17.070 infracciones administrativas en las inspecciones a talleres realizadas en 2014
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha firmado un procedimiento de colaboración con Mario Armero Montes, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y con Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), con la finalidad de promover la colaboración en tareas, actividades y proyectos que permitan mejorar la investigación de las actividades ilícitas desarrolladas en el ámbito de la reparación y el mantenimiento de vehículos, favoreciendo así su erradicación.
Este tipo de actividades ilícitas desarrolladas en el ámbito de la reparación y mantenimiento de vehículos incumpliendo la normativa reguladora suponen un grave perjuicio para toda la sociedad, por cuanto ponen en riesgo tanto la seguridad vial (al realizar reparaciones carentes de control de calidad y garantía) como la seguridad medioambiental (espacialmente en lo referente al reciclaje de productos de desecho). Además de que constituyen un campo de cultivo propicio para el fraude fiscal y para el incumplimiento de la normativa reguladora de la Seguridad Social y de la de los trabajadores, además de suponer una competencia desleal para las empresas que cumplen todos los requisitos legales vigentes.
Durante el pasado mes de octubre de 2014 la Guardia Civil llevó a cabo un plan de intensificación en las inspecciones a talleres mecánicos, tras haber tenido conocimiento de la proliferación de establecimientos regentados por personas que aunque tenían conocimientos en la materia, carecían de cualquier titulación ni licencia de actividad.
En cuanto a los resultados de la operación, se llevaron a cabo 5794 inspecciones con la interposición de 9549 denuncias de carácter administrativo que han sido tramitadas por los órganos competentes de las diferentes Comunidades Autónomas. De ese total, el 61.7% lo fueron por incumplimiento de la normativa medioambiental; el 27.9% por carencia de licencias municipales o incumplimiento de la normativa de industria; el 10.4% restante corresponden a infracciones a otro tipo de regulación entre las que destacan las relativas a la Seguridad Social o a la normativa Tributaria. Como consecuencia de ello, al finalizar y analizar los resultados de esta operación, un total de 238 talleres ilegales han clausurado su actividad.
El director general de la Guardia Civil ha precisado que se ha pasado de realizar 61 inspecciones en el año 2011, a 6.548 en el año 2014, multiplicando por cien el número de actividades inspectoras que inciden directamente en la seguridad ciudadana. Así mismo, se ha pasado de formular 308 denuncias por infracciones administrativas en el año 2011, a 17.070 en el año 2014, lo que da una idea del compromiso adquirido por esta Institución en los últimos años.
En el siguiente cuadro se puede apreciar el incremento de infracciones, inspecciones, delitos y detenidos en los últimos años en el ámbito de la investigación de la actividad de los talleres mecánicos ilegales:
Arsenio Fernández de Mesa ha valorado la importantísima asistencia recibida de las Asociaciones Anfac y Ganvam en su labor orientadora de los servicios de inspección establecidos en la Operación, asesorando al personal de la Guardia Civil involucrado sobre los requisitos que han de cumplir las instalaciones dedicadas a la reparación y mantenimiento de vehículos, tanto desde el punto de vista administrativo, como de gestión de residuos, o del régimen regulador en los ámbitos industrial y tributario. Por ello se ha suscrito este acuerdo con las Asociaciones Anfac y Ganvam con el objetivo de hacer frente a esta problemática de una forma más efectiva, promoviendo la colaboración en actividades que permitan mejorar la investigación e inspección de dichas actividades ilícitas
Por su parte Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac, ha señalado que el sector de la reparación de vehículos ha perdido en los últimos 6 años un 30% de su facturación, y más de 12 millones de reparaciones anuales en este mismo periodo, como consecuencia en los hábitos de los consumidores hacia un menor gasto y realización de las reparaciones imprescindibles sobre todo en vehículos más antiguos, que son las que están creciendo en el parque. Las actividades ilegales detectadas son de diversa índole, medioambiental, fiscal, laboral y con un efecto muy perjudicial sobre la seguridad vial y la recaudación de la administración
Desde el sector hay la firme voluntad de contribuir a la erradicación de la actividad ilegal de reparación. Desde Anfac se estima que la operación y el trabajo llevado a cabo por la Guardia Civil hasta el momento ha supuesto aflorar una bolsa de economía sumergida de 130 millones de € y ha contribuido a la conservación de 2.400 puestos de trabajo
Según el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, que representa a más de 6.000 empresas dedicadas al mantenimiento y reparación de vehículos, la hipersensibilidad del consumidor al precio ha propiciado la proliferación de reparaciones ilegales low cost, que concentran más del 20% del total en todo el territorio nacional, generando unas pérdidas de más de 3.500 millones de euros desde 2008 al sector legalmente establecido.
En este sentido, Sánchez Torres ha asegurado que hay alrededor de 10.000 negocios que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social, acumulando un fraude de 230 millones anuales en impuestos y cerca de 112,5 millones en cotizaciones sociales por la actividad sumergida.
Por otro lado, ha insistido en que la ‘Operación Talleres Mecánicos’ ha permitido en este último año cerrar cerca de 240 talleres ilegales y ha contribuido a que más de 1.000 talleres subsanen sus deficiencias completamente.
Según el presidente de Ganvam la reparación ilegal tiene un impacto negativo en el consumidor que queda desprotegido al no disponer de facturas, presupuestos ni las garantías de reclamación. También supone un riesgo para la seguridad vial, ya que no es posible garantizar que los vehículos reciben una reparación segura; por no hablar del impacto medioambiental de un negocio incapaz de garantizar el cumplimiento de la normativa de gestión y reciclaje de los más de 38 tipos de residuos que genera la actividad del taller.
