El Consejo General de Ingenieros Industriales pide actualizar la LOE para impulsar la construcción industrializada

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales plantea revisar la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999, adaptar la financiación de los componentes fabricados fuera de obra y definir el papel de los fabricantes en el proceso constructivo. La organización considera que la industrialización puede contribuir a reducir los plazos de ejecución y mejorar la productividad, aunque advierte de que su desarrollo también depende de la disponibilidad de suelo, la financiación, la regulación y una demanda estable.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales defendió el 20 de octubre de 2026 la necesidad de actualizar el marco normativo de la construcción para facilitar la incorporación de sistemas industrializados a la edificación residencial. La organización había valorado positivamente el año anterior las medidas del Gobierno para impulsar este modelo, entre ellas la inclusión de criterios de industrialización que podían representar hasta un 10% de la puntuación en las licitaciones públicas de vivienda. Sin embargo, considera que el ritmo de producción continúa por debajo de las necesidades del mercado.

Según las estimaciones que maneja el Consejo General, el déficit de vivienda en España se sitúa entre 600.000 y 730.000 unidades. A esta cifra se suma la previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE), que calcula la creación de 3,69 millones de hogares entre 2024 y 2039, una media aproximada de 246.000 al año. Esta previsión contrasta con las entre 90.000 y 100.000 viviendas terminadas anualmente en el periodo reciente.

El desajuste también se observa en la evolución de los hogares y los permisos de construcción. Entre 2022 y 2024 se formaron 604.000 hogares y se concedieron 345.000 permisos, una diferencia de 259.000 unidades en este indicador adelantado de la actividad residencial.

El Consejo General señala que la insuficiencia de oferta responde a diversos factores, entre ellos la disponibilidad de suelo, la financiación, la fiscalidad y la regulación. Por ello, considera que la industrialización debe integrarse en una estrategia más amplia de acceso a la vivienda y no abordarse como una solución aislada.

Carlos Medina, presidente del Consejo General, resume esta dificultad al afirmar que “sin mejoras de productividad y de capacidad industrial, cubrir ese desfase será muy difícil”. Medina también destaca “la importancia de avanzar en esta dirección para hacer frente a uno de los grandes desafíos actuales de España: reducir el déficit de vivienda mediante nuevas fórmulas de construcción más industrializadas y eficientes”.

La organización también cuestiona la distancia entre los compromisos institucionales y la entrega efectiva de viviendas públicas. Medina señala que “las administraciones suelen responder con planes de vivienda pública que se cuentan por miles en las ruedas de prensa, pero por decenas en las entregas de llaves reales”.

A juicio del presidente del Consejo General, la dificultad para ampliar el parque de vivienda protegida está relacionada con la falta de suelo urbanizado, proyectos técnicos y presupuestos suficientes, además de los obstáculos que afectan a la ejecución de los planes anunciados. La entidad considera que aumentar la capacidad de producción resulta necesario para que las políticas públicas se traduzcan en un mayor número de viviendas disponibles.

La construcción industrializada traslada a instalaciones fabriles una parte sustancial de los trabajos que tradicionalmente se realizan en la obra. El proceso puede incluir módulos tridimensionales, paneles, baños y cocinas, fachadas, cubiertas y otros componentes prefabricados, que posteriormente se transportan y montan en el emplazamiento definitivo.

Este modelo puede reducir los plazos de ejecución hasta un 60%, en función del grado de industrialización. En proyectos repetitivos y con suficiente escala, los ahorros de costes podrían situarse entre el 20% y el 30%. La organización también recoge estimaciones de reducciones de hasta un 60% en emisiones o residuos generados en obra, dependiendo del alcance de cada actuación.

Los resultados energéticos, por su parte, dependen de factores como la envolvente del edificio, las instalaciones, el diseño, las condiciones de uso y el clima. El Consejo General subraya que estas mejoras son potenciales y no automáticas: su materialización está condicionada por la escala de producción, la repetición de soluciones, la logística y la calidad del diseño.

La penetración de la construcción industrializada en España se sitúa, según las estimaciones de la organización, en torno al 1-2% de las viviendas terminadas. Además, de sus implicaciones productivas, la industrialización puede contribuir a modificar las condiciones de trabajo del sector. El traslado de parte de las tareas a entornos fabriles controlados permite planificar procesos con mayor previsibilidad y puede mejorar la seguridad. También puede facilitar la incorporación de perfiles profesionales más diversos, jóvenes y vinculados a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

El PERTE de Vivienda Industrializada contempla 1.300 millones de euros en préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y parte de un objetivo de 15.000 viviendas al año. Según la comparación planteada por el Consejo General, esa cifra equivale aproximadamente al 6% de la creación media anual de hogares prevista por el INE.

Mateu Oliver, vicepresidente del Consejo General, considera que la iniciativa representa un avance, pero advierte de que no resuelve por sí sola las barreras estructurales que dificultan la expansión del modelo. Entre ellas menciona la financiación de los elementos fabricados fuera de obra, la concesión de licencias, los seguros, la normalización técnica, la escala industrial y la necesidad de contar con una demanda estable.

La organización sostiene que el impulso financiero debe acompañarse de cambios normativos y mecanismos que permitan integrar la fabricación industrial en las distintas fases del proyecto y de su ejecución.

Con todo esto, el Consejo General sitúa en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), vigente desde 1999, uno de los principales obstáculos para desarrollar la construcción industrializada. A su juicio, la norma no contempla de manera suficiente las particularidades de este modelo ni la diversidad de perfiles técnicos que intervienen en los procesos de diseño, fabricación, integración de sistemas y montaje.

La organización precisa que la LOE no obliga expresamente a construir los edificios íntegramente en el emplazamiento. El problema, según su análisis, es que la estructura normativa responde a una lógica de construcción tradicional y no desarrolla con suficiente detalle funciones propias de la industrialización, como la intervención del fabricante, la integración industrial, la trazabilidad entre fábrica y obra, el control de calidad de los componentes producidos fuera del emplazamiento o la coordinación del montaje.

El Consejo General también considera que las garantías previstas en la legislación no se ajustan con precisión a las particularidades de la fabricación fuera de obra. Por ello, propone una actualización específica de la LOE, sin abordar una reforma general del sistema de servicios profesionales, que facilite la incorporación de nuevas soluciones constructivas y permita aprovechar las capacidades técnicas disponibles.

La primera línea de actuación sería reconocer la función de los equipos multidisciplinares en los proyectos industrializados. La organización plantea que los ingenieros industriales puedan asumir el liderazgo de la dimensión industrial del proyecto, que incluye el diseño para fabricación, la integración de sistemas, la definición de procesos, el control de calidad, la trazabilidad, el montaje, la seguridad y la coordinación entre fábrica y obra. También propone estudiar fórmulas de codirección o liderazgo técnico en proyectos de vivienda industrializada.

El segundo eje se centra en la financiación de los componentes fabricados fuera del emplazamiento. El Consejo General plantea adaptar la normativa de valoración para que estos elementos puedan utilizarse como garantía antes de su incorporación física al inmueble, siempre que cuenten con los mecanismos de trazabilidad y control necesarios.

La tercera propuesta consiste en definir con mayor precisión las responsabilidades del fabricante industrial. Aunque la LOE ya lo reconoce como suministrador de productos, la organización considera necesario desarrollar su papel cuando asume tareas de fabricación, seguimiento de los componentes, control de calidad, integración de elementos producidos fuera de obra y coordinación con los trabajos de construcción.

El Consejo General defiende que la industrialización requiere incorporar las competencias de la ingeniería industrial a las distintas fases del proceso. Entre ellas, figuran el diseño orientado a la fabricación, la integración de instalaciones de climatización y electricidad, la domótica, las metodologías de fabricación ajustada —conocidas como 'lean manufacturing'—, la metodología de modelado de información de construcción (BIM), la digitalización, el control de calidad, la logística y la planificación de la producción a escala.

La organización reconoce que la LOE reserva al arquitecto el proyecto y la dirección de obra de los edificios residenciales, y señala que su propuesta no pretende plantear un conflicto entre profesiones. Su planteamiento es adaptar el marco normativo a un modelo en el que la fabricación, la logística y el montaje adquieren un peso central en el desarrollo del edificio.