La industria española mantiene estabilidad mientras reclama una política que le permita ganar peso en Europa

La industria española conserva capacidad para sostener empleo, actividad productiva e inversión, pero continúa arrastrando problemas estructurales que dificultan mejorar su posición competitiva dentro del escenario europeo. Esta fue una de las principales conclusiones que dejó la presentación del IX Barómetro Industrial, celebrada el pasado 16 de junio en la sede del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) en Madrid, donde representantes del ámbito técnico, económico e institucional coincidieron en advertir de que el país sigue enfrentándose a desafíos persistentes relacionados con el tamaño empresarial, los costes energéticos, la burocracia administrativa, la escasez de talento especializado y la necesidad de actualizar cuanto antes el marco normativo que regula la actividad industrial.

El acto reunió al presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, José Antonio Galdón Ruiz; al presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Vázquez Taín; al economista Salvador Marín Hernández, encargado de presentar el análisis económico complementario incorporado este año al estudio, y a Alberto Ruiz Rodríguez, quien intervino en representación del Gobierno para trasladar la posición del Ministerio sobre la futura Ley de Industria.

Aunque la jornada sirvió formalmente para presentar los resultados de la encuesta realizada entre marzo y mayo de 2026 mediante un cuestionario online a cerca de 3.000 ingenieros del ámbito industrial, el encuentro acabó proyectando una imagen más amplia sobre el momento que atraviesa actualmente el tejido productivo nacional. Más allá de los indicadores concretos del Barómetro, las distintas intervenciones fueron configurando un diagnóstico compartido: España mantiene una base industrial sólida, pero sigue sin corregir algunos desequilibrios estructurales que limitan su capacidad para competir con las principales economías manufactureras europeas.

La radiografía económica de la jornada corrió a cargo de Salvador Marín, quien presentó las principales conclusiones del informe 'Una perspectiva económica de la situación de la industria en España: actualización 2025', elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas e incorporado este año al IX Barómetro Industrial como complemento analítico a los resultados de la encuesta. Su exposición permitió contextualizar la evolución reciente del sector a partir de una idea central: la industria española mantiene estabilidad, pero no consigue avanzar posiciones relativas dentro del escenario europeo.

Los grandes indicadores continúan reflejando una estructura productiva de notable peso dentro de la economía nacional. La industria representa actualmente el 16% del Valor Añadido Bruto español y genera aproximadamente 2,43 millones de empleos, equivalentes al 14% del mercado laboral. Dentro del conjunto industrial, la manufactura continúa ocupando una posición claramente dominante, al concentrar el 82,8% de toda la facturación del sector.

España conserva además una posición relativamente sólida dentro del contexto comunitario, situándose como sexto país de la Unión Europea por número de empresas industriales, cuarto por cifra de negocio y Valor Añadido Bruto (VAB) y quinto por volumen de empleo industrial. Sin embargo, estos datos conviven con una realidad menos favorable: la distancia respecto a Alemania, Italia y Francia continúa siendo considerable.

El denominado “semáforo industrial”, presentado durante el acto para evaluar la evolución de nueve grandes variables económicas, resume con bastante claridad esta situación intermedia. El balance correspondiente a 2024 arroja seis indicadores en positivo, uno estable y dos negativos. Pero las cifras agregadas no explican todo. La combinación refleja una industria capaz de sostener actividad y empleo, aunque acompañada de señales que aconsejan observar con cautela la evolución futura.

Tal y como destacó Salvador Marín, la aparente estabilidad macroeconómica comienza a mostrar algunas grietas cuando se observan indicadores más específicos. Durante 2024, la cifra de negocio industrial alcanzó los 857.826 millones de euros, lo que supone una caída interanual del 0,80%. Paralelamente, el número de empresas industriales descendió un 1,75%, prolongando una tendencia a la baja que ya suma tres ejercicios consecutivos.

A estos datos se añade otro indicador especialmente significativo. El Índice de Clima Industrial cerró diciembre de 2025 en -3,5 puntos y acumula ya 42 meses consecutivos en valores negativos, reflejando un escenario prolongado de incertidumbre dentro del tejido productivo español.

El problema, en realidad, no es nuevo. Marín recordó que buena parte de estas dificultades guarda relación con una característica estructural conocida desde hace años. El 99,4% del tejido industrial español está compuesto por pequeñas y medianas empresas y, dentro de este conjunto, el 84% corresponde específicamente a micropymes. Esta elevada fragmentación limita la capacidad de inversión sostenida, dificulta procesos de internacionalización y reduce el margen competitivo frente a otros países europeos con estructuras empresariales de mayor tamaño.

Concluida la presentación del informe económico dirigido por Salvador Marín, la atención se desplazó hacia los resultados de la encuesta que da forma al IX Barómetro Industrial y que fueron presentados por Ana Menéndez, del departamento de Comunicación del COGITI. Las respuestas recogidas entre cerca de 3.000 ingenieros permiten identificar cuáles son actualmente las principales preocupaciones y prioridades que marcan la percepción del sector.

La cuestión energética ocupó un lugar central dentro del diagnóstico presentado durante la jornada. Según refleja el Barómetro, el 87% de los ingenieros consultados considera prioritario avanzar hacia una mayor autonomía energética nacional, mientras que el 83% prevé consecuencias negativas derivadas de la actual inestabilidad internacional sobre los costes energéticos y la competitividad industrial. Estos resultados reflejan, además, un cambio de percepción cada vez más extendido dentro del sector: la energía ya no se contempla únicamente como un factor de coste, sino como un elemento estrechamente vinculado a la capacidad productiva y a la posición competitiva que España pueda mantener dentro del escenario industrial europeo. En esta misma línea, José Antonio Galdón señaló durante la jornada que la transición energética representa una oportunidad para el país, aunque exige planificación, infraestructuras adecuadas y profesionales cualificados capaces de acompañar esa transformación.

Junto con la energía, la simplificación administrativa continúa ocupando uno de los primeros lugares entre las demandas expresadas por los profesionales consultados. El 73% reclama reducir trámites burocráticos para facilitar el desarrollo industrial, mientras que el 71% considera insuficientes las medidas impulsadas hasta ahora por la Administración General del Estado para favorecer la actividad económica.

A partir de esta preocupación por la burocracia, durante la jornada se vinculó la simplificación administrativa con la capacidad para atraer y materializar nuevos proyectos industriales. Para una empresa industrial, los tiempos de tramitación condicionan inversiones, planificación productiva, contratación de personal y decisiones relacionadas con la ubicación futura de nuevos proyectos. En un contexto internacional marcado por la competencia entre países para captar inversiones vinculadas a fabricación avanzada, digitalización industrial o nuevas cadenas de suministro, la agilidad administrativa aparece así como un factor competitivo cada vez más relevante.

La captación de profesionales especializados fue otra de las cuestiones abordadas durante la presentación. El 70% de los ingenieros consultados considera que la falta de talento técnico constituye ya uno de los principales problemas estructurales que afronta actualmente la industria española. 

José Antonio Galdón señaló que esta falta de profesionales especializados empieza a convertirse en uno de los principales obstáculos para el crecimiento industrial y defendió la necesidad de reforzar la conexión entre formación, empresa e industria para responder adecuadamente a las nuevas necesidades tecnológicas del sector. Pero el problema no termina ahí. Los propios datos del Barómetro reflejan igualmente carencias relevantes en materia digital. Un 67% considera insuficiente la formación actual en competencias tecnológicas y un 62% identifica la falta de conocimiento práctico sobre aplicaciones reales de inteligencia artificial como una de las principales barreras para acelerar su implantación dentro del entorno industrial.

Aunque el Barómetro ofrece una radiografía amplia sobre el estado actual de la industria española, buena parte del debate institucional acabó concentrándose en una cuestión concreta: la necesidad de aprobar cuanto antes una nueva Ley de Industria capaz de actualizar un marco normativo que acumula ya más de tres décadas sin una revisión profunda.

Tanto COGITI como el CGE aprovecharon la presentación pública del informe para reclamar acelerar esta reforma legislativa. Desde ambas organizaciones se insistió en que el actual marco regulatorio ya no responde adecuadamente a los desafíos que afronta hoy la actividad industrial, especialmente en ámbitos como digitalización, transición energética, captación de inversión o fortalecimiento de la capacidad productiva nacional.

En representación del Ministerio de Industria y Turismo, Alberto Ruiz Rodríguez defendió el trabajo desarrollado hasta ahora por el Ejecutivo y recordó que el texto legislativo ya ha completado toda su fase técnica, encontrándose actualmente en negociación parlamentaria. Según explicó, la futura norma permitirá modernizar un marco regulatorio que no ha sido actualizado en treinta años e incorporará nuevas figuras destinadas a agilizar la tramitación de proyectos estratégicos, facilitar acceso prioritario a financiación pública y reducir tiempos administrativos.

Ruiz recordó además que el Ministerio ha puesto ya a disposición del tejido empresarial cerca de 4.500 millones de euros en subvenciones canalizadas a través del Plan de Recuperación, dirigidas a más de un centenar de proyectos industriales vinculados a electrificación, descarbonización, movilidad de cero emisiones y nuevas tecnologías energéticas.

La fotografía final que deja este IX Barómetro Industrial resulta bastante elocuente. España conserva una base industrial sólida y mantiene indicadores macroeconómicos relativamente estables, pero continúa arrastrando problemas estructurales que limitan su capacidad para competir con las principales economías manufactureras europeas.

La política industrial ha recuperado protagonismo dentro de la estrategia económica europea y mantener la estabilidad ya no parece suficiente. El verdadero desafío, como quedó patente durante la jornada celebrada en Madrid, pasa ahora por decidir si esa estabilidad será capaz de transformarse en crecimiento sostenido y en una capacidad productiva realmente competitiva a largo plazo.