Cifra en más de 24.500 millones de euros la inversión necesaria
Daquas reclama coordinación y liderazgo para cumplir la Directiva TARU
La Asociación Española del Agua Urbana (Daquas) alertó, mediante un documento de posicionamiento difundido en Madrid el 30 de julio, que el cumplimiento de la nueva Directiva de Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU) exigirá una inversión superior a los 24.500 millones de euros en España, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
La organización, que representa a más del 80 % de los operadores del ciclo urbano del agua en el país, considera que se trata de una oportunidad única para transformar la gestión del saneamiento urbano, siempre que exista liderazgo político, visión compartida y una estrategia nacional bien planificada.
Un reto sin precedentes con potencial transformador
La asociación celebra la aprobación de la Directiva TARU, pero advierte que “su cumplimiento exigirá acometer importantes inversiones”. Según las estimaciones oficiales, adaptarse a los nuevos requisitos técnicos —que incluyen desde tratamientos terciarios y cuaternarios hasta exigencias de eficiencia energética y control de microcontaminantes— requerirá “más de 24.500 millones de euros de inversión en España, en los próximos años”.
Para Daquas, esta cifra refleja “la envergadura del reto” y, al mismo tiempo, “el potencial transformador de la Directiva”. A juicio de la entidad, no se trata de un simple ajuste técnico, sino de “una oportunidad histórica para avanzar en la gestión del saneamiento urbano en clave ambiental y tecnológica”.
Déficits estructurales y gobernanza fragmentada
La asociación presidida por Jesús Maza recuerda que España parte de una situación compleja, con “importantes retrasos en materia de depuración”, ya que “aún existen numerosos núcleos urbanos —desde pequeñas localidades hasta ciudades medianas— con dificultades para cumplir los requisitos establecidos en la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas”.
Además, Daquas denuncia la falta de una regulación nacional homogénea sobre saneamiento y aguas pluviales, así como una “gobernanza fragmentada y débil, con responsabilidades solapadas entre administraciones”. A estos problemas se suma un “déficit de inversión estructural”, que la entidad cifra en “más de 5.700 millones de euros anuales para el conjunto del ciclo urbano del agua”. “Si no se corrige esta situación de partida, el riesgo de repetir errores pasados es alto”, advierte la asociación en su posicionamiento sobre la transposición de la Directiva TARU.
Una planificación técnica, transparente y viable económicamente
Ante este panorama, Daquas considera imprescindible “diseñar un programa nacional de aplicación que asigne responsabilidades, priorice actuaciones y asegure los recursos necesarios”. A su juicio, el plan debe ser “transparente, técnicamente riguroso y alineado con los plazos fijados por la Directiva”, cuyos primeros requerimientos para grandes depuradoras comenzarán a aplicarse a partir del año 2033.
En paralelo, la entidad subraya la necesidad de ajustar las tarifas para reflejar el coste real del servicio, incluyendo operación, mantenimiento, reposición y financiación de las infraestructuras. “No habrá calidad ni continuidad sin sostenibilidad financiera”, afirma Daquas.
Cooperación institucional y visión compartida
La Asociación Española del Agua Urbana insiste en que el cumplimiento de la Directiva TARU requiere “una acción coordinada en todos los niveles de gobierno” y reclama un “liderazgo político claro” para impulsar un nuevo modelo de gestión del agua urbana más eficiente, moderno y adaptado a la realidad climática y normativa actual.
“La Directiva TARU puede ser un punto de inflexión para el saneamiento urbano en España”, señala Daquas. No obstante, matiza que para que eso se materialice “es necesario liderazgo político, cooperación institucional y una visión compartida del agua como bien público y estratégico”.
El colectivo se ofrece a colaborar activamente con el Miteco en la elaboración de una estrategia de país que garantice un cumplimiento eficaz de la nueva normativa. El documento completo de posicionamiento está disponible en el siguiente enlace.
Daquas considera imprescindible “diseñar un programa nacional de aplicación que asigne responsabilidades, priorice actuaciones y asegure los recursos necesarios”
Daquas subraya la necesidad de ajustar las tarifas para reflejar el coste real del servicio, incluyendo operación, mantenimiento, reposición y financiación de las infraestructuras. “No habrá calidad ni continuidad sin sostenibilidad financiera”, advierte el colectivo presidido por Jesús Maza
