Productores europeos mantienen su oposición a la aplicación del acuerdo con Mercosur

El campo europeo no tardó en reaccionar a la declaración de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, quien proclamó que el pacto comercial entre la UE y los países del Mercosur que hayan ratificado el acuerdo -por el momento Uruguay y Argentina -se empezará a aplicar, de forma provisional, una vez finalicen los últimos procedimientos legales para su aplicación, lo cual podría suceder en los próximos meses.

Eurodiputados, ministros y organizaciones agrarias criticaron la forma en la que la Comisión planteó esta aplicación, que llegaron a calificar de antidemocrática al no haber esperado a la ratificación de la Eurocámara, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios.

“La decisión unilateral de la Comisión Europea de aplicar provisionalmente el acuerdo con Mercosur es incomprensible”, dijo la ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard, mientras que la eurodiputada francesa conservadora en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Céline Imart, dijo que se trataba de una “elusión democrática”.

Por su parte, Copa-Cogeca, que reúne a asociaciones de agricultores y cooperativas a nivel europeo, advirtió en un comunicado de que “proceder de esta manera dejará una huella política duradera y podría socavar aún más la confianza entre las instituciones europeas y las comunidades rurales”.

El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, también reiteró en un mensaje desde Bruselas que la decisión de Von der Leyen pone “en jaque” al campo español y europeo, a la vez que -aseguró- le pedían “más tiempo” para analizar las consecuencias del acuerdo.

El pacto, que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo entre la UE, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, representando a más de 700 millones de consumidores, lleva negociándose más de 25 años. Según la Comisión, se acordaron salvaguardas para proteger al sector agrario europeo y se escogió una base legal similar a la de otros acuerdos de la UE, como el de Chile.

Las salvaguardas permiten al Ejecutivo comunitario investigar y actuar si las importaciones de productos agrícolas sensibles aumentan de forma significativa o entran a precios claramente inferiores a los europeos, e incluyen la posible suspensión temporal de las ventajas comerciales si se detecta un perjuicio, entre otras.

Todo esto, sin embargo, no es suficiente para “tranquilizar” a productores y consumidores, según las organizaciones agrarias que han bloqueado Bruselas en varias ocasiones durante el último año con motivo del acuerdo comercial. Según Copa-Cogeca, sus “preocupaciones” siguen incluyendo “el aumento de los volúmenes de importación” que, añaden, “ejerce presión especialmente sobre sectores sensibles como la carne de vacuno, las aves de corral y el azúcar”.

Además, aseguran que “la UE no ha obtenido garantías que realmente tranquilicen a productores y consumidores” en cuanto a “las persistentes asimetrías en las normas de producción, los requisitos medioambientales, las normas de bienestar animal, el uso de productos fitosanitarios y las normas laborales”.

Por otro lado, el ministro español de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió el anuncio de Von der Leyen a pesar de las críticas, y dijo que era “una gran oportunidad para nuestro sector agroalimentario”.

Del mismo modo, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, declaró a principios de febrero ante el Parlamento irlandés que, “en estos tiempos políticos tan turbulentos, es importante no tener todos los huevos en la misma cesta”.

El comisario defendió el acuerdo aludiendo a las debilidades en defensa que muestra la UE, lo que, según él, expone su vulnerabilidad económica y comercial, e hizo referencia también a las dificultades que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y China.