Política responsable en las compras públicas de madera

La Orden PRE/116/2008, de 21 de enero publicó el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprobó el ‘Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social’. Aunque no obliga a las Administraciones públicas municipales, se trata de una primera orientación para las Administraciones públicas. Este Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado establece objetivos y medidas para lograrlos en cada uno de los materiales y servicios que contrata.

El principal objetivo del plan es la compra de madera de origen legal y procedente de explotaciones gestionadas de forma sostenible, y ausencia de sustancias tóxicas en la compra de mobiliario, en los productos con un contenido en madera superior al 10%.

Para ello, se deben incorporar, a partir de la vigencia del plan, de conformidad con el proyecto de ecoetiqueta europea, los criterios de adjudicación como por ejemplo que la madera virgen utilizada no procederá de talas ilegales, árboles genéticamente modificados o de alto valor medioambiental. También, la madera virgen y los derivados de madera no podrán ser tratadas con sustancias o preparados que contengan sustancias de las incluidas por la OMS en las clasificaciones 1 A y 1 B de pesticidas. En el supuesto de derivados, el contenido de formaldehído en colas y adhesivos no podrá exceder de 0,5% del total. Asimismo se debe incorporar como criterio de valoración, a partir de la vigencia del plan, el de gestión forestal sostenible mediante la presentación de los documentos que lo acrediten. Es decir, según el Plan, debe utilizarse madera de aprovechamientos legales y sostenibles pero no puede exigirse madera certificada. Sin embargo, en un concurso público, sí se puede valorar con mayor puntuación la madera que esté certificada, aunque sin distinguir ni valorar de forma distinta, entre los dos sistemas de certificación forestal implantados en España (PEFC y FSC) o cualquier otro sistema o método que demuestre la sostenibiblidad del aprovechamiento. Para el Parlamento Europeo ambos sistemas tienen la misma valoración y ofrecen la misma credibilidad. La Comisión Europea, en su Manual sobre la Contratación Pública Ecológica recomienda incorporar a los pliegos de contratación los criterios de gestión forestal sostenible de los sistemas de certificación forestal PEFC y FSC, pero deja bien claro: “No se podrá exigir el registro en un sistema concreto de certificación forestal”.

Modelo de condiciones

A modo de ejemplo y como herramienta de trabajo en la compra pública de madera, los pliegos de condiciones podrían incorporar los siguientes párrafos:

1. Todas las ofertas de madera, productos forestales o productos elaborados derivados de la madera u otro producto forestal, que se vayan a utilizar en obra, deberán proceder de aprovechamientos legales y sostenibles.
2. Se valorará con (X punto/s) a aquella oferta que ofrezca garantía de legalidad y sostenibilidad del aprovechamiento de madera, mediante la presentación de certificados de gestión forestal sostenible como PEFC, FSC o equivalente. Este criterio se tendrá en cuenta tanto en la producción, como en el proceso de transformación y comercialización mediante el Certificado de Cadena de Custodia y el Certificado de Gestión Forestal Sostenible.

Origen desconocido, origen conocido, garantía de legalidad y garantía de sostenibilidad son los cuatro escalones, en orden creciente, de seguridad en la compra de la madera. La madera menos segura es la madera de origen desconocido, seguida de la de origen conocido. Esta segunda cuenta con permisos de corta y cumple con la legislación forestal del país de origen. Así mismo, cuenta igualmente con los permisos de exportación e importación pertinentes, ha pagado las correspondientes tasas y es controlada por la autoridades de origen y de destino. Puede pedirse un certificado de origen de la madera a la empresa productora. Este certificado está controlado por la Administración pública del país de origen. La procedencia de la madera ofrece ciertas garantías de legalidad y de sostenibilidad en su aprovechamiento.

La siguiente en orden de seguridad es la madera con garantía de legalidad, que cuenta con mecanismos públicos y privados que garantizan la legalidad del aprovechamiento. Por ejemplo, la certificación de la procedencia y de la trazabilidad de la madera. Realizados por una entidad independiente, consiste en un control de la cadena de custodia o del camino seguido por la madera desde el bosque donde es obtenida, pasando por el aserradero donde es transformada, hasta el puerto donde es embarcada para su exportación. Se trata de un proceso voluntario y privado.

Por otro lado, FLEGT son las siglas en inglés de la propuesta de la Unión Europea para combatir la tala ilegal y evitar que madera obtenida de forma ilegal entre en la Unión Europea, ‘Forest Law Enforcement, Governance and Trade’, que se podría traducir como Plan de Acción para el cumplimiento de las leyes forestales del buen gobierno y del comercio. Se trata del Reglamento (21/73) de la Comisión Europea aprobado en 2003. Principalmente, consiste en acuerdos voluntarios entre países miembros y países productores de madera por los que sólo podrá entrar en Europa madera que tenga verificada su cadena de custodia por uno de estos planes o acuerdos.

También ‘Due Diligence’, con lo que los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea están estableciendo un mecanismo de control para toda la madera que se produce en la Unión Europea y la madera importada que permitirá en breve tener garantías adicionales de la legalidad de su aprovechamiento.

Otro certificado es el permiso de corta de la Administración pública de los países miembros de la Unión Europea. El consumidor puede garantizarse la legalidad del aprovechamiento de madera en la Unión Europea mediante un permiso de corta expedido por la Administración Pública competente. En España toda la madera que se corte y se comercialice debe tener un permiso de corta expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente. Son sus servicios de policía ambiental quienes marcan y controlan los aprovechamientos de madera.

Pero la madera más segura es la que cuenta con garantía de sostenibilidad. La certificación forestal es la máxima garantía de la legalidad y de la sostenibilidad del aprovechamiento de madera. Es una auditoría externa de la gestión forestal que se realiza en el bosque. Está realizada por entidades independientes y exige el cumplimiento de unas determinadas condiciones ecológicas, sociales y económicas. La certificación forestal es, principalmente, una herramienta de comunicación: transmite al consumidor una garantía. En el mundo hay varios sistemas de certificación forestal, aunque los dos principales en número de hectáreas y cadenas de custodia certificadas son FSC y PEFC. En España actúan estos dos sistema de certificación. Ambos sistemas tienen una marca, sello o logotipo que identifica la madera procedente de gestión sostenible. La madera que lleva cualquiera de estos sellos ofrece garantía de legalidad y de sostenibilidad en su aprovechamiento.

Para conseguir este sello de certificación los propietarios de los bosques deben estar realizando previamente una gestión forestal sostenible que se ajuste a las exigencias del sistema en cuestión.

La gestión sostenible es el paso previo a la certificación y es, a la vez, el paso más importante. Sin ella no hay certificado, sin ella podemos quedarnos sin bosques. Lograr esta gestión forestal sostenible debe ser el objetivo a alcanzar en todos los bosques del planeta. Un bosque puede tener gestión sostenible y no estar certificado. En este caso, el objetivo fundamental (la sostenibilidad del aprovechamiento) está logrado; ahora bien, la garantía de esa sostenibillidad la facilita la certificación forestal. De hecho, por ejemplo, los bosques de España tienen una gestión forestal sostenible y solo están certificados un pequeño porcentaje de ellos. Por otro lado, un bosque certificado solo puede ser un bosque gestionado de manera sostenible. La certificación de la cadena de custodia consiste en la verificación del camino que sigue esa madera desde el bosque hasta el punto de venta, bien para el público general, bien para el fabricante de producto elaborado o el carpintero que realiza la obra.