La UE afronta cerca de 500.000 vacantes de conductores y estudia acelerar la contratación extracomunitaria
La Unión Europea se enfrenta a un déficit estructural de aproximadamente 500.000 conductores profesionales de camión y autobús, según el estudio ‘Conductores de Autobuses y Camiones Procedentes de Terceros Países’, elaborado por la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) para la Comisión Europea.
El informe concluye que la captación e integración de profesionales procedentes de terceros países puede convertirse en una herramienta clave para el transporte por carretera, siempre que se articule bajo estándares armonizados, seguros y coordinados a nivel comunitario.
La posibilidad de atraer talento global ya fue contemplada en el Paquete sobre Habilidades y Movilidad del Talento presentado por la Comisión Europea en noviembre de 2023, en el que se reconoce que la competitividad de los 27 dependerá, en parte, de su capacidad para incorporar profesionales cualificados de fuera de la UE.
Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC y miembro del comité ejecutivo de presidencia de IRU, señala que el estudio aporta respaldo técnico a la posición defendida por la patronal española, que considera la contratación de conductores extracomunitarios una medida complementaria frente a la escasez estructural en España y en el conjunto europeo.
Barreras regulatorias y costes elevados
El análisis identifica un entorno normativo fragmentado y complejo. Los procedimientos para contratar conductores de terceros países varían según el Estado miembro, combinando directivas europeas con regulaciones nacionales. Esta disparidad genera duplicidades, plazos prolongados —entre seis y doce meses— y costes que pueden alcanzar los 20.000 euros por conductor, incluyendo formación, intermediación y trámites administrativos.
Entre los principales cuellos de botella figura el canje del permiso de conducir, que en muchos casos exige exámenes adicionales si no existen acuerdos bilaterales con el país de origen. A ello se suma la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP/CPC), ya que las cualificaciones de terceros países no suelen ser reconocidas automáticamente y obligan a completar la formación inicial en el Estado miembro, con el requisito añadido de una residencia mínima de 185 días.
Buenas prácticas y vías de mejora
El estudio recoge experiencias nacionales que podrían servir de referencia. En España, bajo determinadas condiciones, los aspirantes pueden acceder mediante visado de estudiante para cursar la formación necesaria para el CAP, lo que facilita el proceso respecto a otras fórmulas. También se destaca la coordinación institucional entre ministerios, como el protocolo suscrito en 2023 entre departamentos competentes.
Polonia aparece igualmente como ejemplo, al permitir que ciudadanos de Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Georgia y Moldavia trabajen durante dos años sobre la base de una declaración registrada, sin necesidad de permiso de trabajo convencional.
La IRU subraya que la integración de conductores extracomunitarios debe acompañarse de otras medidas estructurales, como la atracción de jóvenes y mujeres —actualmente menos del 10% de la fuerza laboral—, la mejora de las condiciones laborales y el impulso a la formación profesional.
Entre las recomendaciones figuran la simplificación y armonización de los procedimientos administrativos, la implantación de vías rápidas sin comprometer los estándares de seguridad y la puesta en marcha de proyectos piloto apoyados en la digitalización, como la iniciativa SDM4EU.
Raluca Marian, directora de relaciones con la UE de IRU, apunta que la escasez de conductores exige una estrategia integral y sostenida en el tiempo, basada en la combinación de distintas políticas para construir una fuerza laboral resiliente y sostenible en el transporte europeo.
