Las entidades colaboradoras en seguridad de presas y embalses pueden solicitar la acreditación de ENAC

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó la Orden TED/934/2025, que desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración hidráulica en materia de seguridad de presas y embalses, estableciendo la acreditación de ENAC como requisito obligatorio para operar en este ámbito. La norma entró en vigor el 11 de diciembre de 2025 en Madrid, exigiendo a las entidades interesadas la certificación conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 para colaborar con la Dirección General del Agua en las labores de control técnico especializado de infraestructuras hidráulicas.

ENAC y la Dirección General del Agua colaboraron estrechamente para definir los requisitos del esquema, ajustándolos tanto a los criterios de la norma de inspección como a las necesidades específicas del Miteco.

ENAC y la Dirección General del Agua colaboraron estrechamente para definir los requisitos del esquema, ajustándolos tanto a los criterios de la norma de inspección como a las necesidades específicas del Miteco. Tras la publicación de la Orden y el desarrollo del esquema de acreditación correspondiente, “ENAC se encuentra en disposición de evaluar a las entidades colaboradoras de la Administración hidráulica en materia de seguridad de presas y embalses”.

Esta iniciativa refuerza la confianza de la Administración Pública en la acreditación como instrumento para garantizar la seguridad e integridad de actividades de evaluación en sectores estratégicos. El apoyo a las diferentes administraciones en la definición y diseño de esquemas de acreditación ajustados a sus necesidades constituye “una actividad estratégica para ENAC que cada vez se aprecia más por parte de los reguladores para lograr un despliegue eficaz de sus políticas en materia de evaluación del cumplimiento”.

Actualmente, más de 200 disposiciones nacionales y autonómicas, además de más de 100 a nivel europeo, incorporan la acreditación para garantizar la fiabilidad de productos y servicios, desarrollar mercados seguros y reforzar la protección de los consumidores. Estas normativas abarcan áreas tan diversas como la seguridad industrial, la salud pública, la ciberseguridad, el control de alimentos o la protección medioambiental, consolidando la acreditación como mecanismo transversal de garantía técnica en la regulación española y europea.