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Logros y aportaciones desde nuestra adhesión al proyecto europeo

La eficiencia energética en el proceso de construcción europea

Luis Ciro Pérez Fernández y Francisca Rivero García. Departamento de Estudios e Información de Base, IDAE. 01/02/2005

En las tres últimas décadas se han producido cambios en el panorama energético mundial que han modificado, y siguen haciéndolo, el papel de los sectores energéticos en la escena económica y que han otorgado a las políticas de eficiencia energética y de desarrollo de las fuentes renovables una relevancia especial. La Unión Europea, con un protagonismo destacado en la puesta en marcha de estas políticas, ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo experimentado en España, a la vez que nuestro país la está teniendo en el concierto europeo y mundial de crecimiento del uso de algunas energías renovables, en especial de la eólica.

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A mediados de los setenta, tras la primera gran crisis del petróleo, que puso de manifiesto la vulnerabilidad de las economías occidentales frente a cambios bruscos del precio de esta materia prima, se pusieron en marcha en la mayoría de países occidentales políticas para mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia del petróleo. La segunda crisis, de 1979-80, acentuó la necesidad de esas políticas, que produjeron, de forma generalizada, reducciones de la intensidad energética y una disminución del peso del petróleo en los balances energéticos.

En España, a diferencia de lo que ocurrió en la mayoría de los países de la OCDE, hasta comienzos de los ochenta no se inició una política efectiva de eficiencia energética. La promulgación de la Ley 82/1980 de Conservación de la Energía, es el verdadero punto de partida en esta materia en nuestro país. Desde entonces y, en cierta medida, bajo la orientación de esa ley, se han puesto en marcha distintos programas de ámbito nacional, regional y, desde 1986, comunitario, que han promovido la eficiencia energética y la diversificación de fuentes, con más éxito hasta la fecha en este último campo, ya que, tras las significativas mejoras de la intensidad energética iniciadas en España al comienzo de los ochenta, nuestro país mantiene desde hace más de tres lustros una tendencia creciente de ese indicador, a diferencia de lo que viene ocurriendo en la mayoría de países de la Unión Europea. Algunos factores, como el fuerte proceso de equipamiento familiar y automóvil, más acusado en España que en muchos de los países de nuestro entorno, ayudan a explicar en parte esa tendencia.

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La entrada de España en la Comunidad Económica Europea, en 1986, no sólo ha supuesto un impulso al desarrollo económico y social de nuestro país, y una importante transformación de los sectores energéticos, sino que, como parte de esa transformación, ha sido un elemento clave para dinamizar las actuaciones en materia de eficiencia energética y promoción de energías renovables, y ello por diversos motivos, pero especialmente por dos:
  • Armonización del marco legislativo.
  • Programas comunitarios de apoyo.

Por lo que se refiere al marco legislativo, toda una serie de directivas e iniciativas comunitarias ha condicionado un desarrollo normativo en nuestro país favoreciendo, por lo general, un mayor nivel de exigencia en la adopción de medidas de eficiencia energética y promoción de las fuentes de energía renovables.

Desde finales de los ochenta, comenzó a tomar fuerza en el seno de las Comunidades Europeas la necesidad de creación de un mercado único de la energía, que contribuyera a la competitividad general del sector, a la utilización eficiente de los recursos y a la seguridad de abastecimiento.

A mediados de los noventa, la política energética comunitaria quedó recogida en el Libro Blanco de la Energía, que destacaba la necesidad de integración del mercado como factor central y determinante de la política energética comunitaria, y señalaba la necesidad de compaginar la competitividad, la seguridad de abastecimiento y la protección del medio ambiente.

Desde entonces, diversas iniciativas comunitarias se han ido poniendo en marcha para mejorar la eficiencia energética y aumentar el uso de energías renovables. Sin ánimo de ser exhaustivos, cabe señalar:

  • Libro Verde de la Comisión Europea: Hacia una Estrategia Europea de Seguridad del Abastecimiento Energético.
  • Directiva 1999/94/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos. Ya transpuesta a la legislación española.
  • Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la Promoción de la Electricidad Generada a partir de Fuentes de Energía Renovables en el Mercado Interior de la Electricidad.
  • Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte, que establece unos objetivos indicativos, calculados sobre la base del contenido energético, del 2 por ciento a finales de 2005 y el 5,75 por ciento a finales de 2010, de la gasolina y el gasóleo comercializados con fines de transporte en los respectivos mercados nacionales. Ya transpuesta a la legislación española.
  • Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Esta Directiva supone dar vía libre a la aplicación de una exención o reducción de impuestos especiales a los biocarburantes producidos en instalaciones de carácter industrial.

Asimismo, importantes en el ámbito de la eficiencia energética han sido, entre otras, las directivas relativas al etiquetado de electrodomésticos, a eficiencia energética en edificios, a cogeneración y requisitos mínimos de rendimiento, así como la Directiva sobre comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, dando lugar esta última a la elaboración de nuestro Plan Nacional de Asignación.

En cuanto a los programas comunitarios de apoyo a la eficiencia energética y a las fuentes renovables, cabe destacar:

  • Programa Valoren 1986-1991. Programa específico, orientado al desarrollo regional, que destinó fondos comunitarios a la mejora de la eficiencia energética y al desarrollo de las energías renovables.
Nuestra entrada en la CEE, en 1986, supuso una importante transformación de los sectores energéticos
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  • En el ámbito de la investigación y desarrollo (I+D), una serie de programas específicos, de corte tecnológico, se han ido poniendo en marcha desde 1986, con el objetivo de procurar la integración de las tecnologías energéticas españolas con las comunitarias. Es el caso de los Proyectos de Demostración iniciados en 1986, a los que siguieron, entre otros, el Programa Thermie, el Joule-Thermie, y los Programas Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IV, V y VI Programa Marco, vigente en la actualidad este último).
  • Programas de difusión y valorización de tecnologías viables desde el punto de vista económico. Inicialmente, se conocían como “Programas Marco de Energía”, si bien ahora reciben la denominación genérica de Programa “Energía Inteligente para Europa”. Dentro de este epígrafe se encuentran actuaciones bien conocidas por las empresas y agencias españolas:
    • Altener (para energías renovables),
    • Save (eficiencia energética),
    • Synergy/Coopener (cooperación internacional en el ámbito de la energía) y, recientemente,
    • Steer (aspectos energéticos del transporte).
  • Por otro lado, en el Marco Comunitario de Apoyo 1994-1999, se instrumentó una subvención global en el ámbito específico de la eficiencia energética y energías renovables que, bajo la denominación Subvención Global Feder-Idae, destinó alrededor de 65 millones de euros de fondos estructurales hacia las regiones objetivo 1, para la financiación conjunta con la Administración española de proyectos de eficiencia energética y energías renovables, en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en España (PAEE).
  • En el actual periodo de programación (2000-2006) del Marco Comunitario de Apoyo, la Administración General de Estado no dispone de un programa específico para la canalización de fondos comunitarios hacia eficiencia energética y energías renovables. Sin embargo, existen unos programas de incentivos generales para inversiones que pueden disfrutar de estos fondos, como es el caso del Programa de Incentivos Regionales y el Programa Operativo Local (POL).

Pero la pertenencia de España a la Unión Europea no sólo ha beneficiado a nuestro país en el ámbito que nos ocupa; también hemos hecho algunas contribuciones, entre las que cabe señalar:

  • El sistema de primas a la electricidad generada con fuentes renovables y cogeneración que, con diversos cambios y adaptaciones, viene funcionando en España desde hace dos décadas. Este sistema complementado, en los momentos de despegue, con ayudas a la inversión, ha resultado altamente exitoso en el desarrollo de la energía eólica en España –que ha convertido a nuestro país en líder mundial en esta tecnología– a la vez que ha permitido, en su momento, un buen crecimiento de la cogeneración, de la energía minihidráulica y de otras formas eficientes de generación eléctrica.
A mediados de los noventa, la política energética comunitaria quedó recogida en el Libro Blanco de la Energía
  • El sistema de Financiación por Terceros (FPT) –activado en Europa desde instancias comunitarias–, ha sido utilizado con acierto en España desde la segunda mitad de los años ochenta, para la financiación de proyectos de eficiencia energética y energías renovables. Recientemente, España (a través de IDAE) ha recibido un premio especial de la Campaña del Despegue de las Energías Renovables de la Unión Europea por la contribución de dicho mecanismo al desarrollo de las renovables y la eficiencia energética.
  • La experiencia adquirida en la gestión de fondos comunitarios, ha servido para ser trasladada para la actuación en los nuevos Estados miembros.

La constitución europea

La celebración el 20 de febrero del referéndum sobre la Constitución Europea obliga a hacer una primera reflexión sobre el texto del Tratado, en lo relativo a la política energética, en general, y a la eficiencia energética y las energías renovables, en particular.

La Constitución Europea establece, como objetivos principales de dicha política, garantizar el funcionamiento del mercado, garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión y fomentar la eficiencia energética y el ahorro, así como el desarrollo de energías nuevas y renovables. No obstante, la Constitución deja margen de maniobra suficiente a los Estados nacionales y, por lo tanto, al Estado español, para decidir sobre la estructura general de su abastecimiento energético.

El fomento de la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables aparecen reflejados en la ley de leyes de la Unión como los objetivos de la política energética que desarrolle la Unión Europea, que habrá de instrumentalizarse en leyes o leyes marco.

El hecho de que la futura Constitución Europea asuma como objetivos principales de la política energética el fomento de la eficiencia y el desarrollo de las energías renovables viene a significar que las actuaciones en este terreno van a tener una enorme importancia en las próximas décadas.

España cuenta con una ventaja competitiva que puede y debe explotar en el sector de las energías renovables, por la importancia y los volúmenes de producción de los fabricantes españoles de tecnologías de aprovechamiento de estas energías, que disfrutan de una posición de liderazgo en los mercados internacionales. El hecho de que la Constitución Europea asuma el objetivo de desarrollo de las energías renovables contribuye a la mejora de las expectativas de crecimiento de este sector en España, que puede incrementar sus exportaciones.

El fomento de la eficiencia energética es un objetivo asumido también por el Estado español, por lo que la adopción de este objetivo por la Constitución Europea permitirá a España contar con el apoyo del resto de los Estados de la Unión. España debe hacer, en esta materia, un gran esfuerzo por reducir los índices de intensidad energética, por lo que las medidas de mejora de la eficiencia en el uso de la energía habrán de pasar al primer plano de la actualidad nacional.

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