APPA pide a la clase política una apuesta decidida por la biomasa

En la presentación del estudio, el presidente de APPA Biomasa, Manuel García, hizo un llamamiento a la clase política para que “apueste decididamente por el sector de la biomasa, en el convencimiento de que cada euro aportado al sector revertirá con creces a la economía española, como demuestra el estudio de AFI”. El estudio analiza los impactos económicos de la generación de las tecnologías biomásicas bajo el marco retributivo propuesto por APPA Biomasa. La revisión del marco retributivo permitiría cumplir con los objetivos fijados en el borrador del Plan de Energías Renovables 2011-2020, atrayendo 3.854 millones de euros en inversiones privadas y generando cerca de 47.300 puestos de trabajo durante la construcción de las plantas. En la fase de operación y mantenimiento las plantas de biomasa y biogás emplearían a 2.397 trabajadores y el abastecimiento de estas plantas crearía 11.560 empleos.

Los principales impactos positivos son la contribución fiscal agregada, el ahorro por prestaciones por desempleo evitadas, el ahorro de emisiones por tratamiento de residuos o por sustitución de combustibles fósiles y el ahorro por los incendios evitados. Tras comparar las contribuciones positivas con los costes asociados a la retribución propuesta, resulta un saldo positivo para el Estado superior a los 131,6 millones de euros anuales.

La actualización de las retribuciones permitiría pasar de un escenario de 253 megavatios instalados a 1.031 MW en 2015. El sector atraería más de 2.600 millones de euros en inversiones privadas que emplearían, durante la fase de construcción de las plantas, a cerca de 32.500 trabajadores.

Durante la fase de operación y mantenimiento, las plantas emplearían a cerca de 1.300 trabajadores y generarían 9.919 empleos en otros sectores. El Valor Añadido Bruto sería de 884 millones de euros, de los cuales 363 corresponderían a las plantas de biomasa y 521 a otros sectores de la economía. Para el Estado el saldo sería positivo pues los ahorros (por incendios evitados, por prestaciones de desempleo evitadas y por emisiones de CO₂ evitadas) y la contribución fiscal superaría a las primas en más de 72 millones de euros anuales.

En el mismo sentido, las plantas de biogás tienen un objetivo de 400 megavatios para el año 2020. La actualización del marco retributivo permitiría alcanzar estos objetivos, generando empleo y resolviendo problemas ambientales con un saldo positivo para el Estado.

Según el estudio, se atraerían 1.254 millones de euros en inversiones privadas y, durante la fase de construcción, se crearían 14.789 empleos. Una vez en marcha, las plantas generarían 2.741 puestos de trabajo, 1.100 en las plantas y 1.641 en otros sectores. El Valor Añadido Bruto sería de 401 millones de euros, 339 por la actividad de las plantas. Al igual que en la biomasa, el saldo para el Estado sería positivo y supondría alrededor de 59 millones de euros al año.

La valorización de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos, (Forsu) actividad en la que se prevé registrar un incremento de la potencia instalada en la presente década hasta alcanzar los 234 megavatios, aporta también significativos beneficios.

La producción de energía eléctrica sustituiría energía procedente de plantas térmicas, lo que ahorraría emisiones por valor de 13,9 millones de euros anuales, adicionalmente el aprovechamiento energético de estos residuos evitaría emisiones por valor de 94,5 millones. Ambos conceptos evitarían, mediante la valorización del Forsu, la emisión de 5,4 millones de toneladas de CO₂, lo que supondría un ahorro de 108,1 millones de euros.

La actividad de las plantas de biomasa actualmente en funcionamiento genera unos beneficios económicos superiores a la retribución que reciben por las primas. Debido a este saldo positivo, el Estado ingresa anualmente cerca de 46 millones de euros más de lo que emplea en remunerar a estas plantas.