Anice y Fecic reclaman al Gobierno medidas para contener el impacto de la energía en la industria cárnica
Anice y Fecic han reclamado al Gobierno de España que incluya a la industria alimentaria en las medidas que prevé presentar la próxima semana para hacer frente al incremento de los costes energéticos. Ambas organizaciones advierten de que la subida de la electricidad, el gas y los combustibles está afectando de forma directa a las empresas cárnicas y al conjunto de la cadena alimentaria.
Durante los primeros veinte días de septiembre, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se situó en 141,03 euros/MWh, frente a los 59,65 euros/MWh registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento superior al 136%. A esta subida se añade el encarecimiento del gas natural, cuyo precio se sitúa actualmente en 75,53 euros/MWh, frente a una media cercana a los 44,9 euros/MWh de junio, un 68% más en apenas tres meses, según los datos citados por las organizaciones.
El incremento de los costes también alcanza al transporte y la logística. Anice y Fecic señalan que el precio del gasóleo antes de impuestos acumula una subida cercana al 68% desde el inicio de la actual crisis geopolítica. Este aumento afecta tanto a las empresas que cuentan con flotas propias como a aquellas que externalizan el transporte, ya que en este último caso repercute en las tarifas logísticas.
La industria cárnica presenta una especial exposición a la evolución de los precios energéticos debido a las características de sus procesos productivos. Mataderos, salas de despiece, industrias de elaborados, secaderos y almacenes frigoríficos necesitan electricidad de forma permanente para mantener la refrigeración, la congelación, la climatización y la conservación de los alimentos. Además, el gas se utiliza en procesos térmicos, producción de agua caliente, cocción y limpieza.
Anice y Fecic destacan que esta demanda energética no puede desplazarse fácilmente a las horas de menor precio. En septiembre, el precio medio de la electricidad durante las denominadas horas supersolares, entre las 11:00 y las 18:00 horas, se situó alrededor de 39 euros/MWh, mientras que fuera de esas horas alcanzó los 201,55 euros/MWh. Sin embargo, las cámaras frigoríficas y otros equipos deben continuar funcionando durante la noche y en los periodos en los que la generación fotovoltaica propia resulta insuficiente.
Las organizaciones empresariales recuerdan que numerosas compañías del sector han invertido en instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo y en medidas de eficiencia energética, lo que está permitiendo amortiguar parte del incremento de los costes eléctricos. Consideran, no obstante, que estas inversiones no eliminan la exposición de la industria a la escalada de los precios.
Anice y Fecic consideran comprensible que agricultores y ganaderos reclamen medidas ante el aumento de sus costes de producción, pero subrayan que el impacto de la crisis energética se extiende al resto de la cadena alimentaria. “La cadena alimentaria no termina en la explotación ganadera”, señala Giuseppe Aloisio, director general de Anice, quien reclama que las medidas tengan también en cuenta a las industrias encargadas de transformar, conservar y transportar los alimentos.
En este contexto, ambas organizaciones plantean que los costes extraordinarios de una crisis que afecta a toda la cadena no recaigan de forma desproporcionada sobre determinados eslabones. Entre las medidas que proponen figura facilitar el acceso de la industria alimentaria a los mecanismos extraordinarios de compensación energética que pueda aprobar el Gobierno y reconocer estas actividades como industrias intensivas en consumo energético o establecer un tratamiento equivalente.
También reclaman reforzar los incentivos al autoconsumo fotovoltaico, el almacenamiento energético, la eficiencia, la recuperación de calor y la modernización de las instalaciones frigoríficas, así como acelerar la tramitación administrativa de estas inversiones. Asimismo, proponen facilitar soluciones que aporten mayor estabilidad de costes, como la cogeneración y los contratos de suministro energético a largo plazo, incluidos los acuerdos de compraventa de energía (PPA).
En materia de transporte, Anice y Fecic piden que las medidas extraordinarias destinadas a amortiguar el encarecimiento de los combustibles se extiendan a la logística vinculada a la cadena alimentaria, tanto cuando el transporte se realiza con flotas propias como cuando está externalizado.
Las organizaciones consideran que, además de las medidas coyunturales, es necesaria una estrategia energética específica para la industria alimentaria que permita reducir su exposición a episodios extremos de volatilidad y mantener su competitividad frente a productores de terceros países.
“Esta es la segunda crisis energética que afronta nuestra industria en menos de cinco años. No podemos seguir tratando estos episodios como fenómenos excepcionales y aislados”, afirma Ignasi Pons, secretario general de Fecic. A su juicio, la energía se ha convertido en un factor estructural de competitividad para el sector y las empresas necesitan herramientas tanto para afrontar la situación inmediata como para invertir y planificar a largo plazo.
