Atuc solicita a Hacienda recuperar el nivel de subvenciones de 2012
Ante la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc) solicita al Estado una mayor implicación a la hora de articular políticas relacionadas con la movilidad sostenible, “pues actualmente apenas subvenciona el 7% de lo que cuesta cada año el sistema.”
Desde Atuc se apunta que la cuantía de las ayudas se ha mantenido prácticamente intacta en los últimos siete años, “cuando las subvenciones de Hacienda se recortaron un 27% en plena crisis”. Esta reducción “está limitando el desarrollo del transporte público en un contexto de lucha contra el cambio climático y la contaminación en las ciudades”.
Para lograr ambos objetivos, en algunas de las principales ciudades españolas, se han puesto en marcha medidas dirigidas a reducir el tráfico de vehículos particulares. Desde la patronal del transporte público de personas se cifra en “casi 150 ciudades” en las que se ha cerrado el tráfico privado en sus centros urbanos.
En total, continúan desde Atuc, la Administración central, a través del Ministerio de Hacienda, “inyecta anualmente 51 millones de euros a más de 90 municipios, cuando los costes ascienden hasta los 5.000 millones. Estos fondos se completan con los cerca de 295 millones que reciben las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y este año también Valencia”. Estos 295 millones de euros se financian mediante los denominados contratos programa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, puesto que en los lugares citados el transporte público es más complejo y cuenta con varios modos (autobús, metro y tranvía) que precisan de mecanismos particulares de financiación que encarecen el coste del sistema.
Top 5 de ciudades que reciben más subvenciones*. Fuente: Atuc a partir de datos del Ministerio de Hacienda. *No se incluyen las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y Valencia.
Al menos el 15%
Para Atuc “es fundamental una mayor implicación del Estado, que debería como mínimo llegar al 15% de la financiación del sistema para contribuir realmente al desarrollo del transporte público urbano y metropolitano”. El colectivo considera que, de esta forma, “el esfuerzo de todas las partes implicadas sería mucho más equitativo y como tal debería quedar reflejado en una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito nacional, de la que España es el único país de Europa que carece actualmente.”
En la actualidad, el reparto de las subvenciones que realiza Hacienda se establece, “de media, en un 85% en función del déficit por billete, aportando más en aquellos casos en que los ingresos por billetes cubren menos costes y dejando a un lado factores tan importantes como la eficiencia.”
Con el actual método se puede dar el caso de que una ciudad que tenga un transporte público más complejo y, por tanto, una mayor necesidad de financiación, reciba hasta cinco veces menos fondos que otra con una población similar pero que -por tener unas condiciones menos complejas- puede justificar una menor eficiencia de su sistema, denuncia Atuc.
Ante esta situación la patronal solicita “una revisión de los criterios de reparto en el que no tenga tanto peso el déficit por billete y se dé mayor protagonismo a otros aspectos como la demanda, la longitud de línea o los criterios medioambientales; es decir, un modelo más equilibrado y eficaz y menos perverso.”
En opinión del secretario general de Atuc, Jesús Herrero, “tenemos un esquema de financiación de transporte público sin pies ni cabeza que debe ordenarse en una Ley de ámbito estatal. No podemos pretender que el transporte público sea la gran alternativa de movilidad en este momento de lucha contra el cambio climático si ni siquiera las ciudades saben con qué dinero van a contar durante el año”.
Herrero considera que el transporte urbano se aborde “desde una óptica nacional. Si la contaminación es un problema nacional, ¿por qué no tiene su misma consideración su solución? Y todo ello amparado en una mayor coordinación entre ministerios, desde Hacienda a Transición Ecológica, pasando por Fomento”.
