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El sector eólico tendrá que devolver 640 millones de la retribución cobrada desde julio de 2013

29/09/2014

29 de septiembre de 2014

La eólica tiene que devolver unos 640 millones de euros de la retribución percibida a cuenta desde que el 14 de julio de 2013 se aprobó el Real Decreto-Ley 9/2013, el pistoletazo de salida de la Reforma Energética, según cálculos provisionales de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Esta cantidad comenzará a devolverse tras la publicación por la CNMC de la Liquidación número siete de 2014 y se repartirá a lo largo de nueve liquidaciones, a finalizar en mayo de 2015. El impacto será diferente según cada instalación.

Durante los once meses de tramitación de la Reforma Energética, las empresas continuaron cobrando la retribución correspondiente a la regulación anterior, sabiendo de antemano que la retroactividad de la norma les obligaría a devolver una cantidad indeterminada y desconocida hasta el pasado junio, lo que ha dificultado considerablemente su trabajo y les ha impedido tomar medidas para minimizar las pérdidas. En junio entró en vigor definitivamente la nueva normativa –el Real Decreto 413/2014, por el que se regula a las renovables, y la Orden IET 1045/2014, que fija los parámetros retributivos¬–, y con ella, el nuevo sistema de retribución a la inversión.

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A estas complicaciones, se ha sumado el hecho de que se está produciendo un fuerte retraso en los pagos por parte de la CNMC. Tras la liquidación provisional sexta, la eólica sólo había percibido el 60,4% de lo que le corresponde, un desfase que se debe a que el Ministerio de Hacienda sólo ha cumplido en parte aún su compromiso de destinar al sector un porcentaje de los ingresos procedentes del impuesto del 7% a la generación eléctrica y de los ingresos de las subastas de CO2. Debido a los problemas de liquidez que esta situación conlleva para las empresas, AEE ha solicitado ante las instancias pertinentes que los desfases se resuelvan cuanto antes.

Además, la semana pasada se conoció una interpretación de la CNMC sobre la normativa según la cual para las instalaciones que se pusieron en marcha entre el 1 de enero y el 14 de julio de 2013 (fecha de publicación del Real Decreto-Ley 9/2013) se considerará que su vida útil regulatoria comienza el 1 de enero de 2014, lo que implica que tendrán que devolver las primas percibidas el pasado año, un total de 13,6 millones. AEE no está de acuerdo con esta interpretación.

Los ingresos del sector en el semestre ascenderán a unos mil millones antes de impuestos, cerca de un 60% por debajo de los del año anterior. Esta fuerte reducción de los ingresos es una muestra de que el sector eólico no se equivocaba al calificar de desproporcionado el impacto de la Reforma Energética en sus cuentas, máxime tratándose de un sector que apenas ha tenido impacto en la formación del déficit de tarifa. Éste, unido a la retroactividad de una regulación que afecta a la rentabilidad de instalaciones antiguas con derechos adquiridos por ley, es uno de los motivos por los que AEE ha recurrido tanto el Real Decreto 413/2014, como la Orden IET 1045/2014. Ambos recursos fueron admitidos a trámite por el Tribunal Supremo en julio.

Los efectos de la Reforma Energética ya han comenzado a sentirse. En el primer semestre, sólo se instaló un aerogenerador de 0,08 MW en España, el primer síntoma de la sequía de inversiones que le espera al sector como consecuencia de la inseguridad jurídica que ha traído consigo la Reforma. De hecho, España ha caído hasta el puesto 22 del ránking de EY de países más atractivos para invertir en renovables, muy lejos de los primeros puestos que ocupaba, junto a Alemania, Estados Unidos y China, hace tan sólo cinco años.

El hecho de tener que devolver una parte de la retribución cobrada a cuenta tendrá sin duda un impacto en las cuentas de los promotores de parques, algunos de los cuales están teniendo que refinanciar sus créditos para hacer frente a las necesidades de tesorería, entre otras cosas. Por su parte, la industria se enfrenta a una total sequía de pedidos para el mercado doméstico como consecuencia de la falta de nuevas inversiones.

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