El Gobierno rompe la igualdad fiscal entre la adquisición y el alquiler de vivienda
Redacción Ciberperfil04/01/2012
El sistema tributario español siempre ha primado la compra de casa frente al alquiler. Esta situación solo se interrumpió en 2011, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero equiparó la deducción por adquisición y arrendamiento de vivienda. El anterior Ejecutivo, por un lado, eliminó la rebaja fiscal en el IRPF por la compra de vivienda para rentas superiores a 24.107,2 euros y, al mismo tiempo, elevó hasta ese umbral el límite para aplicar la deducción por alquiler.
Esta igualdad fiscal solo ha durado un año. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el viernes que todas los contribuyentes, con independencia de su nivel de renta, puedan beneficiarse de la deducción por compra. Sin embargo, no hizo lo mismo con el alquiler, cuyos beneficios tributarios quedan topados para las rentas superiores a 24.107 euros.
Así, un contribuyente con una base imponible de, por ejemplo, 30.000 euros tendrá incentivos fiscales para comprar una vivienda pero no por alquilarla. Si adquiere una casa podrá deducirse el 15% de los pagos efectuados hasta un máximo de 9.040 euros. Ello supone un ahorro tributario de hasta 1.356 euros anuales. Si este contribuyente tarda 30 años en liquidar su hipoteca, podrá deducirse más de 40.000 euros.
En cambio, un declarante con una base imponible superior a 24.107 euros no podrá descontarse ni un euro de su factura tributaria si opta por vivir de alquiler. Así, en términos puramente tributarios, resulta más atractivo la compra que el alquiler. Ello no es casual. Uno de los objetivos del Gobierno del PP pasa por dar salida al enorme stock de vivienda que está en manos de la banca.
Además de recuperar la deducción, el Ejecutivo de Rajoy también mantendrá para 2012 el tipo superreducido del 4% por la compra de vivienda nueva, una medida que ya aprobó el anterior Ejecutivo y que caducaba en 2011. Rajoy aseguró en su discurso de investidura que el gravamen del 4% se mantendría "únicamente para vivienda habitual y con un límite en su precio de adquisición". Sin embargo, el real decreto del viernes no hace ninguna referencia a estas salvedades y, por tanto, el tipo superreducido del 4% se mantiene para todas las viviendas.
Ningún miembro del Ejecutivo ha explicado los motivos por los que, de momento, no se ha limitado el IVA del 4% a la vivienda habitual. En cualquier caso, los expertos fiscales alertan que esta medida puede chocar contra la legislación europea. De hecho, la Comisión Europea ya aviso a España de esta posibilidad.
Las primera medidas adoptadas por el Ejecutivo del PP apuestan por facilitar solo la compra de vivienda nueva. Este matiz es importante. Las casas de segunda mano aplican el llamado impuesto sobre transmisiones patrimoniales, un tributo que está en manos de las comunidades autónomas y que se sitúa entre el 7% y el 8%. Es decir, la compra de una vivienda nueva de 300.000 euros implica pagar 12.000 euros por IVA. Para una casa usada del mismo precio, el peaje fiscal puede alcanzar los 24.000 euros. El programa electoral del PP prometía reducir el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. El Ejecutivo central tiene competencia para adoptar esta medida, sin embargo, cualquier descenso del tipo obligaría al Ejecutivo central a compensar a las comunidades por la pérdida de recaudación. De momento, esa promesa se queda en eso, en una promesa.
Fuente: Cinco Días
Esta igualdad fiscal solo ha durado un año. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el viernes que todas los contribuyentes, con independencia de su nivel de renta, puedan beneficiarse de la deducción por compra. Sin embargo, no hizo lo mismo con el alquiler, cuyos beneficios tributarios quedan topados para las rentas superiores a 24.107 euros.
Así, un contribuyente con una base imponible de, por ejemplo, 30.000 euros tendrá incentivos fiscales para comprar una vivienda pero no por alquilarla. Si adquiere una casa podrá deducirse el 15% de los pagos efectuados hasta un máximo de 9.040 euros. Ello supone un ahorro tributario de hasta 1.356 euros anuales. Si este contribuyente tarda 30 años en liquidar su hipoteca, podrá deducirse más de 40.000 euros.
En cambio, un declarante con una base imponible superior a 24.107 euros no podrá descontarse ni un euro de su factura tributaria si opta por vivir de alquiler. Así, en términos puramente tributarios, resulta más atractivo la compra que el alquiler. Ello no es casual. Uno de los objetivos del Gobierno del PP pasa por dar salida al enorme stock de vivienda que está en manos de la banca.
Además de recuperar la deducción, el Ejecutivo de Rajoy también mantendrá para 2012 el tipo superreducido del 4% por la compra de vivienda nueva, una medida que ya aprobó el anterior Ejecutivo y que caducaba en 2011. Rajoy aseguró en su discurso de investidura que el gravamen del 4% se mantendría "únicamente para vivienda habitual y con un límite en su precio de adquisición". Sin embargo, el real decreto del viernes no hace ninguna referencia a estas salvedades y, por tanto, el tipo superreducido del 4% se mantiene para todas las viviendas.
Ningún miembro del Ejecutivo ha explicado los motivos por los que, de momento, no se ha limitado el IVA del 4% a la vivienda habitual. En cualquier caso, los expertos fiscales alertan que esta medida puede chocar contra la legislación europea. De hecho, la Comisión Europea ya aviso a España de esta posibilidad.
Las primera medidas adoptadas por el Ejecutivo del PP apuestan por facilitar solo la compra de vivienda nueva. Este matiz es importante. Las casas de segunda mano aplican el llamado impuesto sobre transmisiones patrimoniales, un tributo que está en manos de las comunidades autónomas y que se sitúa entre el 7% y el 8%. Es decir, la compra de una vivienda nueva de 300.000 euros implica pagar 12.000 euros por IVA. Para una casa usada del mismo precio, el peaje fiscal puede alcanzar los 24.000 euros. El programa electoral del PP prometía reducir el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. El Ejecutivo central tiene competencia para adoptar esta medida, sin embargo, cualquier descenso del tipo obligaría al Ejecutivo central a compensar a las comunidades por la pérdida de recaudación. De momento, esa promesa se queda en eso, en una promesa.
Fuente: Cinco Días
