El envejecimiento de las redes y el déficit inversor comprometen la sostenibilida del ciclo integral del agua en España

España se enfrenta un desafío sin precedentes en la gestión del agua urbana. Según el XVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento, presentado por la Asociación Española del Agua Urbana (Daquas), el sector opera con una brecha inversora de 4.485 millones de euros anuales, una cifra que compromete la renovación de infraestructuras críticas, la resiliencia frente al cambio climático y el cumplimiento de la normativa europea. El informe analiza datos de 1.784 municipios, cubriendo aproximadamente 75% de la población nacional, lo que convierte al estudio en la referencia más completa para entender la complejidad del ciclo integral del agua en España.

El presidente de Daquas, Jesús Maza, durante la presentación del estudio.

El estudio —que marca un hito en la comprensión del ciclo integral del agua en España— expone un panorama de contrastes. Por un lado, España mantiene una excelencia en la calidad del agua, cuenta con una cobertura casi universal en saneamiento, protagoniza avances significativos en digitalización y ocupa una posición de liderazgo en reutilización de agua regenerada. Por otro, el sistema presenta infraestructuras envejecidas, un marco tarifario insuficiente para financiar reposiciones y una regulación fragmentada que limita la planificación a largo plazo. Ante este panorama, Daquas reclama un pacto político y social que priorice la inversión en el ciclo integral del agua antes de que el deterioro de las redes se vuelva irreversible.

El análisis elaborado por Daquas es el más completo realizado hasta la fecha, puesto que la muestra abarca entidades gestoras de todas las comunidades autónomas y ofrece datos que representan a 36,44 millones de ciudadanos, incluyendo modelos de gestión pública, privada y mixta. Este enfoque permite obtener indicadores fiables sobre cobertura, calidad, eficiencia y sostenibilidad financiera, constituyendo una base sólida para orientar las políticas hidráulicas de la próxima década.

Los principales objetivos del estudio son evaluar la situación técnica y económica del ciclo integral del agua; identificar las brechas de inversión y los riesgos derivados del envejecimiento de infraestructuras; analizar la eficiencia en la gestión de la demanda y el consumo doméstico; estudiar la digitalización, innovación tecnológica y transición energética del sector, y proporcionar recomendaciones para armonizar tarifas y regularización del servicio a nivel nacional.

Una de las conclusiones más evidentes del informe es que la sostenibilidad del ciclo del agua depende de una planificación a largo plazo que combine financiación adecuada, innovación tecnológica y concienciación social.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio se refiere a la diversidad de modelos de gestión. Así, el 35% de la población es abastecida por empresas públicas; el 33% a través de empresas privadas; el 22% mediante empresas mixtas, y el 10% restante mediante servicios municipales directos.

Esta estructura plural combina control público, eficiencia operativa y capacidad tecnológica, permitiendo una gestión estable incluso en periodos de estrés hídrico. El estudio señala que la pluralidad es una fortaleza del sistema español, siempre que exista un marco regulador homogéneo que evite disparidades territoriales en calidad, cobertura y tarifas.

Desde Daquas se destaca que la armonización de criterios técnicos y económicos es fundamental para garantizar equidad, eficiencia y sostenibilidad (en sus tres acepciones). La dispersión normativa municipal genera variaciones significativas en precios y niveles de servicio, afectando la cohesión territorial y dificultando la planificación hidráulica a nivel nacional.

España mantiene altos estándares de calidad del agua y cobertura en saneamiento, como avala el hecho de que el 95% de la población cuenta con depuración de aguas residuales y la combinación de infraestructuras públicas y privadas permite resiliencia frente a episodios climáticos extremos.

A pesar de la excelencia operativa, los operadores alertan que los niveles actuales de servicio están condicionados por la insuficiencia de financiación estructural. Las tarifas municipales cubren principalmente costes operativos y no aseguran la amortización ni la reposición de activos, comprometiendo la sostenibilidad financiera del sistema y el cumplimiento del principio de recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua.

El informe destaca que el saneamiento es el eslabón más débil del ciclo integral, porque el deterioro ocurre de forma subterránea y silenciosa, lo que ha facilitado la desatención de su mantenimiento y renovación durante décadas. La actualización de redes de saneamiento es, por tanto, prioridad estratégica para evitar daños ambientales y riesgos sanitarios difíciles de cuantificar en términos económicos.

El informe recomienda un marco tarifario estable y transparente, con mecanismos de protección social, para que el precio refleje el valor real del agua y permita inversiones a largo plazo en infraestructura, tecnología y mantenimiento.

El consumo doméstico promedio de agua se situó en 121 litros por habitante y día, reflejando la eficiencia alcanzada tras años de campañas de concienciación, adopción de dispositivos de ahorro y mayor sensibilidad social frente a la escasez hídrica. El agua no registrada (ANR), que incluye fugas, consumos no medidos y errores de lectura, se cifró en 19%, cifra elevada y que a duras penas puede reducirse sin una profunda renovación física de las tuberías. De hecho, Daquas estima que el estancamiento en la reducción de ANR evidencia la necesidad urgente de sustituir tuberías antiguas y modernizar redes. Según el informe, las pérdidas de agua son parcialmente compensadas por la digitalización, pero sin inversión en la renovación de las infraestructuras, el margen de mejora será insuficiente para garantizar la resiliencia a medio y largo plazo.

Otro aspecto analizado en el estudio de Daquas es el de la procedencia del agua suministrada: el 65% se extrae de aguas superficiales, el 25% se obtiene de aguas subterráneas y el 10% es agua desalinizada.

Este último 10% proveniente de la desalación corrobora que está tecnología se ha convertido en un recurso clave, especialmente en la fachada mediterránea y en los archipiélagos, lo que permite reducir la dependencia de las irregulares precipitaciones y adaptar el suministro al crecimiento urbano y a la variabilidad climática. Por eso la diversificación de fuentes se considera estratégica para asegurar la seguridad hídrica frente a sequías prolongadas y fenómenos extremos.

La búsqueda de fuentes de suministro alternativas, ha convertido a España en uno de los países líderes internacionales en economía circular hídrica, reutilizando 735 hectómetros cúbicos de agua al año, equivalentes al 18,7% del volumen suministrado. Los principales usos del agua regenerada son la agricultura (con un 31%), la industria (con el mismo porcentaje) y las zonas verdes urbanas y limpieza municipal, con un 12%.

El análisis de Daquas advierte que para potenciar el uso de agua regenerada se requiere inversión en redes de distribución específicas, que conecten depuradoras con puntos finales de consumo, asegurando la eficiencia operativa y el aprovechamiento óptimo del recurso.

El informe también destaca que la reutilización libera agua de mayor calidad para consumo humano y aumenta la resiliencia hídrica de cuencas deficitarias. La tecnología empleada cumple con el Reglamento Europeo 2020/741, pero se requiere inversión en redes de distribución específicas para maximizar el uso de este recurso.

El informe Daquas 2025 pone en evidencia el envejecimiento crítico de las infraestructuras urbanas. Las cifras son reveladoras, el 31% de la red de abastecimiento supera los cuarenta años de antigüedad, un porcentaje que se sitúa en el 57% en el caso del alcantarillado.

En la presentación del estudio, el presidente de Daquas, Jesús Maza, advirtió que las tasas de renovación actuales son insuficientes, tan solo el 0,54% anual en abastecimiento (lo que daría como resultado que la puesta al día de esta red tardaría doscientos años en alcanzarse) y un pírrico 0,12% en saneamiento, un ritmo que se podría calificar de tectónico, que retrasaría hasta los mil años la actualización de la red de alcantarillado. La endémica falta de inversión genera riesgos crecientes de averías, pérdida de eficiencia y costes de mantenimiento extraordinarios, además de comprometer la seguridad hídrica de las poblaciones.

Daquas remarca en el estudio que es necesario tratar las infraestructuras del agua como activos estratégicos nacionales, equiparándolos a las redes de transporte o energía, ya que su fallo tiene consecuencias directas sobre la salud pública, el medio ambiente y la resiliencia urbana.

La inversión anual de los operadores alcanzó los 2.415 millones de euros durante el periodo analizado, cifra insuficiente para mantener y modernizar el ciclo integral del agua, puesto que Daquas estima el déficit inversor anual para cumplir objetivos europeos y sostenibilidad en 4.485 millones de euros. Esa brecha inversora, acumulativa y creciente, hurta recursos para el cumplimiento del tratamiento de aguas residuales, un terreno en el que la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU) exige eliminación de nutrientes, microcontaminantes y microplásticos, obligando a una actualización tecnológica de las estaciones depuradoras.

Sin un incremento inmediato de la inversión, España se expone a un incremento de averías y fugas, una creciente ineficiencia en transporte y distribución, así como la prolongación de las sanciones europeas por sus incumplimientos normativos.

El estudio revela que el precio medio doméstico del agua en España es uno de los más bajos de Europa, con 2,23 €/m³ sin IVA, un 43% inferior a la media europea. Esta cifra (115 euros anuales) representa apenas el 0,84% del presupuesto familiar, muy por debajo del límite del 3% recomendado por organismos internacionales. En términos comparativos, la factura de agua es significativamente inferior al presupuesto anual destinado a la alimentación (2.158 €/año); transporte (1.552 €/año) o energía, con 955 €/año).

Debido a esos escasos 115 euros al año, esa factura media tarifaria impide la recuperación completa de costes, limitando la financiación de amortización, reposición y renovación de redes. El 58% del recibo del agua se destina al abastecimiento, mientras que el 42% restante se dedica al saneamiento, un área en la que los costes aumentan por los tratamientos de lodos (más aún con la entrada en vigor de la TARU) y la eliminación de contaminantes emergentes. Esta falta de aplicación del principio de recuperación de costes impide inversiones sostenibles y genera un riesgo financiero sistémico para el ciclo integral del agua.

Otro asunto recogido en el informe es el de la disparidad regional, puesto que la fijación de las tarifas por parte de los ayuntamientos ha dado como resultado diferencias regionales muy significativas. Factores como la disponibilidad de recursos hídricos, la orografía o la necesidad de realizar tratamientos de saneamiento adicionales o bien de desalación provocan que algunas zonas sometidas a estrés hídrico y, por tanto, que dependen de recursos no convencionales paguen tarifas superiores a la media, mientras que regiones con abundancia de agua superficial mantienen precios bajos, algo que, por otra parte, tiene una lógica difícilmente rebatible. Pero el informe advierte que estas diferencias no reflejan eficiencia operativa, sino condicionantes geográficos y (en ocasiones) políticos, dificultando la planificación hidráulica nacional y la equidad en el acceso al agua.

La Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU) fija estándares más exigentes en áreas como la eliminación de nitrógeno y fósforo o el tratamiento de microplásticos y restos farmacéuticos, lo que obligará a las depuradoras a adaptar sus equipos y tratamientos, una actualización que Daquas sitúa en unas necesidades inversoras que podrían superar 1.000 millones de euros anuales.

Otro aspecto abordado en el estudio de Daquas es el de la necesidad de contar con un entorno legal estable que fomente la inversión a largo plazo, para lo cual son elementos clave la duración y estabilidad de los contratos de gestión; la transparencia en la asignación de tarifas, así como la armonización técnica y económica de servicios de agua.

Una demanda del sector remarcada en la presentación del estudio por parte de Mazas fue la creación de un organismo regulador independiente capaz de garantizar equidad en la calidad del servicio; asegurar que los ingresos se destinen efectivamente a la renovación y mantenimiento de infraestructuras y a reducir la influencia política en la fijación de precios, que deberían establecerse basándose en criterios técnicos. La existencia de un regulador independiente permitiría tener una visión más completa del sector a nivel nacional, planificar inversiones plurianuales y asegurar la sostenibilidad financiera del sector, protegiendo tanto al ciudadano como al medio ambiente.

A pesar de los retos financieros, el sector ha demostrado liderazgo en transición energética. Durante el periodo analizado, los servicios de agua urbana generaron 705 GWh de energía renovable. El 41% de esa cantidad provino del biogás de lodos de depuración; la energía solar fotovoltaica aportó un 9%, mientras que otros procesos, como la cogeneración o la minihidráulica, también aportaron energía renovable, acentuando la circularidad de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua.

Además, los lodos obtenidos tras la depuración de las aguas residuales se destinaron en un 85% a la agricultura, reemplazando a abonos químicos al utilizarse como fertilizantes orgánicos.

La necesidad de establecer ciclos circulares está propiciando que las depuradoras se erijan en biofactorías, logrando producir energía a partir de residuos y reduciendo la huella de carbono. Además, la integración de energías renovables disminuye costes operativos y posiciona al sector como actor clave en la economía circular y la neutralidad energética.

La reutilización de los lodos de depuración permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuye la dependencia de recursos minerales; integra la producción de energía renovable en el ciclo urbano del agua. En el análisis se apunta que esta estrategia no solo aporta beneficios ambientales, sino que también optimiza costes operativos y genera oportunidades de innovación tecnológica y de gestión.

El XVIII estudio también recoge el avance tecnológico del sector. Algunos ejemplos dan la medida de esta realidad. Así, todas las redes urbanas cuentan con una cartografía digitalizada (mediante sistemas GIS); el 28% de los contadores incorporan medios telemáticos, un proceso que se ha duplicado en la última década. Además, cada vez son más frecuentes los sensores de presión y caudal, lo que permite localizar de forma más eficiente y concreta la detección de fugas.

La digitalización permite, entre otros beneficios, responder rápidamente ante incidencias; optimizar la energía dedicada al bombeo y al transporte del agua o realizar de forma predictiva la gestión de la demanda. Según el informe, la tecnología puede compensar parcialmente la falta de inversión física, maximizando la eficiencia operativa y reduciendo pérdidas de agua en redes envejecidas, aunque no es una solución definitiva ni total.

El informe concluye que la inversión en agua urbana debe considerarse estratégica a nivel nacional, evitando las disputas políticas —en particular en el ámbito tarifario— y garantizando la disponibilidad del recurso para futuras generaciones.

Maza destacó el papel fundamental que desempeña el agua en cualquier actividad económica.

La digitalización, el papel que jugarán las biofactorías y el incremento de la desalación y de la reutilización de agua constituyen el núcleo de la economía circular hídrica en España

España, líder en calidad y digitalización del ciclo integral del agua, podría renovar las redes de distribución de agua con un leve incremento tarifario

El déficit tarifario anual asciende 4.485 millones de euros

Daquas alerta sobre la falta de inversión y las tarifas insuficientes, que ponen en riesgo la seguridad hídrica de 36 millones de ciudadanos

La hoja de ruta definida por Daquas propone:

- Priorizar la inversión estratégica bajo un enfoque a medio y largo plazo, pero sin obviar las urgencias.

- Modernizar y renovar redes de abastecimiento y las depuradoras.

- Integrar la tecnología digital e impulsar las biofactorías, superando el modelo de las depuradoras.

- Armonizar tanto las tarifas como el marco regulatorio.

- Promover la transparencia y mejorar la comunicación con la ciudadanía.