'Mareas de cambio' en el sector marítimo: la urgencia de reformas legales y una política de Estado marcan el foro de la AEDM

El Auditorio Uría Menéndez de Madrid se convirtió, los pasados días 11 y 12 de junio de 2026, en el epicentro del debate jurídico-marítimo con la celebración del Congreso Nacional de la Asociación Española de Derecho Marítimo (AEDM).

Bajo el lema ‘Mareas de cambio’ y con la mirada puesta en su próxima cita en Valencia, el encuentro se desarrolló en un formato híbrido que congregó a destacados expertos del sector.

A lo largo de dos intensas jornadas, el evento desgranó de forma cronológica los desafíos normativos, las tensiones geopolíticas mundiales y las reformas estructurales necesarias para dotar de competitividad al tejido marítimo.

La inauguración formal de las jornadas corrió a cargo de Benito Núñez, secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, y Carlos López-Quiroga, presidente de la AEDM y socio de Uría Menéndez. Ambos abordaron el contexto normativo actual y las novedades institucionales de la asociación, marcando el punto de partida de un congreso volcado en las reformas del sector.

La primera mesa de debate, protagonizada por los jóvenes profesionales de la asociación, estuvo moderada por Diego de San Simón, socio de San Simón & Duch. El panel —compuesto por Carlos Cid, Legal Director en Clyde & Co, Jorge Llovo, abogado en Albors Galiano & Portales) y Robyn Gutiérrez, directora del departamento de Procesal en Andersen— analizó minuciosamente los desafíos contractuales, logísticos y de aseguramiento que rodean al transporte marítimo de grandes infraestructuras y cargas sobredimensionadas (Project cargo y heavylift).

Moderada por Manuel Alba, profesor de la Universidad Carlos III y miembro de la representación española en UNCITRAL, esta mesa técnica analizó el tratado en vigor desde el pasado 17 de febrero de 2026.

Norman Martínez, profesor y director del IMLI de Malta, calificó la convención como un hito que introduce el certificado judicial de venta o “pasaporte internacional del título limpio”. Angele Sears-Debono, responsable jurídico en la DG de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, avanzó la primicia de que los documentos de accesión de la UE están de camino a Nueva York para convertir a la Unión en la quinta parte contratante. Por último, José María de Pablos, registrador titular del Registro de Bienes Muebles de Sevilla, desgranó la aplicación práctica y la publicidad registral en España ante estas ventas, valorando positivamente el repositorio centralizado del Artículo 11.

La exministra de Asuntos Exteriores de España y profesora visitante en la Universidad de Georgetown, Ana Palacio, ofreció una ponencia magistral sobre la transformación geopolítica de las rutas comerciales. Palacio alertó sobre la vulnerabilidad actual de los estrechos internacionales, que han pasado de ser simples corredores logísticos a instrumentos de presión. Asimismo, reivindicó el derecho de paso en tránsito como la “constitución de los océanos” e instó a España a adoptar una visión estratégica integral que una el comercio con la seguridad y la defensa.

Asimismo, la junta directiva presentó su nuevo proyecto de digitalización. La iniciativa incluye una renovación integral de su página web (con espacios de networking y contenidos exclusivos) y el lanzamiento de una nueva aplicación móvil orientada a agilizar la gestión de inscripciones de los asociados.

La sesión vespertina comenzó bajo la moderación de Alejandro Rubio, director de asesoría jurídica en Navantia. Los ponentes Xavier Codina, socio de Uría Menéndez, Elena Marina Rodríguez, directora general de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado, y Alfredo Cabellos, socio de Watson Farley & Williams, examinaron las especificidades legales, la doctrina administrativa y las complejidades de la contratación pública en los astilleros dedicados a la defensa estratégica y construcción naval.

Cerrando la primera jornada, esta mesa fue moderada por Jaime Albors, socio de Albors Galiano Portales. El panel —integrado por Carlos Cremades, presidente de Marflet Marine y de la Real Academia de la Mar, Oliver Caplin KC, Barrister de Londres, y Katey Perkins, directora de Asesoría jurídica de Moeve Trading— analizó el fuerte impacto de las tensiones en el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz sobre los fletes, la alteración de las rutas de suministro energético y el endurecimiento de las pólizas de seguro marítimo.

La segunda jornada se inició con un pormenorizado repaso a la aplicación de la Ley de Navegación Marítima (LNM), moderado por Jesús Casas, socio de Casas & García-Castellano. Purificación Martorell, magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia, analizó las reclamaciones por gastos de demora y manipulación portuaria. Hannah de Bustos, abogada en Avante Legal, abordó las medidas cautelares y la presunción del periculum in mora en los embargos preventivos de buques.

Finalmente, Celia Lopera, socia en Muñoz & Montañés Abogados, expuso dos fallos capitales del Tribunal Supremo de 2026; en especial, la sentencia del Pleno del 5 de febrero que zanjó que el plazo anual de las Reglas de La Haya-Visby es de caducidad de la acción y no de prescripción.

La última mesa del congreso, moderada por Luz Martínez de Azcoitia, abogada en Uría Menéndez, abordó la pérdida de competitividad del pabellón nacional. Elena Seco, directora general de ANAVE, denunció la obsolescencia del Registro Especial Canario (RECA) frente al crecimiento de otros registros europeos. Yolanda Acha, directora Adjunta de la Agencia Marítima Ibernor, calificó de “dramático” el laberinto burocrático de Extranjería para enrolar marinos extracomunitarios frente a la cuota obligatoria del 50% de tripulación comunitaria.

Como contraparte, Ana Núñez, directora general de la Marina Mercante, reconoció el problema como estructural dentro de la Estrategia Marítima 2025 y avanzó una flexibilización legal para que el requisito del 50% compute únicamente sobre la dotación mínima de seguridad y no sobre el total del barco.

El congreso fue clausurado formalmente por Ana Núñez y Carlos López-Quiroga. Ambos concluyeron que, de cara al futuro y en sintonía con las ‘mareas de cambio’ analizadas, España requiere una política de Estado coordinada que entienda el sector marítimo como un pilar estratégico indiscutible para la economía y la seguridad nacional.