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La Comisión Europea insta a España a hacer cumplir la normativa sobre piensos ganaderos

16/02/2011

16 de febrero de 2011

La Comisión Europea pidió a España que notifique las medidas nacionales de aplicación exigidas por la directiva, relativa a los piensos. Esta directiva establece niveles máximos para determinadas sustancias indeseables, a fin de garantizar la seguridad alimentaria y ganar la confianza de los consumidores. Por ello es importante que España cumpla con la obligación que le impone la normativa. La solicitud se realizó en forma de dictamen motivado, en aplicación de los procedimientos de infracción de la UE. De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión puede optar por llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

España no ha comunicado las medidas por las que pone en aplicación la directiva, que establece niveles máximos de varias sustancias indeseables en la alimentación animal. Se consideran indeseables las sustancias o productos cuya presencia en los piensos constituye un peligro potencial para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente.

La salud humana y el medio ambiente son aspectos clave de las políticas de la Comisión Europea. Para que los consumidores puedan confiar en la seguridad y calidad de los alimentos y los piensos, la presencia de sustancias indeseables en la alimentación animal está prohibida o restringida a determinados niveles. Una cabaña ganadera sana y de alta calidad en todos los estados miembros depende en gran medida del uso de piensos adecuados y de buena calidad. Las normas que regulan el uso de piensos inocuos ayudan a hacer que los productores de la UE sean más competitivos y que los ciudadanos consuman productos seguros y de buena calidad.

La Comisión inició el año pasado un procedimiento de infracción, de conformidad con el artículo 258 del 'Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea', mediante el envío de una carta de emplazamiento a España. En un dictamen motivado, la Comisión pide ahora oficialmente a España que tome medidas para cumplir la legislación de la UE en un plazo de dos meses. Más adelante, la Comisión podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia si no se toman medidas para garantizar la conformidad.

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