Entrevista a Belén Gutiérrez, presidenta de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR)

La modernización de las infraestructuras hídricas exige combinar la renovación de redes y sistemas existentes con nuevas inversiones en desalación, reutilización, almacenamiento y distribución. Para Gutiérrez, el reto no se encuentra en disponer de la tecnología necesaria, sino en conseguir que los proyectos puedan ejecutarse con la rapidez que requieren la escasez estructural, el cambio climático y la evolución de la demanda.

En este contexto, la planificación debe ir acompañada de una estrategia de inversión que permita actuar antes de que la escasez obligue a acelerar las decisiones. La presidenta de AEDyR defiende un marco estable, previsible y claro, junto con una mayor agilidad administrativa y contractual, para facilitar la ejecución de proyectos con una vida útil larga y reducir las incertidumbres que afrontan Administraciones e inversores.

La colaboración público-privada aparece como otra de las vías para ampliar la capacidad inversora, siempre que exista una distribución adecuada de responsabilidades y riesgos. A ello se suma la necesidad de que los proyectos incorporen desde el inicio una visión financiera, además de la técnica, y cumplan las exigencias de sostenibilidad y de la Taxonomía Verde europea cuando corresponda.

Porque las necesidades de inversión son cada vez mayores y porque estamos hablando de infraestructuras estratégicas para nuestro país, que requieren inversiones importantes y con horizontes de retorno largos. La cuestión no es la tecnología necesaria, sino conseguir que los proyectos puedan ejecutarse y hacerlo con la rapidez que exigen la escasez estructural, el cambio climático y la evolución de la demanda.

Tenemos que modernizar, además, infraestructuras existentes, mejorar redes, avanzar en digitalización y eficiencia energética y desarrollar nuevas infraestructuras de desalación, reutilización, almacenamiento y distribución allí donde sean necesarias de acuerdo a una planificación. Todo ello requiere movilizar recursos públicos y privados.

Desde AEDyR creemos que esta planificación debe ir acompañada de una estrategia de inversión. No podemos esperar a que llegue una situación de escasez para empezar a construir las infraestructuras que necesitamos. La seguridad hídrica requiere cambios en la gobernanza y debe planificarse y se debe invertir en ella con anticipación.

“La seguridad hídrica requiere cambios en la gobernanza”, insta Gutiérrez, acompañada en esta imagen por el vicepresidente de AEDyR, Jon Beristain.

Uno de los principales retos es conseguir un marco suficientemente estable, previsible y claro para que las Administraciones y los inversores puedan planificar a largo plazo. En infraestructuras del agua hablamos de proyectos con una vida útil muy larga y, por tanto, la seguridad jurídica y regulatoria es fundamental.

También es necesario agilizar los procesos administrativos y de contratación, mejorar la planificación de las inversiones y facilitar que los proyectos que cuentan con una justificación técnica y económica puedan ejecutarse en plazos razonables.

Y hay otro aspecto importante y clave. Debemos ampliar el abanico de fórmulas de financiación. Los presupuestos públicos seguirán siendo esenciales, pero las necesidades existentes hacen necesario movilizar también capital privado, que siempre es más rápido, mediante modelos que distribuyan adecuadamente los riesgos y garanticen el interés general.

La colaboración público-privada funciona cuando existe una adecuada distribución de responsabilidades y riesgos, reglas claras y proyectos correctamente planificados.

La Administración debe aportar planificación, regulación y la garantía del interés general, mientras que las empresas pueden aportar tecnología, conocimiento, capacidad de ejecución, innovación y también capacidad para movilizar financiación.

Para que estos modelos funcionen necesitamos proyectos maduros, seguridad jurídica, procedimientos transparentes y contratos que permitan asumir los riesgos de manera proporcionada. No se trata de sustituir la inversión pública, sino de complementarla y aprovechar las capacidades de ambos ámbitos.

España cuenta, además, con empresas con una amplia experiencia en este tipo de proyectos, tanto nacionales como internacionales. Tenemos el conocimiento y tecnología. Es el momento de generar las condiciones para ponerlos al servicio de nuevas inversiones.

“La tecnología es imprescindible, pero un proyecto técnicamente viable no necesariamente es automáticamente financiable”, advierte la presidente de AEDyR, aquí en una imagen tomada en noviembre de 2024.

Precisamente, una de las claves de la jornada será pasar del debate teórico a conocer experiencias concretas, y en esto nuestras empresas tienen mucho que aportar. Los modelos de colaboración público-privada no funcionan de la misma manera en todos los países, porque cada mercado tiene su propio marco regulatorio, pero sí podemos identificar buenas prácticas que se puedan aplicar.

Es importante analizar cómo se han estructurado los proyectos, cómo se han distribuido los riesgos, qué mecanismos han permitido atraer inversión y qué papel ha desempeñado cada uno de los agentes.

Y también aprender de aquello que no ha funcionado para evitar caer en los mismos errores. Compartir experiencias permite reducir incertidumbres y diseñar modelos más eficientes para futuros proyectos en España y en otros mercados.

“Un proyecto bien definido, con demanda identificada, seguridad jurídica, modelo contractual claro y una adecuada distribución de riesgos tiene muchas más posibilidades de atraer financiación de las entidades financieras”

España tiene un ecosistema de apoyo a la internacionalización que incluye instrumentos financieros, mecanismos de cobertura de riesgos y acompañamiento institucional. La participación del ICO, CESCE e ICEX en la jornada permitirá precisamente explicar mejor estas herramientas y cómo pueden utilizarse en proyectos concretos.

Para las empresas del agua, especialmente cuando hablamos de grandes infraestructuras internacionales, no basta con disponer de una tecnología competitiva. Hay que ser capaces de financiar los proyectos, gestionar los riesgos asociados a cada mercado y contar con capacidad de acompañamiento durante todo el proceso.

Por eso, es importante que las empresas conozcan bien los instrumentos disponibles y que exista coordinación entre las compañías y las instituciones que pueden facilitar su internacionalización.

España es un referente mundial en el ámbito de la desalación y la reutilización, y una industria del agua con una importante experiencia internacional. El reto es seguir convirtiendo ese conocimiento y esa capacidad tecnológica en oportunidades de negocio y proyectos internacionales.

“No podemos esperar a que llegue una situación de escasez para empezar a construir las infraestructuras que necesitamos”, advierte Gutiérrez.

La bancabilidad exige que el proyecto tenga una estructura sólida y previsible. Las entidades financieras necesitan conocer cuáles son los riesgos, cómo se van a distribuir, cuáles son los ingresos previstos, qué garantías existen y cuál es el marco regulatorio en el que se desarrollará la infraestructura.

La planificación es, por tanto, fundamental. Un proyecto bien definido, con demanda identificada, seguridad jurídica, modelo contractual claro y una adecuada distribución de riesgos tiene muchas más posibilidades de atraer financiación de las entidades financieras.

También es importante incorporar desde el principio una visión financiera al diseño de los proyectos. La tecnología es imprescindible, pero un proyecto técnicamente viable no necesariamente es automáticamente financiable. Tenemos que trabajar desde el inicio para que ambas dimensiones —la técnica y la financiera— estén alineadas.

Asimismo, la incorporación de criterios de sostenibilidad socioambiental y el cumplimiento riguroso de la Taxonomía Verde europea, en el caso de Europa, constituyen hoy un factor determinante para el acceso al capital. Dado que actividades como la desalación y la reutilización de aguas residuales están reconocidas dentro de esta taxonomía (contribuyendo al uso sostenible del agua y a la economía circular), los proyectos deben demostrar que no generan un daño significativo a otros objetivos ambientales y además cumplir con estándares mínimos de eficiencia energética y gestión de residuos. Cumplir con estas exigencias taxonómicas no solo facilita el acceso a financiación verde o sostenible con condiciones de coste y plazo más ventajosas, sino que eleva la reputación del proyecto.

También es importante incorporar desde el principio una visión financiera al diseño de los proyectos. La tecnología es imprescindible, pero un proyecto técnicamente viable no necesariamente es automáticamente financiable. Tenemos que trabajar desde el inicio para que ambas dimensiones, la técnica y la financiera, estén alineadas.

"Estamos viendo además cómo aparecen nuevos grandes consumidores, como los centros de datos, que plantean necesidades específicas y que deben incorporarse a la planificación", constata Gutiérrez.

“La pregunta que queremos abordar es cómo pasar de la necesidad de invertir en agua a conseguir que esa inversión se materialice en infraestructuras concretas, eficientes y resilientes”

Puede ser una fórmula especialmente interesante para facilitar la incorporación de tecnologías cuando la inversión inicial supone una barrera.

En lugar de asumir todo el coste de una tecnología desde el principio, determinados modelos permiten vincular el pago al uso, a la disponibilidad o al rendimiento que proporciona la solución. Esto puede facilitar la modernización de instalaciones y favorecer que las empresas puedan acceder a tecnologías innovadoras sin tener que asumir necesariamente toda la inversión inicial.

Además, puede contribuir a alinear los intereses de proveedores y usuarios. Si el pago está vinculado al rendimiento, existe un incentivo para que la tecnología funcione de manera eficiente durante toda su vida útil.

Es un modelo que merece la pena explorar, especialmente en un sector en el que se está acelerando la digitalización, la eficiencia energética y la incorporación de nuevas soluciones.

La disponibilidad de agua se está convirtiendo cada vez más en un factor de competitividad. Para la agricultura es fundamental garantizar el suministro, garantizar la calidad de los productos y reducir la dependencia de unos recursos naturales que son irregulares. Para la industria, disponer de agua con garantías es estrategia y puede ser una condición necesaria para mantener o desarrollar determinadas actividades y nuevas inversiones.

Estamos viendo además cómo aparecen nuevos grandes consumidores, como los centros de datos, que plantean necesidades específicas y que deben incorporarse a la planificación.

Para que esta demanda se traduzca en nuevos proyectos hacen falta previsibilidad y planificación. Los consumidores necesitan saber qué recursos estarán disponibles, en qué condiciones y con qué horizonte temporal. Y los inversores necesitan esa misma visibilidad para poder dimensionar y financiar las infraestructuras.

Por eso, creemos que la demanda debe formar parte de la planificación hídrica y que las nuevas inversiones deben anticiparse a las necesidades, no responder únicamente cuando la presión sobre los recursos ya es máxima.

Gutiérrez augura que “los presupuestos públicos seguirán siendo esenciales, pero las necesidades existentes hacen necesario movilizar también capital privado, que siempre es más rápido”. Este será uno de los asuntos que se abordarán en la jornada del 7 de octubre.

“España cuenta, además, con empresas con una amplia experiencia en este tipo de proyectos, tanto nacionales como internacionales. Tenemos el conocimiento y tecnología. Es el momento de generar las condiciones para ponerlos al servicio de nuevas inversiones

Es fundamental porque cada uno de estos agentes tiene una perspectiva diferente del problema. Las Administraciones conocen las necesidades de planificación y las prioridades de interés general, las empresas conocen las soluciones tecnológicas y tienen capacidad para ejecutar proyectos, las entidades financieras aportan la visión sobre la estructura y los riesgos de la financiación y los expertos pueden contribuir con conocimiento y experiencias de otros mercados.

Si queremos movilizar más inversión, necesitamos que estas perspectivas dialoguen desde el principio. La jornada nace precisamente con esa vocación: no solo analizar el problema, sino poner en contacto a quienes pueden contribuir a encontrar soluciones y generar nuevas oportunidades de colaboración y provocar los cambios necesarios.

Creo que debería salir de la jornada con una visión mucho más concreta de cómo se puede financiar un proyecto hídrico hoy. Vamos a abordar preguntas muy prácticas: qué barreras existen actualmente para movilizar inversión, qué condiciones hacen que un proyecto sea bancable, qué modelos de colaboración público-privada pueden funcionar, qué instrumentos existen para apoyar la internacionalización de las empresas y cómo pueden utilizarse nuevas fórmulas como la tecnología como servicio.

Y, sobre todo, queremos que la jornada sirva para conectar a los distintos agentes. No queremos que sea únicamente un encuentro para hablar de financiación, sino un espacio en el que Administraciones, empresas, entidades financieras y expertos puedan conocerse, compartir experiencias y encontrar puntos de encuentro para impulsar proyectos. En definitiva, la pregunta que queremos abordar es cómo pasar de la necesidad de invertir en agua a conseguir que esa inversión se materialice en infraestructuras concretas, eficientes y resilientes.