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El sector eólico pide a Industria que retire su propuesta de marco regulatorio

07/11/2011

7 de noviembre de 2011

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El sector eólico pide al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que retire el borrador de real decreto eólico que está en tramitación. En un esfuerzo de aproximación al Gobierno debido a la urgencia que tiene el sector de contar con un nuevo marco regulatorio, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) transmitió una contrapropuesta al Ministerio, que fue rechazada. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró públicamente que el nuevo marco normativo no saldría adelante sin el consenso del sector.

AEE ha hecho saber al Ministerio de Industria que, con las modificaciones introducidas en su última propuesta, no se aborda el problema central: que el marco normativo impide la ejecución de nuevos proyectos y el acceso a la financiación, por lo que aboca al sector a la parálisis, la destrucción de una gran parte de su tejido industrial y la pérdida de más de 15.000 empleos, la mitad de los puestos de trabajo del sector. Además, la nueva norma haría imposible el cumplimiento de los objetivos del Plan de Energías Renovables 2011-20, que prevé la instalación de 1.430 MW eólicos anuales.

En este contexto y dada la proximidad de las elecciones generales, el sector insta al Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre a trabajar cuanto antes en el nuevo marco regulatorio para evitar un vacío legal a partir de 2013. AEE está abierta a colaborar activamente con el Gobierno en la formulación de un régimen estable y sostenible que permita al sector ser un motor de la reactivación económica a través de la creación de riqueza y empleo, la inversión en I+D+i, la exportación de tecnología de vanguardia y el freno a las importaciones de combustibles fósiles, entre otras cosas. Por otro lado, quiere recordar al Ministerio de Industria que queda pendiente la inscripción en el Registro de Preasignación de 600 MW de Canarias (como quedó establecido en el Real Decreto 1614/2010), y la habilitación de prórrogas que permitan realizar los más de 1.000 MW inscritos en el Registro que tienen problemas para ser construidos antes de la fecha límite por razones no imputables a los promotores.

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