La CETM critica el mantenimiento del tacógrafo en la mayoría de islas y reclama una regulación adaptada
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha mostrado su profunda preocupación tras la decisión del Congreso de los Diputados de mantener la obligación del tacógrafo en la mayoría de islas españolas, al rechazar la enmienda que proponía ampliar las exenciones para los transportes realizados íntegramente en territorios de reducida superficie. La propuesta, incorporada previamente durante la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado, no logró el apoyo suficiente para salir adelante.
La normativa europea permite que las islas de hasta 2.300 km² queden exentas del uso del dispositivo. No obstante, la legislación española fija este límite en solo 250 km², lo que deja únicamente a Formentera fuera de la obligación. Esta diferencia respecto al marco europeo supone un impacto notable para el transporte insular, cuya operativa y distancias no se asemejan a las del transporte peninsular.
Una regulación desalineada con Europa y con la realidad operativa de las islas
La enmienda rechazada habría permitido que islas como Ibiza, Menorca, Lanzarote, La Palma y La Gomera quedaran exentas del tacógrafo, una demanda histórica de asociaciones insulares como la FEBT, integrada en la CETM. Según estas organizaciones, el dispositivo no aporta mejoras reales en materia de seguridad o control en entornos donde los recorridos rara vez superan los 25 kilómetros, pero sí implica trámites adicionales y costes que lastran la competitividad de las empresas locales.
La CETM recuerda que en 2017 la normativa española establecía un límite mucho más razonable de 1.500 km², acorde con la geografía insular. Sin embargo, este umbral se redujo en 2022 sin una explicación clara, mientras que paralelamente se ampliaron excepciones en la Península para servicios especializados que pueden operar en radios de hasta 100 kilómetros.
La confederación también subraya la necesidad de buscar soluciones para el cumplimiento de la normativa de descanso en los trayectos marítimos entre la Península y Baleares, especialmente con Palma de Mallorca, garantizando en todo momento la seguridad de los profesionales.
Ante esta situación, la CETM solicita al Ministerio de Transportes una revisión urgente que permita adaptar la regulación a la realidad operativa del transporte insular y alinearla con el marco europeo. La organización reafirma su compromiso de seguir defendiendo los intereses del sector y de mantener el diálogo con las administraciones para asegurar un entorno regulatorio equilibrado y viable para las empresas de transporte en las islas.
