El Gobierno aprueba incrementar la seguridad de las explotaciones de hidrocarburos en el mar
La nueva norma “establece una batería de obligaciones a los operadores para la reducción sistemática de los riesgos, entre ellas, la elaboración de un informe sobre riesgos de accidentes graves actualizado en el que se contará con la participación de los trabajadores. Asimismo, se exige que un tercero independiente al operador verifique todos los elementos críticos para la seguridad del operador”, informaron fuentes del Ejecutivo central.
La norma recoge la creación de la ‘Autoridad Competente para la Seguridad en las Operaciones Marinas’ en materia de hidrocarburos. Su principal atribución será garantizar que la explotación de hidrocarburos se realiza con la máxima seguridad. Entre sus funciones “destaca las de supervisión, inspección, cooperación en investigaciones, instrucción de expedientes sancionadores, así como la validación del informe de riesgos graves de accidente”.
El Real Decreto Ley dota a esta Autoridad “de amplios poderes para poder cumplir su función con eficacia y así, podrá paralizar o prohibir los trabajos si las medidas propuestas por el operador en lo relativo a la seguridad de las instalaciones o de las operaciones se consideran insuficientes. Finalmente, puede oponerse al otorgamiento de un permiso de investigación o de una concesión de explotación si considera que el solicitante no reúne tiene capacidad técnica y económica suficiente”.
Plan de emergencia del Ministerio de Fomento
El Ministerio de Fomento, cooperando con todos los agentes y administraciones implicados, será el encargado de elaborar un plan externo de emergencia “que abarcará el conjunto de instalaciones en medio marino, donde se especificará el cometido y las obligaciones financieras de los concesionarios y los operadores. Además, se organizarán periódicamente ejercicios y simulaciones de situaciones de emergencia”.
Por último, se establece la publicación de informes e información sobre el desarrollo de estas actividades que estarán públicamente disponibles, en línea con las políticas de transparencia del Gobierno.
