Las últimas medidas aprobadas por el Gobierno ponen en peligro la recuperación del sector metal

El Comité Ejecutivo de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha alertado de los riesgos que para el sector metalmecánico suponen las últimas normativas aprobadas por el Gobierno en materia fiscal y energética, unos lastres impositivos que consideran inasumibles, que penalizarán aún más su competitividad e incrementarán el intrusismo y el fraude fiscal y laboral.

Femeval estima que tan sólo con la eliminación de exenciones a la Seguridad Social por conceptos como el plus de transporte, de distancia, cheques guardería, seguros médicos etc. se generará un coste añadido de más de 10 millones de euros anuales por punto de cotización para las empresas del sector metalmecánico de la provincia de Valencia.

Asimismo, la gravosa subida de la base mínima de cotización para los autónomos societarios y aquellos con más de diez trabajadores perjudicará sobremanera a los empresarios de servicios y comercio del metal, que en su mayoría reúnen ese perfil. Una medida que tampoco favorece a las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la construcción como electricidad, fontanería, instalación de aire acondicionado... que adolecen de una nula financiación bancaria. El Comité Ejecutivo de FEMEVAL ha puesto de manifiesto que se trata de uno de los sectores más demonizados y más culpados de la recesión al que las entidades financieras se han negado a abrir el caudal de crédito. Un escenario que está provocando el cierre de numerosas empresas y pérdida de empleo y que no se prevé mejore a corto plazo con estas imposiciones irresponsables.

Al respecto, advierte que este tipo de medidas amenazan la incipiente recuperación del metal. Un sector que en el último trimestre de 2013, y a pesar de estos obstáculos, consiguió generar 4.800 empleos y alcanzar su mejor cuota de actividad desde 2008 y que corre el peligro de estancarse con medidas arbitrarias de este tipo.

Femeval insiste en lo contraproducente de una decisión unilateral del Gobierno adoptada a espaldas del diálogo social. Y señala que esta actuación que mide a todas las empresas con el mismo rasero, lejos de atajar la economía sumergida, provocará un mayor intrusismo y fraude fiscal y laboral.

A este despropósito legislativo se le une, por un lado, la suspensión de la tarifa de interrumpibilidad del suministro eléctrico, con el que las industrias se ahorraban cerca de 750 millones de euros al año, y por otro los costes desmedidos que soporta el sector derivados de la regularización extraordinaria de los peajes de acceso que incrementaron el coste fijo del suministro hasta un 170% en algunos casos, de la reciente reforma energética y del precio final de la electricidad para la industria que se sitúa como uno de los más caros de Europa. Unos costes, en ocasiones superiores a los laborales, que se han duplicado y hasta triplicado durante el mes de diciembre de 2013.

Según Femeval, las empresas del metal necesitan energía a precios competitivos. Por lo que cualquier alteración al alza merma de forma considerable su capacidad competitiva, sobre todo para las empresas exportadoras, y conlleva una pérdida de actividad y empleo, e incluso de deslocalización.

Con tal motivo, el Comité Ejecutivo de Femeval ha acordado solicitar a sus organizaciones cúpula que insten al Gobierno a que sume esfuerzos para analizar y reconsiderar las consecuencias económicas y sociales de estas medidas, ante todo, improvisadas y no consensuadas con los agentes sociales y que contradicen su objetivo de favorecer la contratación estable, así como el compromiso del Gobierno de reducir las cargas impositivas a las empresas y la generación de empleo.