Navarra presenta 71 propuestas para conseguir una legislación que incluya la perspectiva rural

Navarra presentó recientemente 71 propuestas para conseguir una legislación que incluya la perspectiva rural en materias como envejecimiento activo, vivienda, formación profesional o emprendimiento. Las propuestas fueron planteadas por un grupo de 50 hombres y 50 mujeres, expertos en diferentes áreas, que participaron en el proyecto Mecanismo Rural de Garantía.

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, quien participó en la reunión de cierre del proyecto, celebrada el 24 de enero, declaró que “resulta fundamental garantizar que las comunidades rurales sean escuchadas y que se tenga en cuenta su bienestar a la hora de formular normativas, políticas y elaborar presupuestos. Los poderes públicos debemos legislar para los pueblos y las ciudades”.

En el encuentro también intervinieron el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya; el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; el director del Observatorio de la Realidad Social, Luis Campos; así como Joaquín Alcalde, director de El Hueco, entidad participante junto con la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Mecanismo Rural de Garantía “es un proyecto pionero a nivel estatal, puesto en marcha en 2021 por el Gobierno de Navarra, con el objetivo de identificar y proponer modificaciones en la legislación actual que impulsen el desarrollo de las zonas rurales”, añadieron las mismas fuentes. Con este objetivo se creó un grupo de cien personas (G100) expertas en diferentes ámbitos “que, a través de grupos de trabajo, recabaron y analizaron un conjunto de casos prácticos de catorce temáticas, agrupadas en cinco grandes bloques: servicios rurales de calidad, infraestructuras rurales, economías rurales, entorno rural, y legislación”.

Entre las propuestas, destacó la puesta en marcha de programas y planes de envejecimiento activo en el mundo rural, “dado que del análisis realizado se desprende que la legislación no prevé la existencia de espacios de encuentro que favorezcan un envejecimiento activo y, sobre todo, en compañía. Cabe destacar que el enfoque del envejecimiento activo proporciona un marco para el desarrollo de estrategias globales sobre el envejecimiento de la población”.

En el plano de las infraestructuras rurales, se propuso la necesidad de impulsar actuaciones en materia de vivienda que promuevan la rehabilitación, el alquiler, “así como la búsqueda de fórmulas que contribuyan a que las edificaciones en ruina pasen a ser un activo para el territorio y no un lastre, con cambios legales que obliguen a que las propiedades estén en manos de personas vivas y simplificando los trámites para que estos sean más agiles y menos costosos”. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que la disponibilidad de viviendas asequibles sustenta la vitalidad de las comunidades rurales y permite que las familias jóvenes sigan viviendo en sus áreas locales y que los trabajadores comunitarios (personal médico, de enfermería, docencia, etc.) se puedan establecer cerca de sus lugares de trabajo.

De izquierda a derecha: El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; el Consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, y Joaquín Alcalde, director de El Hueco.

Para potenciar unas economías fuertes y viables, desde el Gobierno de Navarra se estima necesario “legislar para construir una formación profesional estratégica acorde al territorio. Dado que la actividad profesional de muchos habitantes de las zonas rurales está condicionada por la existencia de formación específica en esa materia, se trata de diseñar la oferta de formación en base a las estrategias económicas y de producción del territorio”.

Con el fin de favorecer el desarrollo de las zonas rurales, “la legislación también debe facilitar la creación de ecosistemas de innovación y emprendimiento, y concentrar y redistribuir servicios para dinamizar la actividad productiva”. Para ello se propuso “diseñar núcleos o ‘hubs’ que concentren físicamente una determinada actividad productiva en las cabeceras de comarca, comunicándolos entre sí y con los pueblos que la comarca aglutina; crear un ‘marketplace’ de servicios de asesoramiento y consultoría accesible online y presencial; diseñar espacios de encuentro y actividades entre empresas consolidadas y nuevos emprendedores; y promover la inversión privada urbana en lo rural a través de foros de inversión y potenciando la creación de clubes de inversión y fondos especializados en desarrollo rural”.

En materia de infraestructura digital, se propuso cambiar el alcance de la legislación para que, en lugar de llegar a una cobertura relacionada con el número de personas, se haga en función de la superficie territorial.

Para potenciar los entornos rurales y regenerativos, el Ejecutivo Foral considera “clave” que la Estrategia y el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico incorpore “transversalmente el enfoque de la crisis ecológica, trabajando para el cumplimiento estricto de la legislación ambiental y, en los casos en que ésta haya quedado obsoleta y no responda a los retos del cambio climático, modificarla, siempre consultando con la población del medio rural”.

Además, se propuso una reforma fiscal que aplique los principios de “quien contamina paga y quien conserva, recibe; cuestión especialmente determinante en el caso de las producciones agrarias, para internalizar los costes ambientales y sociales de las producciones industriales”.

En el ámbito de una legislación que potencie las zonas rurales, se propone desarrollar una normativa que refleje la idiosincrasia y especificidad del ámbito rural, además de simplificar la gestión de los pequeños municipios y realizar un redimensionamiento de medios y recursos.