el Congreso ha sido interpretado por diversas entidades como un paso atrás en el desarrollo de una red más robusta, flexible y alineada con los objetivos del PNIEC.

La Fundación Renovables considera que el tacticismo político ha impedido la aprobación de un texto que calificaba como “imprescindible” para transitar hacia un nuevo modelo energético. A su juicio, las medidas contenidas en el decreto eran necesarias para iniciar una reforma estructural de la regulación eléctrica y abordar con urgencia las debilidades reveladas por el apagón de abril. Desde Ecodes, por su parte, se advierte que la paralización legislativa compromete la hoja de ruta de la transición energética y envía señales negativas a ciudadanos e inversores.

En la misma línea, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha expresado su preocupación por la pérdida de una norma que incluía avances en materia de repotenciación, servicios de red y planificación del almacenamiento. AEE considera que el rechazo legislativo introduce un factor de incertidumbre en un momento en que se requiere claridad y ambición regulatoria.

El decreto incluía una batería de disposiciones orientadas a mitigar los riesgos de inestabilidad de red, como la definición de nuevos procedimientos de control dinámico de tensión o la introducción de servicios de inercia sintética. Su caída ha sido interpretada por diversas organizaciones como un debilitamiento de la capacidad del sistema para responder a eventos críticos.

APPA Renovables advierte de que la no aprobación del decreto agrava los desequilibrios estructurales del sistema y pospone medidas urgentes para dotarlo de mayor flexibilidad y robustez. Entre ellas, se incluye la necesidad de ampliar las capacidades de almacenamiento, mejorar el despacho renovable y facilitar la participación de la demanda. AEE, por su parte, considera que se pierde una oportunidad para consolidar la figura del Grid Forming mediante una planificación estratégica y una definición clara de sus condiciones de prestación.

La Fundación Renovables insiste en que el episodio del 28 de abril no fue una excepción, sino un síntoma de las limitaciones del modelo actual. Desde su punto de vista, frenar la implementación de soluciones técnicas correctoras prolonga la exposición del sistema a situaciones de riesgo, tanto operativas como regulatorias.

Uno de los capítulos más relevantes del decreto se refería al autoconsumo compartido, la agregación de la demanda y la flexibilización de trámites para pequeñas instalaciones. La reacción al rechazo parlamentario ha sido especialmente crítica entre asociaciones con fuerte implantación en estos ámbitos.

UNEF considera que la no convalidación paraliza la ampliación del radio de conexión de autoconsumo hasta 5 kilómetros y la creación de la figura del gestor de autoconsumo, ambas medidas dirigidas a democratizar el acceso a la energía renovable. La asociación estima que se pierde una herramienta esencial para impulsar la generación distribuida en zonas urbanas, industriales y rurales.

Fenie, por su parte, señala que el decreto contenía avances para simplificar la tramitación de instalaciones en baja tensión y fomentar el despliegue del autoconsumo colectivo. A su juicio, el rechazo del texto frena el papel de las pymes instaladoras en la transición energética y limita la participación activa de los consumidores. Desde APPA Renovables también se advierte de que el actual marco normativo continúa penalizando esquemas de autoconsumo distintos al fotovoltaico, con especial impacto en tecnologías como la minihidráulica, la biomasa o la eólica de pequeña potencia.

El Real Decreto-ley otorgaba por primera vez la condición de utilidad pública a las instalaciones de almacenamiento que inyectan energía a la red, y abría la puerta a su planificación zonal. Su derogación deja en suspenso una de las principales vías de flexibilización del sistema a corto y medio plazo.

AEE apunta que la medida permitía desbloquear proyectos de almacenamiento híbrido y facilitar la tramitación de baterías en zonas con elevada penetración renovable. APPA Renovables considera que la pérdida de este marco legal supone aplazar el desarrollo de capacidades de respaldo necesarias para acompasar generación y consumo. La asociación subraya que el decreto también contemplaba la necesidad de aprobar un programa nacional de almacenamiento hidráulico, actualmente pendiente de despliegue.

La Fundación Renovables interpreta este vacío normativo como un obstáculo para alcanzar los objetivos de integración renovable y optimización de la red. A su juicio, la falta de una señal política clara sobre el almacenamiento impide planificar inversiones coherentes y pone en riesgo la estabilidad a largo plazo del sistema eléctrico.

UNEF, APPA Renovables y AEE advierten de que el rechazo del decreto también deja sin resolver varias demandas sectoriales de carácter normativo. Entre los aspectos señalados figuran la reforma del régimen de acceso y conexión, la necesidad de mayor seguridad jurídica en torno a los hitos de tramitación y los incentivos a la repotenciación e hibridación de instalaciones existentes.

UNEF pone el foco en la inseguridad jurídica que rodea a los plazos administrativos y las condiciones técnicas de conexión, lo que, a su juicio, obstaculiza el desarrollo de nuevos proyectos y ralentiza la ejecución de los ya adjudicados. Desde APPA Renovables se insiste en que era necesaria una definición más clara de la potencia instalada y una armonización normativa que aportase transparencia al proceso inversor. AEE, por su parte, considera urgente adoptar medidas específicas para impulsar la repotenciación, como la declaración de Interés Público Superior o la aplicación de procedimientos ambientales diferenciados.

Aunque algunas de estas cuestiones quedaban abiertas a desarrollo reglamentario, su inclusión en el decreto era interpretada como un reconocimiento institucional de su urgencia. El rechazo, en cambio, se percibe como una oportunidad perdida para construir un marco más estable y predecible.

Las organizaciones ambientales han vinculado el desenlace parlamentario con una pérdida de impulso político en materia de transición energética. Para Greenpeace, la no aprobación del decreto supone una señal de desinterés hacia la planificación energética de emergencia y una claudicación ante los bloqueos partidistas.

Desde Ecodes se considera que la falta de consenso institucional en torno a medidas técnicas y operativas envía un mensaje preocupante a los actores sociales y económicos que participan en la transición. La organización recuerda que el decreto contenía elementos clave para avanzar en la electrificación de la demanda y la modernización de la red, dos pilares estratégicos del PNIEC.

La Fundación Renovables completa esta visión con una reflexión sobre el calendario político. A su juicio, el rechazo al decreto retrasa decisiones clave que ya no pueden postergarse sin comprometer el cumplimiento de los objetivos climáticos a medio plazo. En este contexto, varias entidades reclaman que se activen de inmediato otras vías legislativas para rescatar las medidas técnicas más urgentes.