39 autoconsumo se lleven a cabo por mayoría simple. Sin embargo, los matices recogidos en el Real Decreto-Ley, en cuanto al importe de estas obras, siguen penalizando los proyectos de rehabilitaciones integrales o al menos fomentando que se lleven a cabo por fases. Estas rehabilitaciones integrales, que en numerosas ocasiones requerirán intervenciones en envolventes, por lo que precisan de mayor inversión, largos periodos de retorno y, por tanto, de un mayor apoyo público, son las más necesarias para lograr la ansiada descarbonización y cumplir con los objetivos energéticos nacionales y comunitarios. No olvidemos que también con la Unión Europea tenemos un serio compromiso hacia la descarbonización. En este sentido, la Comisión Europea ha emitido recientemente unas recomendaciones en las que, con carácter de mandato político a los Estados miembros, insta a seguir avanzando hacia la descarbonización y a pasar a la práctica en la aplicación del principio Eficiencia Primero (Energy First, EE1st), como pilar de política climática y energética, y como principio general que debe aplicarse en un contexto más amplio, también desde una perspectiva social, a la hora de que los gobiernos de los Estados miembros diseñen sus marcos reguladores y planteen sus inversiones. Desde Greenward aplaudimos la apuesta por la eficiencia como fuente de energía por parte de la Comisión. También que las recientes modificaciones a la Ley sobre Propiedad Horizontal ofrezcan nuevas herramientas y mecanismos que contribuyan a acercarnos a nuestros objetivos e impulsar las rehabilitaciones energéticas. A pesar de que, sin duda, aún hay un amplio margen de mejora. Porque, pese a que nuestro parque inmobiliario es muy antiguo, con cerca del 80% de los edificios con calificación energética ‘E’ o inferior -reclamando rehabilitaciones integrales, y no intervenciones aisladas, como mencionábamos antes-, la tasa de renovación de edificios en nuestro país está hoy muy por debajo del 0,3%, lejos del 3% recomendado por la Unión Europea. Sólo para el sector de la edificación, el objetivo de España en 2030 es disminuir el consumo de energía final en 43.464 GWh, respecto al consumo actual, correspondiendo el 73,7% de esta reducción a los usos térmicos. El 60,7% del objetivo de disminución del consumo se concentra en el sector residencial, donde se prevé la rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de sistemas de calefacción y agua caliente. Debemos seguir dando pasos y ofrecer seguridad, facilidades y herramientas para que las rehabilitaciones sean efectivas, así como nuevos mecanismos e instrumentos administrativos, fiscales y jurídicos. LA FINANCIACIÓN, UN ASUNTO AÚN SIN RESOLVER El mayor freno para avanzar al ritmo deseado en rehabilitación energética de edificios es la financiación. A pesar de las medidas y mecanismos planteados, los fondos públicos disponibles son claramente insuficientes para cubrir todas las acciones necesarias dentro de unos proyectos que, además, han de ser continuados y favorecer la creación de un ecosistema consolidado y preparado para llevar a cabo actuaciones integrales y desde una arquitectura y urbanismo muchísimo más ligera burocráticamente y flexible en introducir nuevos planeamientos y reedificaciones. Desde Greenward abogamos por la flexibilización y eliminación de barreras al acceso a las ayudas públicas para la rehabilitación energética, además de por la progresividad de esas ayudas, ya que fomentar inversiones aisladas no nos aportaría las soluciones de raíz que necesitamos. Pero alertamos de que es imprescindible, además, promover la confluencia de capital público y privado evitando estrategias excesivamente vinculadas y dependientes de subvenciones y ampliar el marco legislativo español para que contemple instrumentos financieros innovadores que permitan ofrecer herramientas que alivien el peso de la inversión de los particulares, con especial foco en los colectivos más vulnerables y las rentas bajas. La canalización de fondos públicos y privados abren nuevas vías para hacerlo. El empleo de instrumentos como los Ecobonus (crédito fiscal por el importe de la inversión en renovación que se puede transferir a inversores que financien esta y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos) ya implantados con éxito en Italia; los préstamos PACE -Programa para la Activación de Capital Ecológico en Edificios- (modelo de colaboración público-privada que, teniendo como eje a los municipios, permite canalizar el capital privado a la financiación de proyectos de eficiencia, sin coste para la Administración y en condiciones muy atractivas para los dueños de los edificios y para los inversores a largo plazo en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad); o la creación de un Banco Verde, son soluciones y herramientas que ya existen en otros países de nuestro entorno, han demostrado su viabilidad y nos presentan grandes oportunidades. Resulta vital que se incorporen en los sucesivos desarrollos regulatorios en nuestro país. COMUNIDADES Y MUNICIPIOS COMO GARANTES DE SOLUCIONES INTEGRADAS AL CIUDADANO Otro Real Decreto, el 691/2021 de 3 de agosto, expresa la concesión directa de fondos a las comunidades autónomas, lo cual ayuda, pero, dadas las cantidades, siguen siendo insuficientes.
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