La visión de Anerr sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

Recientemente, el Ministerio de Fomento ha presentado el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. ¿Hacia dónde está orientado este nuevo Plan? ¿Cuáles son las principales líneas estratégicas? ¿Cómo afecta al sector de la rehabilitación y la reforma? En este artículo, la directora general de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr), Isabel Alonso de Armas, aclara estas cuestiones y explica cuáles fueron las principales medidas propuestas por la Asociación en la redacción final del Plan.

En 2013 dos textos normativos sentaban las bases del sector de la rehabilitación y la reforma del momento: La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, conocida como la Ley de las 3R, junto con el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 (Real Decreto 233/2013, de 5 de abril), lo que propiciaron un cambio de paradigma para el mismo.

La normativa buscaba una solución a la recuperación económica, mediante la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción basándose en actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. El número de viviendas nuevas vacías ascendía en 2013 a 723.043 viviendas, lo que hacía difícil que la construcción pudiera mejorar la situación de la economía española y la generación de empleo basándose principalmente en la obra nueva. Además, no había dudas de la necesidad de acometer intervenciones de rehabilitación y regeneración y renovaciones urbanas del parque edificado español. Según los datos del momento, el 55% (13 M viviendas) de dicho parque edificado, que ascendía a 25,2 M viviendas, era anterior al año 1980 y casi el 21% (5,2 M viviendas) contaba con más de 50 años. Hasta entonces, el único instrumento que permitía determinar el grado de conservación de los inmuebles, la Inspección Técnica de Edificios (ITE), no era suficiente para garantizar dicho objetivo. Por último, la gran distancia que separaba nuestro parque edificado de las exigencias europeas relativas a la eficiencia energética de los edificios, evidenciaba la necesidad del desarrollo del sector. La Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, obligaba a que los Estados miembros a establecer, una estrategia a largo plazo, hasta el año 2020, para reducir el nivel de emisiones de CO₂, y hasta el año 2050, con el compromiso de reducir el nivel de emisiones un 80-95% en relación a los niveles de 1990.

En este escenario normativo, el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, renovado en 2017 y aprobado recientemente el nuevo para el periodo 2018-2021, ha supuesto un aliciente e impulso para el desarrollo del sector de la rehabilitación y la reforma.

El nuevo Plan, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo a través de un Real Decreto, tiene una enorme vocación social y está orientado a favorecer el alquiler y la rehabilitación y regeneración urbana y rural.

"Entre sus líneas estratégicas, el plan contempla facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, que incluye ayudas del 40% de la renta, hasta un máximo de 900 euros al mes (frente al límite anterior de 600 euros)"

Las aportaciones previstas en el nuevo plan ascienden a 1.443 millones de euros, lo que representa un aumento del 62% respecto al Plan 2013-2016 (888 millones de euros). Se estiman en más de 557.000 las ayudas que se concederán a lo largo de todo el periodo y en más de 60.000 puestos de trabajo los que se generarán de manera directa.

Entre sus líneas estratégicas, el plan contempla facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, que incluye ayudas del 40% de la renta, hasta un máximo de 900 euros al mes (frente al límite anterior de 600 euros). Otro eje del Plan lo constituye la atención de quienes están atravesando un proceso de desahucio de su vivienda habitual. Otra de las mejoras que plantea el nuevo Plan respecto al anterior es en lo relativo a la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana y rural. De esta manera, por primera vez se podrán conceder ayudas a viviendas unifamiliares. Además, se destinarán de manera preferente a viviendas anteriores al año 1996 -en el último plan era 1981-, lo que aumenta en un tercio el número de posibles beneficiarios. Las ayudas se incrementan con carácter general del 35% al 40% de la inversión, porcentaje que se eleva hasta el 75% en el caso de personas con discapacidad y más de 65 años.

En las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, se amplía el plazo para finalizarlas de los tres años actuales a los cinco, con lo que se responde a una demanda de muchos ayuntamientos. Otra novedad del Plan es la relacionada con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con dos apartados fundamentales: la rehabilitación -por primera vez se dan ayudas con este fin para viviendas unifamiliares en el medio rural- y la adquisición.

El Plan incluye una línea específica para las personas mayores o con discapacidad, con ayudas al promotor de inmuebles en los que se establezcan instalaciones y servicios comunes adaptados que deberán destinarse durante al menos 40 años al alquiler.

Con todo, consideramos esencial las consecuencias del Plan Estatal de Vivienda como motor no sólo para el desarrollo del sector, sino también para la situación económica y mejora del empleo.

En la redacción final del plan fue esencial la participación y colaboración de colectivos como Anerr, que realizó sus observaciones, divididas en tres grandes áreas: financiación, fiscalidad y profesionalización de las empresas.

Como resumen, se considera prioritario abogar por una fiscalidad que favorezca el sector, buscando el doble beneficio de: fomentar la actividad a través del incentivo fiscal, comenzando por clarificar la normativa aplicable, así como aflorar todo tipo de economía sumergida, para luchar contra el intrusismo profesional, creando una competencia “sana”, y ayudando en el objetivo “común”, que debe ser el cumplimiento por parte de todos de las obligaciones tributarias.

Las medidas propuestas por Anerr se resumen en:

• Aplicación del tipo reducido. Tributación al 10% de las obras de rehabilitación y reforma con carácter general.
• Hacienda local: bonificación del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) para obras de regeneración, rehabilitación y reforma.
• Hacienda local. penalización del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) en función de la calificación energética para actividades empresariales.
• IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Deducción del 12% por la realización de obras en edificio o vivienda que supongan una mejora de la eficiencia energética, incorporación de accesibilidad o adecuación o mantenimiento. Es decir, cualquier obra de reforma o rehabilitación, a excepción de aquellas que aporten simplemente una mejora estética. Supresión del límite por renta personal. El objetivo principal de esta medida es, además de incentivar el mercado, conseguir que se declaren una gran mayoría de las obras ejecutadas. Se propone un 12% para que la deducción supere al IVA.
• No tributación por las ayudas recibidas a la reforma o rehabilitación para la vivienda habitual o edificio donde se ubica la vivienda habitual, fundamentalmente para aquellas personas de rentas reducidas, pues en la actualidad se están creando situaciones complicadas en familias con escasos recursos que no son capaces de hacer frente al pago de impuestos por la subvención recibida.
• Impuesto sobre sociedades. Bonificación a las empresas que mejoren la calificación energética de los inmuebles que gestionan, para uso propio o alquiler.

Se debe seguir trabajando para lograr la profesionalización del sector y que las obras que se realicen en base a ayudas y subvenciones sean ejecutadas por empresas legales que cumplan con todas sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social, y es por ello por lo que junto a la documentación que ha de aportar el solicitante de ayudas, se propone que cada uno de los tres presupuestos de empresas de rehabilitación vaya acompañado de aquella documentación que acredite que la empresa que ejecutará la obra de reforma o rehabilitación cumple con todas sus obligaciones fiscales y empresariales (REA, certificado de Hacienda, Certificado de la Seguridad Social, etc). Será sin duda una medida incentivadora para que todas las empresas trabajen de forma profesional, desalentando la economía sumergida, y velando por la seguridad para el ciudadano.

Nos encontramos en una situación en la que existe una normativa incentivadora para el sector, apoyo de la administración y concienciación de la ciudadanía sobre los beneficios de la rehabilitación y la reforma de su vivienda.

En estas circunstancias, Anerr continúa desarrollando sus propias iniciativas para el impulso del sector: dentro del Campus de la Rehabilitación, se incluyen la celebración de sus Jornadas Nacionales Prácticas y los Foros Anerr de Rehabilitación, el Observatorio de la Rehabilitación, con indicadores de la evolución del sector, y el Campus Virtual, o biblioteca BIM de Anerr como plataforma para que el profesional cuente con herramientas imprescindibles en rehabilitación y reforma; avance en sus Proyectos PREI (Pilotos de Rehabilitación Energética Integral) por toda la geografía española; su apuesta por talleres formativos e informativos en el SiRE (Servicio de Información de Rehabilitación Edificatoria), con un marcado carácter práctico y participativo; el Circuito Anerr de la Rehabilitación, como espacio expositivo y práctico para soluciones en rehabilitación, que se desarrolla en las principales Ferias y eventos sectoriales; y, finalmente, acuerdos con organismos e instituciones sectoriales para incentivar el sector.

Con todas estas actuaciones, el avance del sector está garantizado, aunque hay que ser cautos y pensar en un desarrollo paulatino que anime a continuar desarrollando iniciativas que impulsen un sector que tiene aún mucho camino por recorrer.