Entrevista a Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM)

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) es una confederación de asociaciones patronales creada en 2008 con el objetivo de combatir la morosidad existente en España e impulsar una cultura ética sobre el cumplimiento de los plazos de pago. Un objetivo que debería ser prioritario para cualquier gobierno y que se ha tornado cuasi en misión imposible para los miembros de esta plataforma, con Antoni Cañete presidiéndola actualmente con pasión y sin descanso, como refleja esta entrevista.

Durante demasiado tiempo ha prevalecido el concepto que quien paga, manda. Y eso, en la relación, cliente – proveedor, ha comportado muchos problemas.

Pese a que la situación ha mejorado, partíamos de una situación tan negativa que todavía estamos lejos de cumplir con la ley en relación a los plazos de pago: en 2009 el sector privado pagaba a 101 días y en 2013 lo hizo a 85. Se ha mejorado, ciertamente, pero si tenemos en cuenta que se debería pagar a 60, todavía hay un desfase de 25 días. Por otra parte, debemos tener en cuenta que esta es la media de toda España con lo que si cruzamos estos datos con los referentes sólo a las empresas del Ibex 35, que pagan a 180 días, vemos que las pymes, precisamente, son las que mejor pagan. Y lo mismo si lo comparamos con el mercado continuo, que paga a 188 días. ¿Qué demuestra esto? Que cuanto mayor es la empresa, peor paga. Es una situación de asimetría e incluso de dominio del cliente respecto al proveedor, en este caso del grande sobre el pequeño. Así que podemos decir que la situación progresa adecuadamente pero todavía queda lejos de lo que marca la normativa. Por lo tanto, ante una directiva europea y una normativa española que marcan las pautas de los plazos de pago, éstas se están incumpliendo, con las consecuencias que ello supone. Esto en el sector privado.

En el ámbito público, la situación es parecida. En 2009 pagaban con una media de 154 días y en 2013 era de 111. Han mejorado también… ¡Pero es que deberían pagar a 30 días!

Gracias al FLA y los planes de pagos a proveedores puestos en marcha, se ha pagado lo que se debía de años anteriores. En consecuencia, al mejorar la situación de los pagos por parte de la administración pública, ha mejorado también sensiblemente en el sector privado…

Claro. Pero ¿dónde está la gran demanda nuestra actual? Desde la Plataforma seguimos denunciando que la Administración sigue siendo el mayor contratista del país y no está pagando tal y como marca la ley, con las consecuencias que ello supone, y cuando lo hace, el cobrador no paga a su eslabón inmediatamente inferior de la cadena. Por lo tanto, no sólo debemos exigir que la Administración en tiempo y forma como marca la directiva europea y la ley española, sino que esta cadena de pagos no se interrumpa. Actualmente nos encontramos con muchas empresas que están cobrando de la Administración pero lo utilizan para sanear sus balanzas y no para pagar a la cadena de suministro. Es un caso muy evidente en el campo de las grandes constructoras, englobadas en Seopan. Por ello desde la Plataforma no entendemos cómo no existen mecanismos que obliguen al cumplimiento de la ley española. Podemos demostrar que una de cada tres empresas que cierra lo hace por consecuencia de la morosidad. ¿Qué hay más importante hoy que evitar el cierre de empresas, con lo que supone para la Seguridad Social? Evitar el cierre asegura el mantenimiento de empleos y del Estado del Bienestar. El Estado no sólo debe hacer una ley que obligue sino que además tiene que asegurar que las empresas cumplen.

Por cierto, desde la Plataforma estamos denunciando también en Europa que la ley española la intentan alterar para introducir excepciones que permitan, a las grandes empresas, pagar fuera de plazos.

Es básico. Y hay más. Cuando preguntamos a las empresas qué porcentaje, del total de contratos que están firmando, lo hacen fuera del plazo que marca la ley, resulta que son el 70% o más. Es decir, estas empresas nos están diciendo que actualmente firman contratos conforme pagarán con plazos superiores de lo legamente permitido. Se trata de cláusulas ‘nulas de pleno derecho’, porque la ley impide estos acuerdos. Pero es la realidad. Así, si hay un país donde las empresas se saltan la ley, es evidente porque ellas mismas lo reconocen y además estamos lejos de solucionar la situación… es España. Pero aquí funcionamos así. Cuando nos limitan la velocidad en la autopista, levantamos el pie del acelerador y cuando nos dicen que no hay radares, volvemos a correr. Pues en el caso de la morosidad ocurre lo mismo. Hay que poner radares, un régimen sancionador que asegure que las empresas que cobran de la Administración, pagan a su cadena de suministro. La ley es condición necesaria pero no suficiente, como se ha demostrado.

Desde la Plataforma planteamos los hechos y estos son claros. Las pymes españolas son más pequeñas que las de países de nuestro entorno. Y las grandes empresas son mucho mayores. Podemos preguntarnos por qué y analizar posibles intereses y conexiones pero no hay pruebas para denunciar malas prácticas. Lo que sí podemos comprobar es cómo, con el Plan de Proveedores, unos cobran pero el líquido no fluye hacia las pequeñas empresas. Y que el coste energético que pagan las pymes españolas es superior al coste de las pymes de países cercanos, y me remito a un estudio realizado por Pimec al respecto y donde demostraba este diferencial. O que cada vez que aumentamos los plazos de pago, hacemos que nuestras empresas sean menos viables y menos competitivas.

Un ejemplo gráfico

Comparamos una empresa española y una francesa, de 10 M€ de facturación, exactamente idénticas. A la empresa francesa le pagan a 42 días de media mientras que a la española 160 días. Ésta necesitará por lo tanto 5 millones de euros para financiar lo que sus clientes le pagan tarde. Cuando vaya al sistema financiero para abrir una línea de crédito para solicitar la mitad de su facturación, lo tiene muy complicado. Por su parte, la francesa sólo necesitaría sobre un millón de euros, lo que no es tan difícil. Ante esta situación, es fácil pensar que la española no obtendrá la póliza de crédito y deberá cerrar, mientras que la francesa no. Escalado al ámbito de país, podemos decir que aquél con plazos de morosidad inferiores es más viable que los que admiten plazos mayores. Pero supongamos que la empresa española tiene suerte y logra una póliza de crédito… deberá devolverlo y no son los mismos intereses de 5 millones que de uno. Por lo que si ambas empresas son iguales y fabrican lo mismo, perderá competitividad: o incrementa precios para pagar la deuda o pierde beneficios. Esta situación, escalada al ámbito nacional, explica por qué, con unos índices de morosidad mayor, la crisis afecta más a España que a otros países con unos plazos de pago más controlados.

Efectivamente. Francia, por ejemplo, tiene uno. Pero no sólo eso sino que, además, duplicó en 2014 las cantidades por incumplimiento. Y lo ha hecho para ser competitivo frente a su máximo competidor, Alemania, que paga a 30 días. Esta actitud es la que caracteriza a un país que tiene claro qué nivel de morosidad, viabilidad y competitividad quiere. Francia en este sentido ha puesto en marcha un Observatorio para analizar cómo pagan sus países competidores además de medidas no coercitivas, que también pedimos en la Plataforma, como un mediador, el tribunal de comercio, etc. y, finalmente, las medidas sancionadoras.

Lejos, pero no tanto. Hay que reconocer que en los últimos tiempos hemos dado un salto cualitativo muy importante, y es bueno que se sepa. Ante los que opinan que unirse y luchar no sirve hay que decir que el trabajo realizado hasta ahora por la Plataforma ha sido de gran utilidad. Por ejemplo en la ley 3/2004, la ley del ‘pacto de las partes’.

Para explicarlo tenemos que retroceder un poco. Europa aprobó una directiva europea sobre plazos de pago que no se traspuso en su momento en España y que sólo se hizo cuando desde Pimec se denunció el caso a las entidades europeas. Hay que recordar que por aquel entonces no existía todavía la Plataforma. Entonces, la ley se traspone, pero se hace tarde y mal, incluyendo el concepto del ‘acuerdo de las partes’. Con él, la ley admitía que la obligación de pagar cuando marcaba Europa ‘salvo que las partes acordaran otro plazo’. En este momento, y gracias a la movilización de la sociedad civil, algo que es importante remarcar, nace la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad para modificar esta ley 3/2004. Y quiero resaltar que la PMcM es la más importante movilización de la sociedad civil que se ha producido jamás en el ámbito económico. ¿Qué supone esta acción? Que hoy ya no existe ‘acuerdo de las partes’ y que hoy podemos denunciar a las empresas que no cumplen con la ley. Es decir, yo hoy no podría decir que las empresas del Ibex o del mercado continuo incumplen con la ley si los plazos de pago no estuvieran contemplados en dicha ley. Y esto es así porque en Europa, donde detectaron que esta cuestión era un problema en determinados países —Italia, Grecia, Portugal y España— se aprobó una directiva que obliga a determinados plazos de pago.

Sin duda. Un nórdico, que paga a 34 días, no entiende cómo en España hay pagos a 168 días. Y debemos entender que pagar tarde alimenta la corrupción, es un modo de corrupción incluso. E impide que las pymes sean más competitivas. Y cuando hablamos de morosidad no sólo es hablar de plazos de pago sino de por qué este país está viviendo una crisis de gran profundidad y con unos índices de competitividad mucho menores que los países del entorno. Arreglar la morosidad es dar futuro al país, además de un concepto cultura.

La normativa europea marca las pautas. La directiva dice: quien pague tarde, de oficio, debe pagar unos intereses marcados por ley, que dependen del precio del dinero en cada momento. ¿Cuál es problema? Que estos intereses no se pagan. Ni siquiera la Administración.

Sí, o la propia demanda del acreedor. Si uno debe impuestos, la liquidación del IVA o l IRPF o cualquier otro pago a la administración, ésta le aplica un recargo de oficio. ¿Por qué esto no existe en el caso de la morosidad? Es más, en el Plan de Pagos a Proveedores se planteaban quitas y desde la Plataforma lo pudimos impedir y también hemos alertado al gobierno de nuestra oposición a que no paguen intereses. Desde Europa, por su parte, informan que los intereses se pueden reclamar los intereses de oficio. Es decir, una empresa tiene pendiente una factura de 100 euros y la administración no paga. Dentro de un año la empresa puede enviarle una factura por valor de 108€ sin más explicaciones. ¿Dónde está el problema de estas dinámicas? Que una empresa que actúa así piensa, posiblemente con acierto, que no volverá a trabajar más para la administración. Por ello, la relación cliente-proveedor no puede dejarse en manos de ‘acuerdos de las partes’ ni depender de denuncias sino que debe poder actuarse de oficio.

Cuando este tipo de situaciones las analizamos desde el punto de vista de país, nos damos cuenta de la dimensión real. Estamos hablando de pagar bien para la competitividad y viabilidad de las empresas y del propio país pero vivimos en uno donde la ingeniería de pagos y la cultura de la picaresca promovieron que la Administración creara un producto que distorsionó completamente la economía y que ha sido que ha sido el gran causante de la profundidad de nuestra crisis. Por ello digo que España ha sido el inventor del helicóptero, el submarino y el ‘confirming’.

El ‘confirming’ es un sistema de gestión de pagos. Mediante ‘confirming’, un cliente puede pagar a 400 días, por ejemplo, pero el proveedor puede ir al banco al día siguiente y cobrarlo, haciéndose cargo de los intereses y los costes.

Sí, comiéndose los beneficios. Existen dos tipos de ‘confirming’: con recurso y sin él. En el segundo caso, el acreedor cobra el dinero asumiendo intereses y costes, y se olvida. Pero en el caso de ‘confirming’ con recurso, si llegado el plazo el cliente no paga, el responsable de deuda pasa a ser el proveedor. Y esta es la parte más visible pero hay otra más grave todavía: gran parte de la crisis que estamos viviendo tiene una profundidad tal a consecuencia de este tipo de productos que han dado una capacidad financiera a muchas de las entidades que los han utilizado por encima de sus posibilidades reales. Es decir, un ‘confirming’, en el balance de una empresa, no computa como deuda financiera, multiplicando su capacidad de endeudamiento. El ‘confirming’ aparece como deuda proveedor, por lo que los bancos no ‘ven’ este dato y no reduce la capacidad de crédito de la empresa. Por otro parte, una gran corporación que funcione mediante ‘confirming’ para pagar a sus proveedores, está obligando a éstos a ‘comerse’ parte de sus beneficios haciendo, en cierto modo, negocio con ello y los convierte en empresas poco competitivas. Y además se altera el mercado y se crea una burbuja que al final explota.

Aquí entramos en otras derivadas más allá de la morosidad. Hemos salvado al sistema financiero pero ahora quedan muchas empresas que necesitan reestructurar su deuda y hay que hacer una reforma de la concursal para que los bancos puedan entrar en el capital de estas empresas. Pero claro, los bancos entran sólo en algunas muy determinadas…no en pequeños negocios, salvando así las grandes empresas.

Del total de empresas que existen hoy en Cataluña, el 99,87% son pymes y micropymes. Y suponen casi el 60% del PIB y el 75% del empleo. Con estos datos tomamos consciencia de la importancia de la existencia de una organización independiente que defienda este 99,87% de empresas del país. El problema es que, durante largo tiempo, sus intereses no han sido defendidos. De aquí que el análisis que hemos realizado en la Plataforma sobre los datos de las empresas del Ibex es tan importante. No sólo hemos determinado los días de morosidad (184) sino que, además, hemos querido saber cuánto dinero supone este incumplimiento de la ley. Según los datos del mercado continuo, asciende a 68.179 millones de euros, 1,5 veces lo que se necesitó para salvar el sistema financiero. No somos conscientes de la envergadura del caso hasta que se plasma en cifras. Pero hay más: desde la Plataforma hemos consultado al Banco de España para saber cuánto costaría financiar esta cantidad, al precio de financiación, que es del 2,83%. Multiplicando esta cifra por los días de morosidad, resulta que estas empresas están ahorrándose 2.000 millones de euros en intereses por pagar tarde a sus proveedores y no pedir el dinero al banco.

Clarísimamente. Y además hay que tener en cuenta que tampoco pagan los intereses del 8% que marca la ley de morosidad. Por ello constatemos que el 35% del beneficio del mercado continuo es gracias a incumplir la ley y a financiarse a través de las pequeñas y medianas empresas y de autónomos. Si no se actúa ante esta situación, creo que debemos plantearnos muchas cosas. Y si algún gobierno no quiere solucionarlo, lo que hace es impedir que el país tenga futuro.

Con sólo que las empresas del mercado continuo (que vienen a ser un 1% frente al 99% de pymes que comentábamos, teniendo en cuenta que excluimos al sistema financiero) cumplieran con la ley, se estaría inyectando al sistema entre 68-70 millones de euros. Y no somos agresivos. Nuestra propuesta comprende la elaboración de un calendario de adaptación porque sabemos que la situación no cambia de un día para otro…sin olvidar que sin radares que nos controlen, es decir, un régimen sancionador que acompañe, no funcionará. Si hay impunidad ante el incumplimiento de la ley, somos impunes de per sé. Gracias a leyes y sanciones llegaremos a un momento en que se creará la ‘cultura del pago’, pagar será ‘normal’ y ya no será necesario perseguir, como ocurre hoy en los países nórdicos, por ejemplo.

Antes de 2010 no tenía medios para defenderse pero desde entonces sí, tiene armas. Hoy la normativa recoge los medios de los que dispone para reclamar intereses de demora, etc.

Otra cuestión es la dificultad para denunciar al moroso. Siempre existe el miedo a que no vuelvan a contratarnos. Por ello, desde la Plataforma estamos a su disposición para realizar denuncias anónimas enviando una carta a la empresa deudora advirtiéndola que sabemos que está incumpliendo la ley e informándola de los pasos que podemos acometer.

Existe también una tercera vía y es agruparse y realizar denuncias conjuntas. En este caso, la PMcM realiza diligencias preliminares.

Cuando poder ejercer el derecho es más caro que el derecho, algo falla. Pero el problema va más allá. Desde la Plataforma hemos hecho muchas propuestas y una de ellas es crear un Observatorio. Queremos saber cómo está la situación y no puede ser que en España no sepamos cómo se comportan los pagos. Además, la directiva europea recomienda el Observatorio y la misma ley 15/2010 establece su creación.

Por otro lado, reclamamos la existencia de medidas no coercitivas como puede ser el envío de una carta que inste al pago, los mediadores, los Tribunales de Comercio…Y también reclamamos medidas coercitivas como sería el régimen sancionador del que hablábamos.

Pero hay otra problemática y es el pago del IVA. Éste recae en el emisor de la factura incluso aunque ésta no haya sigo satisfecha. Es decir, aunque una empresa no pague la factura emitida por su proveedor, éste sí debe abonar la cantidad del IVA correspondiente a una factura que no ha cobrado. Nuestra propuesta ante el Gobierno es cambiar el ‘criterio de devengo’ por el ‘criterio de caja’, que se abone el IVA cuando la factura se cobre, no antes.

Sí, porque incluyeron que fuera por ‘acuerdo de las partes’ y ¿qué ha dicho la empresa cliente al proveedor? Que si le emite la factura con ‘criterio de caja’ no le contrata. Por ello ha fracasado.

Por supuesto. La inversión del sujeto pasivo, que no es ningún invento sino algo que ya existe. Hacienda se percató hace tiempo que en el sector de la construcción estaban cerrando empresas, lo que suponía la no liquidación de gran cantidad de IVA. Decidieron entonces invertir el sujeto pasivo, lo que supone que, si trascurrido el tiempo legal para liquidar el IVA el proveedor no ha cobrado la factura, es el deudor quien lo paga. ¿Qué se logra entonces, además de dar un respiro al acreedor? Detectar quién cumple y quién incumple. Esto es lo más importante y por ello proponemos que esta medida, que ya la aplica en determinadas ocasiones, se extienda a estos casos. Hacienda sigue cobrando el impuesto pero, además, sabe qué empresas no están pagando a los proveedores dentro de los plazos legales. Así pues, existiendo la fórmula, si se quiere, se puede.

Por ello, desde la Plataforma afirmamos que si el Gobierno no implementa un régimen sancionador, que no tiene por qué ser de aplicación inmediata, se puede negociar, para empezar a regularizar la situación y que el país empiece a ser serio con estos temas, es que se está al servicio de otros servicios. Y no entenderemos que no cumpla con sus compromisos ni que en la Ley de Contratación Pública esté haciendo inventos de verificar facturas prácticamente sine die, o diciendo únicamente “siempre que los términos no sean abusivos”. Por ello la PMcM ha denunciado España ante Europa, porque entendemos que está alternado el sentido de la directiva europea. Las administraciones deben pagar a 30 días y la información que ofrecen a los medios es, cuanto menos, errónea. Hablan de plazos medios de pago cuando deberían decir “plazos medios excedido de plazo” y, además, empiezan a contar mal. Una factura debe empezar a contar desde la entrega del producto o prestación de servicio no desde la fecha de entrega de la factura y computación de ésta por parte del cliente. En esos días pueden ocurrir muchas cosas…

… Por lo tanto, en el tema de morosidad no puede haber trampas. Por ello es tan importante el trabajo que venimos haciendo desde la Plataforma y así se reconoce incluso en la propia normativa española. La ley 15/2010 establece que la PMcM es “el garante en los temas de morosidad”, tenemos este reconocimiento, y estamos a disposición de todas las empresas para asesorarlas en esta cuestión.

Entre otras iniciativas hemos creado un sello que pueden utilizar todas aquellas que se comprometan a cumplir con la ley de pagos. De hecho, son 3 sellos: uno para incluir en las facturas donde dice ‘Págame bien’ intentando crear ‘cultura de pago responsable’; otro donde la empresa se ‘compromete a pagar bien’; y el tercero que es la certificación conforme la empresa ‘Paga bien’. Vendría a ser una especie de ISO y nuestra intención es que al final las empresas sólo quieran trabajar con aquellas que pueden demostrar que son responsables en este sentido.

Muchos peces hacen uno grande…

Actualmente la PMcM está formada por más de 100 federaciones de ámbito estatal y autonómico sectorial e intersectorial de toda España que representan a cerca de un millón de empresas, con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros, y que da empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.

Por ello es especialmente relevante el concepto con el que trabajan desde la Plataforma: muchos pequeños pueden hacer frente al grande. “No es cuestión de ir contra nadie, pero sí no dejar que nadie nos pise sólo por ser pequeños”.