¿Está la OMI en manos de EE.UU y en contra de la descarbonización del transporte marítimo y la lucha contra el cambio climático?
Asimismo, ha impulsado el uso de nuevos combustibles menos contaminantes, tecnologías de propulsión y equipos auxiliares más eficientes, así como medidas destinadas a reducir la huella de carbono del sector. Todo ello se enmarca en su objetivo global de alcanzar cero emisiones netas para 2050, una meta aprobada anteriormente en su estrategia de 2023 sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques, la cual requiere de unas medidas que ahora han sido inexplicablemente aplazadas.
Actualmente, la Unión Europea aplica su propia normativa regional para alcanzar la neutralidad climática, mucho más estricta y punitiva que la que propone la OMI. Solo en 2024, esta normativa recaudó más de 1.000 millones de euros, sin que todavía se haya aclarado su destino. El hecho de que solo la UE imponga tasas por emisiones provoca un desequilibrio tanto en el mercado marítimo mundial como a nivel económico de forma global, ya que muchos armadores optan por evitar puertos europeos en favor de otros libres de cargas por descarbonización.
En el plano técnico, las medidas de la OMI establecen dos niveles de objetivos de gases de efecto invernadero y dos niveles de tasas:
- Un objetivo base.
- Un objetivo más estricto, de cumplimiento directo.
Cada buque se evalúa según su intensidad anual de consumo de combustible respecto a ambos objetivos. Los que cumplan el objetivo directo pueden obtener unidades excedentes, mientras que los que lo superen deberán adquirir unidades de compensación. Se trata, en esencia, de un mecanismo económico escalonado, con un precio del carbono más bajo para los menos contaminantes y más alto para los que contaminen más.
Sin embargo, la votación de octubre arrojó un resultado preocupante: 57 votos a favor del aplazamiento de la sesión, 49 en contra y 21 abstenciones. Entre los países que apoyaron el retraso destacan Estados Unidos y Arabia Saudí, junto con otros con intereses petroeconómicos o que fueron persuadidos por razones políticas. Sorprendió también la abstención de Chipre y Grecia, ambos miembros de la Unión Europea, lo que revela la falta de cohesión interna del bloque y la influencia que ejerce la política estadounidense —en particular la del presidente Trump— sobre algunos de sus aliados y sus intereses económicos.
La aplicación desordenada del reglamento del Comité y el enfoque excesivamente burocrático y meramente administrativo por parte de la Secretaría han contribuido a debilitar la autoridad y credibilidad de la OMI, justo en un momento decisivo para el futuro climático del planeta.
En realidad, los únicos beneficiados son Estados Unidos, los países productores de petróleo y sus aliados, que podrán seguir impulsando el consumo de combustibles fósiles y obstaculizando las normas globales. El resultado será un sistema fragmentado, con normativas regionales desiguales, una competencia distorsionada y un retroceso en la lucha climática.
¿Está realmente la OMI comprometida con la descarbonización y la reducción de gases de efecto invernadero, o se ha convertido en un instrumento político más al servicio del presidente Trump y los intereses petroeconómicos? El tiempo lo dirá.
