Unión de Uniones indica que la prohibición de fitosanitarios en las superficies del greening afectaría a 711.000 hectáreas
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se muestra contraria y critica la medida propuesta por la Comisión, y examinada durante el Consejo de Ministros de Agricultura, que prohibiría el uso de productos fitosanitarios en las tierras agrarias que los agricultores declaran para cumplir las condiciones impuestas por el greening.
Durante el Consejo, la Comisión ha insistido en llevar a cabo la medida aunque postergando su aplicación un año, es decir, a partir del 1 de enero de 2018. Unión de Uniones considera que, de llevarse a cabo, las siembras de leguminosas y proteaginosas sufrirían un importante retroceso como cultivos de interés ambiental.
La organización recuerda que, desde la entrada en vigor de la reforma de la PAC, más de 300.000 agricultores en España vienen obligados a respetar determinadas prácticas agroambientales para acceder a la parte ‘verde’ de las ayudas directas, entre las cuales está la de reservar el 5% de su explotación como superficie de interés ecológico, pudiendo optar para respetar esta exigencia por la implantación de cultivos fijadores de nitrógeno.
Gracias a la entrada en vigor de esta medida, las siembras de proteaginosas, de las que España es deficitaria, se incrementaron en más de un 33% entre la campaña PAC 2014 y la 2015, sobre todo en cultivos como el guisante o las habas, pero también con crecimientos notables en alfalfa y veza; producciones que cumplen un importante papel de fijación del nitrógeno en el suelo. En España, en la primera campaña de aplicación del greening, unos 50.500 agricultores han acreditado como superficie de interés ecológico más de 711.000 hectáreas de cultivos fijadores de nitrógeno.
Unión de Uniones insiste en que la prohibición del uso de fitosanitarios en estas superficies representa una dificultad importante para el mantenimiento de estas producciones, propensas a ataques de plagas, y que sin los adecuados tratamientos pueden mermar los rendimientos hasta arruinar la cosecha.
“La imposibilidad de realizar dichos tratamientos, tal y como propone la Comisión, tendría un efecto ambiental negativo y contrario al pretendido”, afirman desde la organización. “En primer lugar porque se reduciría la superficie de cultivos fijadores de nitrógeno, lo que aumenta la necesidad de aporte de fertilizantes al suelo y, por otro, porque las reducciones de producción de proteaginosas y leguminosas, en las que somos deficitarios, se pueden acaban cubriendo con mayores importaciones de cultivos como la soja, en su mayor parte transgénicos”, añaden.
Asimismo, Unión de Uniones manifiesta que la cuestión fue abordada ya durante las discusiones de la reforma de la PAC y que no hubo un consenso de los estados para implantarla. “La Comisión pretende ahora colarla por la puerta falsa mediante una reglamento delegado, pese a la oposición expresamente manifestada en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, por un conjunto de 18 países (Polonia, Rep. Checa, Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Croacia, Letonia, Luxemburgo, Lituania, Hungría, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Suecia., Finlandia y Reino Unido)”, insisten representantes de la organización.
Unión de Uniones reclama del Ministerio de Agricultura Español que se posicione junto a estos países contrariamente a la aprobación de la medida y que haga cuanto esté en su mano para impedir que salga adelante.
