El PNA opta por criterios históricos para la industria y mezcla históricos y futuros para las eléctricas

El Plan de Asignación de emisiones prima a las industrias menos contaminantes

Redacción QU01/08/2004
El Plan Nacional de Asignación de emisiones contaminantes presentado por el Ejecutivo español se ha hecho esperar, pero ya está en Europa. La medida es una parte clave de los esfuerzos de la Unión Europea por cumplir con sus compromisos en el Protocolo de Kioto para reducir sus emanaciones de gases de efecto invernadero.
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El ministro de Industria, José Montilla, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentaron el pasado mes de junio el borrador del Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones contaminantes que, en general, opta por la aplicación de criterios históricos para el reparto de derechos de emisión entre las instalaciones afectadas de los sectores industriales, y por una mezcla de criterios históricos y provisionales en el caso del sector eléctrico.

Así, para el sector eléctrico peninsular, el Ejecutivo se ha decantado por un criterio “tecnológico” para el reparto de derechos entre instalaciones, es decir, teniendo en cuenta el futuro peso de cada tecnología en la cobertura de la demanda eléctrica del periodo 2005-2007. Se repartirán las emisiones reales de medias históricas del periodo 2000-2002.

De este modo, se prevé la progresiva desaparición de las centrales de fuel (recibirán derechos escasos o nulos), y una menor participación en el “mix” de generación de centrales de carbón amortizadas con más de 25-30 años de vida, de centrales de carbón que no invertirán para reducir sus instalaciones y de térmicas menos eficientes y con una progresiva disminución en la disponibilidad del carbón. Teniendo en cuenta estas consideraciones, dentro de las centrales térmicas, las más obsoletas, contaminantes e ineficientes recibirán menos derechos.

Por el contrario, el PNA –que ya ha sido remitido a la Comisión Europea– considera que las centrales de ciclo combinado de gas natural incrementarán su peso relativo en la cobertura de la demanda eléctrica del periodo considerado. Por ello, prima los criterios de emisiones previstas o futuras para la asignación de derechos a los ciclos, teniendo en cuenta el número previsible de horas que cada central vaya a funcionar y atendiendo a los estándares de emisión específica de este tipo de plantas.

El ministro Montilla recalcó que este criterio va en línea con la apuesta del Ejecutivo por impulsar para el futuro un mayor peso relativo de energías fósiles menos contaminantes (como el gas) y de renovables en la estructura de generación del país.

En el caso del sector eléctrico, el Ejecutivo se ha decantado por un criterio “tecnológico” para el reparto de derechos

Sectores industriales

En cuanto al resto de sectores industriales afectados, el Gobierno ha optado por una aproximación sobre la base de la media de las emisiones de los tres últimos años disponibles (2000-2002) para llevar a cabo el reparto de derechos por instalaciones.

La fórmula básica de asignación para cada planta se fundamenta en una distribución prorrateada de los derechos asignados al sector correspondiente según las emisiones de la instalación. Para el Ejecutivo, el criterio de emisiones históricas en este caso supone una mejor representatividad y permite verificar adecuadamente la información de base.

El sector eléctrico recibe 264 millones de toneladas para el periodo 2005-2007, 18 millones de toneladas menos que lo que está previsto que contamine
El documento presentado recoge también un listado de cerca de 1.100 instalaciones afectadas por la Directiva comunitaria de comercio de emisiones y, por tanto, por el PNA. Sin embargo, no incluye la asignación concreta para cada instalación.

El texto del gobierno cifra en 100 millones de toneladas para 2008-2012, es decir, un 7 por ciento más de las emisiones de 1990, el volumen total de créditos procedentes de los mecanismos de flexibilidad que necesitará España. Por ello, se fomentará la adquisición de créditos para el exceso de emisiones en los ámbitos “difusos” (transporte y residencial).

Se reparte el esfuerzo entre los sectores de la Directiva europea y los no incluidos en ella, de forma que se mantiene la proporción actual en el total nacional de emisiones con un 40,5 y un 59,5 por ciento, respectivamente.

Esto supone para las emisiones globales un objetivo de 398,1 millones de toneladas de CO2 equivalente en promedio anual para 2005-07, con una reducción del 0,4 por ciento respecto a las de 2002 (399,7 millones de toneladas).

Para los sectores incluidos en la Directiva (eléctrico, petróleo, cemento, vidrio, papel y siderurgia), se propone un reparto de 156,25 millones de toneladas en promedio anual, así como una reserva adicional del 3,2 por ciento para nuevos entrantes.

Para los sectores no incluidos (transporte y residencial), se requieren medidas adicionales que conduzcan a una reducción total de emisiones por valor de unos 52 millones de toneladas en 2005-2007, además de asegurar el cumplimiento de las ya previstas.

Se está elaborando un Plan de Acción 2004-2007 que identifique las medidas adicionales necesarias para cumplir con el escenario.

Sector eléctrico

En concreto, se prevé para el sector eléctrico un total de 264 millones de toneladas de emisiones en el período de asignación 2005-07, con una repercusión “mínima” en las tarifas, según explicó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. “Se minimizarán las tarifas eléctricas porque sin ninguna duda habrá un aumento”, afirmó. La previsión de generación eléctrica alcanzaría los 94 millones de toneladas anuales.

Para los sectores industriales, el avance del borrador establece 215,16 millones de toneladas en los tres años, incluidos aumentos de capacidad de los operadores existentes, 8,28 para nuevos entrantes y 1,32 millones de reserva no repartidos sectorialmente, que constituirán una bolsa para entrantes industriales no identificados.

El grado de cobertura respecto de las peticiones es de un 95,17 por ciento para el refino de petróleo; 97 por ciento, para la siderurgia; 93,21 por ciento, para el cemento y la cal, y 95,53 por ciento, para papel y cartón.

Además, se creará una reserva gratuita para los nuevos entrantes en el régimen de comercio comunitario, que suponga en los sectores industriales un 3,2 por ciento de las emisiones de referencia. Pero no se admitirá el “banking”, es decir, el arrastre de derechos del primer período de asignación al segundo.

Un reto para España

Durante su presentación, la ministra de Medio Ambiente calificó este proyecto de “reto positivo” para España y anunció que a partir de este avance se iniciará un proceso de diálogo con los agentes implicados (Industria, ONGs, Comunidades Autónomas).

Narbona añadió que desde el Ministerio de Industria se está trabajando en mejorar los contenidos de la estrategia energética “que no tenía suficiente concreción”, además de mejorar el último Decreto que regula en España la cofinanciación de las energías renovables.

En su opinión, los techos de emisiones por sectores se podrán cumplir con el esfuerzo económico de las empresas, asegurando que todos los planes de acción complementarios tendrán asignación presupuestaria si es necesario.

En esta línea, Narbona afirmó que con el escenario previsto no hay ningún riesgo de abastecimiento de energía en los próximos años, puesto que está diseñado para combinar la dualidad en el esfuerzo con las necesidades de la demanda. “Tenemos que ser un país mucho más eficiente en el uso de la energía”, concluyó.

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