Estreno “infernal” de la nueva PAC ante el exceso de burocracia para los productores
La reforma de la PAC para 2023-2027 entró en vigor el 1 de enero, es la segunda más ambiciosa de su historia por sus objetivos ambientales y por el grado de responsabilidad para los Gobiernos. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) pasarán revista el martes a los planes estratégicos nacionales de la PAC, en pleno período de solicitud de las subvenciones, y con la prioridad para España de lograr flexibilidad que palíe la falta de lluvias. El sector agrario pidió esta semana ciertamente unas exigencias más flexibles en la Mesa Nacional de la Sequía, pero su descontento con la PAC es anterior.
Pero también marca récords de dificultad logística para aplicarla, según señalan fuentes de las organizaciones agrarias españolas ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones. “Es un infierno burocrático”, según el director técnico de COAG, José Luis Miguel. “Hay mucha incertidumbre en una población menos familiarizada con las aplicaciones informáticas y en zonas rurales donde la banda ancha no es la que se quisiera”, señala el director de relaciones internacionales de Asaja, Ignacio López. “Hemos echado en falta más información, especialmente en un año complicado como este”, según Javier Alejandre, técnico de UPA, quien insiste en que esa carencia puede lastrar las decisiones agrícolas y traducirse en un recorte de las ayudas.
Además, ha entrado en juego la sequía, que supone un baño de realidad para el sector. “La sequía nos pone ante el espejo de lo que es la PAC, es un baño de realidad frente a lo que se diseña desde los despachos de Bruselas o de Madrid”, según el director técnico de COAG. La prueba de fuego ha sido el período para solicitar ayudas, abierto hasta el 31 de mayo, con 4.800 millones de euros en juego para pagos directos; los obstáculos están relacionados con problemas informáticos y con los ecorregímenes, que representan un 23% de los fondos para ayudas y se otorgan condicionados al cumplimiento de ciertos servicios ambientales, pero desde el sector se dice que su diseño en el plan nacional está alejado del día a día de un productor.
Otra dificultad es la implantación del cuaderno digital de explotación (CUE) que tiene la finalidad de incorporar y mantener los datos de detalle de la gestión de la finca agrícola. “La complejidad asfixia a los agricultores”, según COAG, quien apunta que en las pymes no hay capacidad para estar “enredados” con los costes adicionales. Otra circunstancia es la promoción del cultivo de leguminosas, porque faltan semillas, y se han encarecido considerablemente, lo que se suma a los costes de producción que sufre el sector, derivados de la guerra de Ucrania.
López también detalla la complejidad de la redistribución de los pagos y otra cuestión, las directrices sobre barbechos que, con la sequía, opina, deberían adaptarse porque los productores se están replanteando sembrar determinados cultivos. Las organizaciones Asaja, UPA, COAG y Unión de Uniones han pedido flexibilidad tanto en la PAC como en otras normas, como la de aplicación de fitosanitarios en plantaciones hortofrutícolas.
Respecto a la ganadería, Alejandre apunta que la PAC establece, por ejemplo, que para el cobro de la ayuda al ovino haya un número de corderos vendidos por oveja, por lo que si los pastos disminuyen “habrá que pensar” en excepciones. Aclaran que los agricultores y los ganaderos están dispuestos a la digitalización y a cumplir con las reglas verdes, al igual que han hecho en reformas anteriores, pero dicen que se están pidiendo requisitos sin dar alternativas. López apunta que 2023 y 2024 serán años de aprendizaje y confía en que los agricultores se adapten como en otras reformas, pero deberían estar “menos encorsetados” los porcentajes de distribución de fondos.
