Un estudio de Facsa aboga por homogeneizar el cálculo de tarifas y propone la puesta en marcha de un Fondo Nacional del Agua

El I Estudio Facsa sobre el modelo de gestión del agua en España “concluye que nuestro país debe incorporar ya un ente regulador del ciclo urbano”. El trabajo, realizado junto con la consultora de Asuntos Públicos Red2Red, propone “homogeneizar la estructura tarifaria en todo el país y la creación de un Fondo Nacional del Agua, fruto de la colaboración público-privada, que facilite la inversión de infraestructuras. Estas medidas, entre otras, permitirían “adecuar cuanto antes nuestro modelo a través de una gestión adecuada de la demanda y el suministro que apoye a una planificación hidrológica basada en la solidaridad entre territorios”. En el análisis, que puede descargarse en este enlace, se señala “la escasez de infraestructuras y la necesidad de renovar las actuales, mejorar su eficiencia y apostar claramente por la innovación y la digitalización”.

En una nota de prensa difundida por la compañía castellonense se señala que la capacidad de almacenamiento de agua en embalses de nuestro país es de 56.000 hectómetros cúbicos. El 13 de febrero el volumen de agua embalsada es 51,1%, por lo que “en esta situación, el estrés hídrico (relación entre agua dulce extraída y disponibilidad de recurso) alcanza el 42%, lo que hace que nuestro país se sitúe en el tercer puesto del ranking de la UE solo por detrás de Malta y Bélgica.

“España, a pesar de ser uno de los países con mayor estrés hídrico de la Unión Europea, presenta una creciente demanda de agua. Sobre todo, debido a la transformación del cultivo de secano a regadío. Por este motivo es urgente invertir en infraestructuras para el ciclo integral del agua y renovar las ya existentes dotándolas de mayor eficiencia”, declara el director general de Facsa, José Claramonte, quien añade que también es urgente invertir en aquellas infraestructuras “que permitan incrementar la oferta del agua mediante usos no convencionales, como la reutilización o la desalación, y que disminuyan al mismo tiempo el impacto de la escasez de agua dulce como un recurso convencional. Especialmente, en un escenario complejo donde ya vemos los efectos del cambio climático añadido a los incrementos poblacionales y al aumento de la superficie de cultivos. Sin este avance, el sistema de gestión del agua en España será insostenible”.

El informe también aborda el actual modelo del agua a través de sus diferentes usos. El mayor porcentaje del consumo corresponde con el sector agrario (80%), seguido del doméstico, con un 15,5%. En el entorno urbano, por su parte, el estudio detecta una disminución en la disponibilidad del agua desde 2005. Mientras que el tratamiento y la reutilización de aguas residuales se han mantenido estables, con un aumento considerable incluso hasta 2004, las pérdidas han disminuido en el abastecimiento urbano, situándose en el 15,4% en 2020. Por el contrario, se afirma en el estudio, la inversión pública destinada al transporte, depuración o abastecimiento de agua se ha situado en niveles un 50% inferiores a los de 2010.

El estudio “concluye que España cuenta con una de las tarifas más bajas de la Unión Europea, colocándose el séptimo por la cola”. Desde Facsa se asegura que por lo que respecta a la inversión por habitante, España solo supera a la realizada en Chipre y Eslovenia. Otro dato reflejado en el análisis de la compañía castellonense es el de la longitud de la red, un parámetro en el que nuestro país supera únicamente a Rumanía, Malta y Estonia. “Por ello, el informe apunta a la necesidad de generar una estructura tarifaria única, que sea homogénea para todo el territorio nacional y que recoja los costes de operación y la amortización de las inversiones”.

El estudio también propone “la revisión del sistema actual de gobernanza para que pueda evolucionar hacia un marco regulatorio que fomente la participación de la ciudadanía y contribuya a una gestión más sostenible del recurso, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico”.

Así, el informe “aboga por el establecimiento de un nuevo modelo de gestión del agua basado en un decálogo con propuestas de solución que van desde la creación de un Pacto Nacional del Agua y la mayor inversión en infraestructuras hasta la apuesta por la economía circular del agua y la digitalización. Además, pone el foco en un activo necesario para la sociedad en general, como es el fomento de la concienciación y sensibilización sobre el uso correcto del agua”, concluye la nota de prensa.