Morosidad en Obras Públicas. Sin excusas
El Plan de Pago a Proveedores de Ayuntamientos y CC.AA., a pesar de que era un plan de todos y que todos pagaban, finalmente no benefició a la totalidad. Por una parte, no se consiguió asegurar el cobro de las subcontratas (proveedores de proveedores), y aún hoy algunas continúan sin cobrar por parte de los que sí recibieron el dinero de las Administraciones. Una pena y una injusticia.
Por otro lado, en ese plan de pago a proveedores quedaron excluidas muchas facturas relacionadas con el sector de la construcción. El hecho de no haber sido incluidas en ningún caso quiere decir que pueda perderse el derecho al cobro.
Es triste pero es necesario recordarlo. Las AA.PP. siempre deben pagar en plazos. Al menos así lo señala nuestra Ley 15/2010 y también lo hará la Directiva Europea 2011/7/UE, que exigirá a la Administración pagar en un plazo máximo de 30 días y a las empresas de 60 (frente a los pagos reales, a 98 y a 162 días respectivamente, según nuestro estudio de la PMcM referente a 2011). Con estas cifras, España se encuentra en el tercer puesto en la UE con plazos de pago más dilatados, por detrás solo de Grecia y de Italia, de acuerdo con nuestro último informe comparativo.
Si a partir de marzo de 2013 no se cumplieran los plazos fijados por la Directiva Europea entonces se prevé la posibilidad de cobrar interés legal de demora, así como la compensación por los costes de cobro, y, según fuentes europeas, hasta se podría llegar a sancionar al Gobierno español.
En el sector de la construcción, en el que es muy habitual el modelo de negocio basado en subcontratas, existen muchas pymes y autónomos, que están expectantes. Cuidado, muchas difícilmente soportarían un castigo más.
Un halo de esperanza ha surgido con las palabras del titular de Hacienda, que dice que todas las administraciones pagarán a sus proveedores a 30 días a partir de este verano. Nos congratulamos de este anuncio pero insistimos en que es necesario tomar medidas con carácter urgente.
Desde la PMcM vemos viables y eficaces muchas opciones para acabar con esta lacra, como crear el Observatorio de la Morosidad que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; establecer un régimen sancionador con multas de hasta 900.000 euros; implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia; y aplicar el criterio de caja en el devengo del IVA de pymes y autónomos. Pongámonos firmes para reducir la morosidad. Que no nos engañen, no hay excusas.
