La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) muestra su disconformidad con la propuesta de Unesa

La moratoria fotovoltaica de Unesa perjudica a la economía española

Redacción Interempresas23/11/2011

23 de noviembre de 2011

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) denuncia que la moratoria para la energía solar fotovoltaica reclamada por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) será muy negativa para la economía española si llega a materializarse. La tecnología fotovoltaica, ya prácticamente paralizada por la regulación, está a punto de ser competitiva sin ayudas —ya puede serlo en las regiones más soleadas del país— y ello conllevará un gran ahorro para los consumidores y para el conjunto del país, a la par que una importante merma para los ingresos de las cinco empresas de Unesa.

La fotovoltaica ya está prácticamente paralizada en España, desde el boom experimentado en 2008, gracias a la inseguridad jurídica impulsada por el Gobierno. Desde entonces, se ha autorizado la instalación de 1.338 MW, pero sólo se han ejecutado 593 MW. En la actualidad, España, que fue líder mundial, instala anualmente la misma potencia fotovoltaica que Alemania, Italia, EE UU o China en un sólo mes.

El Plan de Energías Renovables 2011-2020 (PER), contra el que carga Unesa, otorga a la fotovoltaica una meta de instalación de 7.250 MW. Como en la actualidad hay 4.010 MW instalados, ello implica instalar poco más de 300 MW anuales.

A pesar de este limitadísimo crecimiento, según los datos del propio PER, como la fotovoltaica es la fuente renovable que más empleo genera, en 2020 habrá casi 60.000 puestos de trabajo en el mercado fotovoltaico, entre otras aportaciones económicas, sociales y ambientales que arrojan un balance netamente positivo.

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Competitividad sin ayudas

La fotovoltaica, no obstante, tiene hacia el futuro una nueva vía de crecimiento en el autoconsumo de electricidad: los consumidores pueden aprovechar la electricidad generada por sus propios paneles solares porque ello reduce sus costes y será más barato que adquirir la electricidad a la compañía eléctrica. Esta posibilidad ya puede ser viable en las regiones más soleadas del país, como las Islas Canarias, y lo será en todo el territorio nacional durante los próximos e inmediatos años.

Un simple cálculo ejemplifica la situación: la última tarifa aprobada por el Gobierno para las instalaciones fotovoltaicas en suelo es de 12,5 c/kWh, mientras que la última Tarifa de Último Recurso supera los 14 c/kWh; de acuerdo con esto, si un consumidor pudiera autoconsumir la electricidad producida por unos paneles situados en su jardín, ahorraría 1,5 céntimos de euro en cada kWh.

Se trata de un cálculo ejemplar, aunque, para definir el futuro coste de la electricidad autogenerada, deben contemplarse los costes fijos del sistema, como las redes, así como el tratamiento impositivo de la electricidad, pero es muy indicativo del grado de competitividad que ya ha alcanzado la tecnología. Esta competitividad, por otro lado, no hará otra cosa que crecer con el tiempo, puesto que sus costes siguen bajando año tras año; en España, las tarifas se reducen un mínimo del 10% anual. Por el contrario, las fuentes tradicionales seguirán van a seguir encareciéndose de un modo constante.

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Normativa de autoconsumo

Para que los consumidores españoles puedan beneficiarse del ahorro que puede aportarles la fotovoltaica, es necesario que el Gobierno apruebe cuanto antes una normativa clara para regular el autoconsumo, una opción que ya es posible en Alemania, Italia, Bélgica, EE UU y muchos otros países.

La llegada del autoconsumo, por otro lado, supone una amenaza para los intereses de las empresas eléctricas, puesto que cada kWh que un consumidor genere para sí mismo es un kWh menos que pagará en su recibo de la luz.

Además, Unesa intenta establecer una competencia desleal entre tecnologías renovables, inclinando la balanza de la sostenibilidad hacia sus propios intereses e intentado apoderarse de aquellas energías que hoy en día le son más favorables, como la eólica.

En estos momentos, España no puede permitirse el lujo de frenar la fotovoltaica y negar a los ciudadanos los beneficios directos e indirectos de la tecnología solar por el hecho de que ello suponga un menor ingreso para las empresas eléctricas.