El transporte público propone acabar con la politización de los fondos públicos que recibe
El transporte urbano y metropolitano aboga por impulsar una Ley de Financiación que evite la instrumentalización política de los fondos y garantice un reparto equitativo y previsible de las ayudas. Esa fue la propuesta realizada el 30 de enero por el presidente de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc), Miguel Ruiz.
Ruiz realizó estas declaraciones en una jornada en la que estuvieron presentes representantes de Ciudadanos, PP, PSOE y Unidos Podemos en la cual se debatió sobre el texto legal que deberá aprobarse durante el primer trimestre del año.
La asociación aboga por terminar “con el uso arbitrario de estos fondos y dotarlos de estabilidad suficiente para realizar inversiones a medio y largo plazo, lo que podría lograrse con una mayor coordinación entre comunidades y ayuntamientos a partir de sistemas que aseguren la integración modal, administrativa y tarifaria”, informaron fuentes de la patronal en una nota de prensa.
“Una prueba de esta arbitrariedad”, continúan las mismas fuenets, “es el reciente reparto de las ayudas contempladas en los PGE, después de que la partida presupuestaria destinada a Barcelona y su área metropolitana, por ejemplo, se haya incrementado -con acierto- en 40 millones o la de Canarias en 20 millones en las últimas cuentas públicas. Sin embargo, los fondos para Madrid llevan congelados desde 2011.”
Sistema en revisión
Por otra parte, añade Atuc, la dotación para la ‘bolsa de reparto’ en la que se integran 90 municipios tampoco se ha incrementado en los últimos siete años, permaneciendo estancada en 51 millones de euros después de haber sufrido un recorte del 27% en plena crisis económica. En la actualidad, el total de las subvenciones del Estado al transporte urbano y metropolitano no llega a sufragar el 7% de su coste total.
Hasta la fecha, la primera vía de financiación del transporte público ha sido el ingreso por billete, que aporta algo más del 50%. Y la segunda, casi en la misma proporción, es a través de recursos públicos. Atuc considera que la nueva Ley debería facilitar un reparto más equitativo de las actuales subvenciones estatales, cuyo criterio de reparto se rige en un 85% por el déficit del billete, mientras que el 15% restante tiene en cuenta aspectos como la demanda, la longitud de línea y los criterios medioambientales. De ahí que la revisión del modelo corregiría la inequidad actual, ya que hay poblaciones que reciben 0,05 euros por habitante, y en cambio otras superan los 20 euros.
