El Gobierno aprueba el nuevo Reglamento General de Carreteras para reforzar la seguridad y la planificación viaria
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Reglamento General de Carreteras, un texto que desarrolla la Ley de Carreteras vigente y que responde al grado de madurez alcanzado por la red viaria española. Con esta aprobación, el Ejecutivo busca optimizar la prestación del servicio que ofrece la Red de Carreteras del Estado (RCE), poniendo el foco en la seguridad vial y la eficiencia del transporte de largo recorrido.
El principio fundamental del Reglamento es que la red estatal debe orientarse exclusivamente a servir al tráfico de larga distancia, conectando los principales nodos logísticos y estratégicos: puertos, aeropuertos, centros de transporte, plataformas logísticas y pasos fronterizos. De esta forma, se refuerza el papel de la RCE como columna vertebral del transporte nacional e internacional.
Control de accesos y compatibilidad urbanística
El nuevo Reglamento establece un control más estricto de los accesos a las carreteras estatales, dado que cada nuevo punto de entrada o salida puede generar conflictos de seguridad vial. La accesibilidad a los entornos próximos deberá realizarse a través de redes secundarias o de distribución, limitando las conexiones directas a la red principal.
Asimismo, cualquier actuación urbanística o de planificación territorial que afecte a las zonas de protección de una carretera deberá demostrar su compatibilidad funcional con la misma. Esto implica que los desarrollos urbanos deberán prever soluciones de movilidad propias y no depender de la infraestructura estatal para resolver los problemas de tráfico derivados de su crecimiento.
Informes sectoriales y mayor seguridad jurídica
El Reglamento detalla el procedimiento para la emisión de informes sectoriales vinculantes por parte de la Dirección General de Carreteras. Estos informes serán obligatorios cuando se planteen modificaciones urbanísticas o medioambientales que afecten directa o indirectamente a las carreteras del Estado.
El texto refuerza así la seguridad jurídica al precisar conceptos clave de la ley y concretar el alcance de varios de sus preceptos. En caso de que las nuevas conexiones o desarrollos no respeten la especialización funcional de la RCE —que no debe asumir funciones de distribución local ni de acceso a propiedades colindantes—, los informes serán desfavorables.
Impulso a la movilidad sostenible y participación pública
El nuevo Reglamento incorpora una disposición adicional sobre movilidad activa y sostenible, con especial atención a la bicicleta. En ella se definen los principios para la planificación y construcción de vías ciclistas seguras, alineadas con los objetivos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de fomentar una movilidad respetuosa con el medio ambiente.
El proceso de elaboración del Reglamento ha incluido una amplia consulta pública, con la participación de comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, asociaciones profesionales y organizaciones del sector. Con ello, el Gobierno busca garantizar que la normativa responda a las necesidades reales de los usuarios y operadores del transporte por carretera.
