El papel de los astilleros en la seguridad de las infraestructuras submarinas

Durante mucho tiempo hemos contemplado el mar como una vía de comunicación, un espacio de transporte o una fuente de recursos. Sin embargo, bajo sus aguas se encuentra hoy una parte esencial de nuestra economía, de nuestros servicios públicos y de nuestra seguridad. Cables de telecomunicaciones, interconexiones eléctricas, gasoductos e instalaciones energéticas sostienen actividades de las que dependemos cada día, aunque rara vez seamos conscientes de su existencia.

El mar ya no puede entenderse como un conjunto de infraestructuras aisladas. El espacio submarino se ha convertido en un entorno estratégico en el que confluyen infraestructuras esenciales para la conectividad digital (el 99% del tráfico de internet intercontinental), el abastecimiento energético y el funcionamiento de nuestras economías. Su creciente importancia, unida a la extensión y complejidad de estas redes, plantea nuevos desafíos para garantizar su seguridad, disponibilidad y capacidad de recuperación ante posibles incidentes.

La cuestión adquiere una relevancia particular para España. Nuestra posición geográfica, entre Europa, África y América, y nuestra proyección hacia el Mediterráneo y el Atlántico, nos sitúan en un enclave estratégico para las comunicaciones internacionales y las conexiones energéticas. A ello se suma la singularidad de nuestro territorio, con los archipiélagos de Canarias y Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya conectividad y seguridad de suministro refuerzan la importancia de las infraestructuras submarinas. Los cables de telecomunicaciones, las interconexiones eléctricas y las infraestructuras de transporte de gas conforman una red estratégica esencial, no solo para nuestra conexión con el exterior, sino también para la cohesión territorial, la continuidad de los servicios esenciales y la seguridad energética de España.

Esta posición convierte a España en una puerta de acceso privilegiada para la conectividad global, pero también aumenta su exposición. La Estrategia Nacional de Seguridad Marítima de 2024 reconoce expresamente la importancia de estas infraestructuras y la necesidad de reforzar su protección y resiliencia. No se trata únicamente de prevenir amenazas deliberadas. También debemos contemplar los accidentes, los daños provocados por actividades marítimas, los fenómenos naturales y cualquier circunstancia que pueda comprometer la prestación de servicios esenciales. Proteger esas infraestructuras no es solo una cuestión tecnológica, sino que afecta a la continuidad de servicios esenciales, a la actividad económica y a la resiliencia del país.

En este contexto, la seguridad de las infraestructuras submarinas no puede entenderse únicamente como una cuestión de vigilancia. Debe incorporar también la capacidad de inspeccionar, intervenir, reparar y restablecer los servicios afectados.

Aquí surge una complejidad adicional. Buena parte del recorrido de cables y tuberías se encuentra fuera de las aguas territoriales. En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados ejercen jurisdicción plena sobre estas infraestructuras dentro de sus aguas territoriales, pero el régimen es más fragmentado en la zona económica exclusiva y en alta mar.

En consecuencia, su protección no depende de un único actor ni de una única legislación nacional. Las Administraciones, las Fuerzas Armadas, los operadores de infraestructuras, las empresas tecnológicas y la comunidad internacional deben compartir información, protocolos y responsabilidades. La vigilancia operativa corresponde a un conjunto de capacidades navales, satelitales, subacuáticas y digitales, pero la detección debe traducirse en una respuesta coordinada y en una recuperación rápida del servicio.

Podemos desarrollar sistemas de vigilancia cada vez más sofisticados, desplegar sensores, integrar fuentes de información y utilizar inteligencia artificial para identificar anomalías. Pero no podemos olvidar que disponer de información no garantiza por sí solo la capacidad de respuesta. Cuando se produce un daño, hacen falta también buques especializados, equipos preparados para operar en condiciones complejas y profesionales capaces de inspeccionar y reparar cables, interconexiones eléctricas o tuberías.

Además, las necesidades varían según la naturaleza de la infraestructura.

Los cables de telecomunicaciones requieren medios capaces de localizar averías, recuperar y manipular cables y realizar operaciones de reparación. Las interconexiones eléctricas submarinas presentan exigencias específicas asociadas a sus características constructivas, dimensiones y condiciones de manipulación. Por su parte, los gasoductos necesitan sistemas especializados de inspección e intervención, sujetos a requisitos técnicos y de seguridad particularmente exigentes.

Aunque comparten determinados desafíos, estas infraestructuras no pueden abordarse mediante una única solución tecnológica.

Por ello, la resiliencia debe construirse sobre una combinación de capacidades complementarias: vigilancia, inspección, intervención submarina, reparación, mantenimiento y coordinación operativa.

La Unión Europea ha incorporado la protección y resiliencia de los cables submarinos entre sus prioridades estratégicas, promoviendo actuaciones orientadas a prevenir incidentes, mejorar su detección y reforzar la capacidad de respuesta y recuperación.

En febrero de 2026, la Comisión Europea anunció una inversión adicional de 347 millones de euros en el marco de Connecting Europe Facility Digital para reforzar la seguridad y resiliencia de los cables submarinos. Entre las iniciativas contempladas figuran actuaciones destinadas a mejorar las capacidades europeas de reparación y favorecer el desarrollo de módulos de intervención que puedan desplegarse cuando resulte necesario.

Estas medidas reflejan una evolución importante en la forma de abordar la seguridad de las infraestructuras críticas: no basta con protegerlas frente a posibles amenazas; es necesario disponer de los medios que permitan recuperar su funcionamiento con la mayor rapidez posible.

España dispone de una industria naval con experiencia en construcción, reparación, transformación y mantenimiento de buques, así como de un tejido de empresas tecnológicas, ingenierías, fabricantes de equipos y centros de investigación capaces de aportar conocimientos especializados.

Aprovechar este potencial permitiría avanzar en el desarrollo de nuevas capacidades de inspección e intervención submarina, impulsar proyectos tecnológicos y reforzar la participación de nuestra industria en iniciativas nacionales y europeas.

La construcción de nuevos buques permite concebir plataformas específicamente diseñadas para misiones de inspección, mantenimiento o intervención submarina. Estas unidades pueden incorporar sistemas avanzados de posicionamiento dinámico, equipos de manipulación, vehículos submarinos operados remotamente, sensores, sistemas de comunicaciones y medios especializados de intervención.

En determinadas operaciones, como la reparación de cables submarinos en aguas profundas, serán necesarios buques con capacidades específicas que no pueden sustituirse fácilmente mediante embarcaciones convencionales.

Sin embargo, la construcción de nuevas unidades no constituye la única alternativa. La transformación de buques existentes puede ofrecer soluciones interesantes para determinadas misiones, especialmente cuando se trata de incorporar capacidades de inspección, vigilancia, apoyo a operaciones submarinas o intervención mediante sistemas modulares.

La instalación de vehículos submarinos no tripulados, equipos de posicionamiento, sensores, sistemas de adquisición y tratamiento de datos o centros de control embarcados puede permitir que determinadas plataformas amplíen sus funciones y respondan a nuevas necesidades operativas.

Para los astilleros privados españoles, estas alternativas representan oportunidades industriales que van más allá de la construcción naval convencional y que pueden contribuir al desarrollo de nuevos productos y servicios de alto contenido tecnológico que fortalezcan nuestra industria naval.

Los astilleros privados españoles cuentan, además, con una experiencia acreditada en la construcción de buques de elevada complejidad tecnológica, capaces de integrar sistemas avanzados para la investigación, la observación, la intervención y las operaciones en el medio marino. Astilleros como Freire Shipyard, Grupo Armón y Zamakona han demostrado, a través de su actividad en segmentos como los buques oceanográficos, de investigación y de salvamento marítimo, su capacidad para desarrollar plataformas especializadas que incorporan tecnologías de navegación, posicionamiento, comunicaciones, sensores y equipos adaptados a misiones de gran exigencia operativa.

Esta experiencia constituye una base industrial y tecnológica de gran valor para afrontar los nuevos desafíos asociados a la seguridad de las infraestructuras submarinas. No se trata, por tanto, de desarrollar capacidades completamente nuevas, sino de aprovechar y evolucionar conocimientos, tecnologías y experiencias que nuestra industria naval ya posee, orientándolos hacia nuevas necesidades de vigilancia, inspección, intervención y apoyo a la reparación de infraestructuras críticas, y desde SOERMAR queremos impulsar nuevos desarrollos que todos sus astilleros miembros están dispuestos a afrontar.

La seguridad de las infraestructuras submarinas constituye, en este sentido, un ámbito especialmente interesante para impulsar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y colaboración industrial.

Porque detectar una amenaza es imprescindible. Anticiparse a ella, todavía más. Pero, cuando se produce un incidente, la verdadera resiliencia se demuestra teniendo capacidad para responder y recuperar los servicios esenciales. Y esa capacidad también se diseña y se construye en nuestros astilleros.