Las siete grandes ciudades españolas solicitan más recursos para hacer frente al coronavirus

Los alcaldes de las siete ciudades más pobladas de España -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Murcia-, mantuvieron el martes 14 de abril una reunión en la que coincidieron en la necesidad de contar con más recursos jurídicos y económicos para poder afrontar los problemas generados por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del coronavirus en asuntos como ingresos financieros, transporte y seguridad pública, servicios sociales o empleo. Tras la charla, que se mantuvo por videoconferencia, suscribieron una declaración conjunta solicitando varias medidas para lograr esos recursos.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, en un momento de la reunión. Tras ella los alcaldes se emplazaron a próxima cita, en la que participarán las ciudades de Bilbao, Ciudad de Palma y las Palmas de Gran Canaria.

La reunión se celebró a instancias del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y en ella participaron sus homólogos José Luis Martínez-Almeida (Madrid); Ada Colau (Barcelona); Joan Ribó (Valencia); Juan Espadas (Sevilla); Susana Carillo (quien sustituyó en la cita a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, quien se recupera de una intervención quirúrgica), y José Ballesta (Murcia). En la videoconferencia los siete alcaldes coincidieron en la necesidad de mantener este tipo de encuentros, ampliándolo a otros ayuntamientos que quieran sumarse.

La declaración conjunta defiende la “unidad, la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación como elementos esenciales para superar el reto de mayor envergadura que ha sufrido la sociedad española en su actual etapa democrática”. Las siete ciudades reclaman un cambio en el marco financiero global que les permita disponer de los remanentes acumulados “sin ningún tipo de limitación para proteger a los más débiles y participar en la necesaria reactivación económica”.

Además, los representantes de las siete ciudades más pobladas de España reclamaron al Gobierno central:

1.- Que se suspendan los plazos establecidos para la presentación de los planes económico-financieros mientras dure el estado de alarma.

2.- Que se flexibilicen los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para aumentar el gasto público.

3.- Que los grandes ayuntamientos tengan acceso a los fondos europeos extraordinarios para la mitigación de la crisis.

4.- Que se habiliten fondos nacionales en los que puedan participar los consistorios para financiar los grandes déficits de tarifa que se están generando en el transporte municipal, incrementar la prestación de servicios sociales y participar en el desarrollo de políticas de empleo.

5.- Que el Estado permita a los ayuntamientos avalar líneas de crédito para ayudar a autónomos y pymes.

Dentro también del ámbito económico, la declaración considera esencial que “se desplieguen con la mayor rapidez posible medidas normativas y fiscales de ámbito estatal y municipal para que los ayuntamientos podamos adoptar en coherencia con ellas nuestras propias decisiones con espíritu complementario y la máxima inmediatez que requieren estas circunstancias”.

Asimismo los gobiernos municipales reunidos consideran necesario tener una participación activa en los planes estatales y autonómicos relacionados con las crisis del coronavirus. “Estamos en la primera línea de exposición, estamos participando activamente en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias y queremos seguir haciéndolo”, por ello solicitan la colaboración de todas las administraciones, piden estar presentes en la toma de decisiones y subrayan la necesidad de disponer de todos los recursos suficientes en esta lucha.

Los alcaldes reclamaron al Gobierno central una interlocución directa entre el Ejecutivo y las ciudades que permita la colaboración y mejore las actuaciones que se llevan a cabo en los municipios. También se solicitó que el Gobierno autorice un adelanto de la financiación dirigida a las ciudades, puesto que es en el ámbito urbano en el que se efectúa la atención directa a los colectivos más vulnerables, como personas sin techo, personas mayores y colectivos vulnerables, así como medidas fiscales que permitan estimular las pequeñas economías y las economías domésticas.