Llega el primer plan de vivienda que sólo financia alquiler y rehabilitación
Redacción Ciberperfil18/07/2014
Con más retraso del inicialmente previsto, el Consejo de Ministros aprueba hoy el último trámite necesario para que el Gobierno central pueda firmar los convenios bilaterales con las comunidades autónomas y poner así en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016.
Una vez recibida esta autorización, Fomento espera cerrar en el menor plazo posible esos acuerdos con las autonomías, que son las que tienen transferidas las competencias de vivienda. “En esta ocasión ha sido más complicado que otras veces porque había que cerrar planes anteriores, cuyas ayudas ya no tendrán continuidad en este nuevo. Hay que recordar que desaparece la promoción de VPO en régimen de propiedad”, explican desde el departamento que dirige Ana Pastor.
Así, el nuevo plan prevé movilizar en los próximos dos años y medio un total de 2.311 millones de euros en ayudas directas y el pago de la subsidiación de intereses de los préstamos hipotecarios subvencionados que aún están en vigor. A esa cantidad, habrá que sumarle los 216 millones adicionales que algunas comunidades autónomas se han comprometido a aportar, “por lo que en el reparto de fondos, también verán incrementada su cuota inicial”, subrayan desde el Ejecutivo.
Las mismas fuentes explican que el plan generará una inversión privada inducida de otros 1.200 millones y creará más de 30.000 empleos directos y hasta 105.000 indirectos. Desterrada la vivienda social en régimen de compra, los dos pilares del programa serán la rehabilitación y el alquiler.
Con un amplio excedente todavía de casas por vender, la estrategia no podía seguir siendo edificar más. Por eso, la rehabilitación se convierte en la estrella. Habrá ayudas directas para fomentar las obras de renovación de viviendas y edificios y una financiación bancaria especialmente diseñada para estos proyectos, gracias al compromiso adquirido por las entidades después de meses de negociación con el Ejecutivo y las constructoras. Será uno de los sectores donde cobrará especial importancia la colaboración público-privada.
En este sentido, el Ejecutivo trabaja en paralelo en el diseño de la denominada Estrategia de futuro para la Rehabilitación y la Eficiencia Energética. Se trata de otro plan de actuaciones cuyo objetivo es movilizar inversiones para la renovación del parque de edificios residenciales, tanto públicos como privados.
Dicha estrategia incluye un diagnóstico del parque inmobiliario español y una definición de los mejores enfoques de renovación, identifica cuáles son las políticas y medidas de estímulo más rentables; y todo ello con una perspectiva de futuro, indican desde Fomento. En este sentido, Pastor anunció recientemente que el Gobierno remitirá en breve ese diagnóstico a Bruselas, tal y como establece la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética.
El Gobierno ya había modificado con anterioridad la Ley de Rehabilitación para eliminar las trabas jurídicas y administrativas que habían impedido en el pasado numerosos proyectos. La norma regula, por primera vez, “un límite económico homogéneo para el deber legal de conservación que cabe exigir a los propietarios” e introduce la posibilidad de que las plusvalías que se generen en estas obras de rehabilitación reviertan sobre las comunidades de propietarios, facilitando así su financiación.
Fuente: Cinco Días
Una vez recibida esta autorización, Fomento espera cerrar en el menor plazo posible esos acuerdos con las autonomías, que son las que tienen transferidas las competencias de vivienda. “En esta ocasión ha sido más complicado que otras veces porque había que cerrar planes anteriores, cuyas ayudas ya no tendrán continuidad en este nuevo. Hay que recordar que desaparece la promoción de VPO en régimen de propiedad”, explican desde el departamento que dirige Ana Pastor.
Así, el nuevo plan prevé movilizar en los próximos dos años y medio un total de 2.311 millones de euros en ayudas directas y el pago de la subsidiación de intereses de los préstamos hipotecarios subvencionados que aún están en vigor. A esa cantidad, habrá que sumarle los 216 millones adicionales que algunas comunidades autónomas se han comprometido a aportar, “por lo que en el reparto de fondos, también verán incrementada su cuota inicial”, subrayan desde el Ejecutivo.
Las mismas fuentes explican que el plan generará una inversión privada inducida de otros 1.200 millones y creará más de 30.000 empleos directos y hasta 105.000 indirectos. Desterrada la vivienda social en régimen de compra, los dos pilares del programa serán la rehabilitación y el alquiler.
Con un amplio excedente todavía de casas por vender, la estrategia no podía seguir siendo edificar más. Por eso, la rehabilitación se convierte en la estrella. Habrá ayudas directas para fomentar las obras de renovación de viviendas y edificios y una financiación bancaria especialmente diseñada para estos proyectos, gracias al compromiso adquirido por las entidades después de meses de negociación con el Ejecutivo y las constructoras. Será uno de los sectores donde cobrará especial importancia la colaboración público-privada.
En este sentido, el Ejecutivo trabaja en paralelo en el diseño de la denominada Estrategia de futuro para la Rehabilitación y la Eficiencia Energética. Se trata de otro plan de actuaciones cuyo objetivo es movilizar inversiones para la renovación del parque de edificios residenciales, tanto públicos como privados.
Dicha estrategia incluye un diagnóstico del parque inmobiliario español y una definición de los mejores enfoques de renovación, identifica cuáles son las políticas y medidas de estímulo más rentables; y todo ello con una perspectiva de futuro, indican desde Fomento. En este sentido, Pastor anunció recientemente que el Gobierno remitirá en breve ese diagnóstico a Bruselas, tal y como establece la Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética.
El Gobierno ya había modificado con anterioridad la Ley de Rehabilitación para eliminar las trabas jurídicas y administrativas que habían impedido en el pasado numerosos proyectos. La norma regula, por primera vez, “un límite económico homogéneo para el deber legal de conservación que cabe exigir a los propietarios” e introduce la posibilidad de que las plusvalías que se generen en estas obras de rehabilitación reviertan sobre las comunidades de propietarios, facilitando así su financiación.
Fuente: Cinco Días
