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La Comunidad de Madrid, defiende un urbanismo sostenible que genere actividad económica y cree empleo

29/11/2013

29 de noviembre de 2013

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Borja Sarasola, ha inagurado un foro de debate sobre la relación entre el Urbanismo y la Justicia, en el que destacó la importancia del papel del poder judicial a la hora de determinar la interpretación y aplicación del Derecho con la jurisprudencia porque “gracias a ella se consiguen salvar las imperfecciones que tiene el sistema y mejorar la aplicación de la ley para casos futuros que puedan tener un parecido sustancial”.

La Comunidad de Madrid apoya y promueve un urbanismo como claro generador de empleo, dinamizador de la actividad económica y de riqueza. “Con nuestro urbanismo responsable y sostenible –dijo Sarasola- lo que hacemos es favorecer que en la región se puedan establecer empresas que generen empleo, agilizando plazos y eliminando trabas burocráticas”.

En palabras del consejero, los jueces en ocasiones, al precisar el sentido de la norma general existente, nos alertan de las imperfecciones que tiene el sistema jurídico e incluso las salvan mediante la creación de contenidos jurídicos para futuros casos que pueden tener un parecido sustancial. Una labor integradora de las normas, al introducir en ellas variantes necesarias para su coherencia sistemática dentro del ordenamiento jurídico o por cualesquiera otras razones”.

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Imagen del foro-debate sobre la relación entre el Urbanismo y la Justicia.

El gobierno regional apoya y promueve un urbanismo como claro generador de empleo, de actividad económica y de riqueza para la Comunidad de Madrid, algo fundamental en los actuales momentos de crisis. La mejora de la tramitación urbanística es esencial para dar cabida a todas las oportunidades que se presenten.

Por ello, el Ejecutivo regional está desarrollando un esfuerzo en la tramitación urgente de los expedientes que puedan generar en la economía madrileña un cambio en la situación existente. Para ello se están introduciendo las modificaciones legislativas necesarias tendentes a la reducción de las cesiones de suelo, acortando los tiempos, incentivando las modificaciones puntuales de los planes generales frente a su revisión y simplificando procedimientos.

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